tribunales
Laya se acoge a la ley de secretos de Estado y no aclara las dudas del juez sobre el caso Gali
La exministra declara en Zaragoza que la entrada del líder del frente Polisario se hizo de forma legal. No quiso desvelar si la decisión de autorizar la llegada del saharaui a la base la tomó ella sola
La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, no aclaró ayer las dudas del juez Rafael Lasala sobre cómo se adoptó la decisión de acoger al líder del Frente Polisario Brahim Gali para ser tratado de covid severo, ni quién lo solicitó desde el Gobierno de Argelia. Lo hizo acogiéndose a la ley de Secretos Oficiales de 1969 de la dictadura y un acuerdo del Consejo de ministros de noviembre de 2010 que permite eludir este tipo de respuesta si se compromete la seguridad del Estado.
Laya fue interrogada como investigada en el caso Gali, como el exjefe de su gabinete, Carlos Villarino. La exministra no respondió a las preguntas que tenían preparadas la acusación particular, a cargo de Juan Carlos Navarro, y la acción popular, por parte de Antonio Urdiales. Se ciñó a contestar a las cuestiones del titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, y del fiscal, durante una hora que acabó con más dudas que respuestas.
Al salir de la sala 10 de la Ciudad de la Justicia, donde prestó declaración, González Laya se dirigió a los numerosos medios de comunicación que esperaban en los pasillos y, en una declaración en la que no admitió preguntas, afirmó que la llegada de Brahim Gali a la Base Aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril se hizo «conforme a la ley».
La ex ministra, protegida por dos escoltas y apoyada por dos representantes de la Abogacía del Estado, manifestó: «He venido a declarar con trasparencia, mucha tranquilidad y con el fin de aportar todas las explicaciones que puedan ayudar al juez para que llegue pronto a la misma conclusión que ha guiado siempre mi actuación en este caso».
La exministra reiteró que en este caso se ha actuado «conforme a la ley». «Esto es lo que he querido transmitir y espero que el juez lo retenga y lo haga pronto. Este es un poco el espíritu con el que he querido comparecer hoy (por ayer) ante él», añadió. «Su entrada se hizo conforme la ley y y espero que el juez llegue a la misma conclusión», insistió antes de marcharse sin responder a la nube de periodistas que la aguardaban ni resolver las dudas que envuelven este caso.
Cuando llegó, sobre las 13.00, saludó con un «buenos días» y esperó en la sala destinada la Abogacía del Estado, no como Carlos Villarino, que estuvo en el pasillo rodeado de periodistas hasta que fue llamado por un agente judicial.
Antes que González Laya prestó declaración como testigo el secretario técnico de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino, encargado de preparar la llegada de los diplomáticos a los aeropuertos o bases aéreas españolas. Entró a las 12.30 a prestar declaración y apenas duró quince minutos, porque a las 12.47 ya había salido. En su escueto testimonio, detalló que ignoraba la operación de la llegada de Brahim Gali y tampoco conocía la conexión que se abrió entre España y Argelia para la comunicación de los diplomáticos. Su presencia apenas tuvo repercusión para los abogados de la acusación. Muriel se marchó sin atender a la prensa.
Las tres preguntas que no quiso responder
«¿Usted tomó sola la decisión de aceptar la llegada de Brahim Gali a España o con quién lo hizo; con dos, tres o cuatro personas?». «¿Puede facilitar la identidad de la autoridad argelina que solicitó la llegada de Gali a España?». «¿Qué personas del Gobierno autorizaron que entrara esta persona sin el control de pasaporte en la Base de Zaragoza para llevarlo al hospital de Logroño?». Estas tres preguntas que hizo el juez Rafael Lasala a la exministra Arancha González Laya recibieron la misma negativa de no contestarlas por la aplicación de la ley de Secretos Oficiales y del Consejo de Ministros de 2010. El juez replicó que ignoraba esa decisión del Consejo de Ministros y solo buscaba respuestas.
