política
La crisis interna en el PAR se agudiza con acusaciones de "pucherazo" desde el sector crítico
Sopesa ir a los tribunales después de que la comisión del congreso validara más de 300 afiliaciones "fuera de plazo". Los fieles a Aliaga dicen que la decisión es democrática y ajustada al reglamento.
La crisis interna del PAR se ha agudizado a tres semanas del congreso que debe renovar los órganos del partido. El sector crítico ha dado un paso más y acusa de "pucherazo" a los fieles del presidente aragonesista, Arturo Aliaga, después de que validaran el lunes 311 afiliaciones "fuera de plazo y con irregularidades" en la comisión organizadora del congreso. El propio secretario general, Joaquín Serrano, así lo defendió en este órgano para no incluirlas en el censo provisional y oponerse sin éxito después a las reclamaciones en bloque presentadas por el secretario ejecutivo de Teruel y vicepresidente de la Diputación Provincial, Alberto Izquierdo, y el portavoz en las Cortes, Jesús Guerrero. Ambos negaron la mayor y aseguraron que la decisión es democrática y ajustada al reglamento del congreso.
La indignación de los críticos llega hasta el punto de que sopesan ir a los tribunales esta misma semana, aunque en la primera causa judicial que hicieron a través de Marina Sevilla para forzar la celebración del cónclave, que acumula un retraso de dos años, no se sustancie hasta después de la cita, el 23 y 24 de octubre.
Cargos públicos y orgánicos de Zaragoza, Huesca y Teruel han indicado a este diario que el censo provisional permitía participar a menos de 1.600 militantes en la elección de 286 de los 500 compromisarios del congreso entre las bases y que ahora todo se va a "desequilibrar" en beneficio del sector oficial con las 311 afiliaciones aprobadas de golpe. Las votaciones se resolverán en las asambleas entre el jueves y el próximo martes.
Los críticos, que han pedido mantenerse en el anonimato, sostienen que el sector oficialista tenía "muy difícil" ganar sin recurrir a esta maniobra. "La mayoría corresponden a Teruel y con la nueva asignación no solo tendrán más afines, sino que se trastoca a la baja el número de compromisarios en las comarcas que no controlan. Es un pucherazo en toda regla", censuran.
La polémica se vivió el lunes en la comisión organizadora del congreso, que debía resolver las reclamaciones al censo. Las de calado, y que han generado la polémica, las presentaron Alberto Izquierdo y Jesús Guerrero en representación de 311 afiliados, pero sin acreditar un documento de todos ellos que lo atestiguara.
El secretario general y coordinador la comisión del congreso, enfrentado con Aliaga, expuso que no se podían aceptar porque estos afiliados fueron dados de alta en la permanente del 12 de abril, a falta de su comprobación. Esta fecha es clave, dado que los estatutos establecen que no pueden participar en el congreso aquellos militantes dados de alta tres meses antes de la convocatoria. Y esta se oficializó el 21 de junio y, por tanto, no podrían participar ninguno al ser militantes con posterioridad al 21 de marzo.
Sus explicaciones no acabaron ahí, dado que detalló que hasta 49 cuotas de afiliados de Teruel se pagaron desde una misma cuenta y que desde otra se abonaron 21 más, además de que 68 peticionarios no aportaron un número de cuenta ni estaban al corriente de pago y se apuntaron jubilados sin acreditar su condición para estar exonerados de abonar la cuota.
La diputada autonómica Esther Peirat terció en el debate al presentar un certificado de Aliaga que contradecía lo dicho por el secretario general: las afiliaciones se presentaron en plazo porque se aprobaron en la permanente del 11 de marzo. Esto provocó que Serrano y Carmen Herrero (presidenta provincial del PAR en Zaragoza), como miembros de la comisión y de la permanente, dijeran que era "falso".
Finalmente, la comisión organizadora, nombrada por el presidente, aprobó las reclamaciones por siete votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
El líder del PAR en Teruel reta a los críticos a acudir a los tribunales si entienden que se actuó de forma ilegal, pero subraya que se hizo "democráticamente", con una votación que solventó las alegaciones al censo como recoge el reglamento del congreso aprobado por la ejecutiva el pasado día 7. Y responsabiliza de la situación al secretario general por hacer un "cribado subjetivo" de las altas de afiliados. A este respecto, Serrano no quiso hacer declaraciones.
Alberto Izquierdo niega cualquier irregularidad y sostiene que los 289 afiliados por los que reclamó se sumaron al partido entre junio de 2020 y mediados de marzo de 2021. "La mayor parte están pagando la cuota, por lo que son militantes. Y los jubilados acreditan su condición con su edad", dice.
También argumenta que se atuvo a lo que le instó el secretario general por teléfono ante las quejas por los "errores" del censo en Teruel: alegar para que se corrigieran. Por todo ello, acusa a los críticos de no saber aceptar que Aliaga va a ganar el congreso, aunque el presidente aún no ha aclarado si optará finalmente.
En la misma línea, el portavoz parlamentario, Jesús Guerrero, apunta que recurrió porque los representantes de la comarca de Somontano de Barbastro así se lo pidieron ante la exclusión de 22 afiliados. "La decisión de la comisión es democrática y mandatada por la ejecutiva", asevera antes de instar a todos a "trabajar para resolver los problemas de la gente".
