Desde el minuto uno de esta pandemia, ha habido informaciones dudosas y normas que han caído en la contradicción y el sinsentido. Al principio lo insólito de la situación justificaba estas discordancias. Pero insistir en ello es un grave error, que solo conduce al incumplimiento y la desconfianza.

En estos momentos, la prioridad de todo ciudadano es hacerse con un certificado de vacunación que le permita viajar, asistir a un partido o cenar con unos amigos. Un papel que certifica que te has vacunado, no que no estés contagiado o que no puedas contagiar. Y sin embargo, te garantiza libertad de movimientos.

Con la variante delta ha quedado demostrado que los vacunados contagian y también pueden contagiarse aunque la gravedad de la enfermedad en su caso será menor.

Ante el desorbitado crecimiento de casos se ha abierto también la posibilidad de hacerse el test en casa bajo la responsabilidad individual a la hora de informar sobre el resultado. Es más, esa información aunque se facilite al médico de cabecera, como ocurre con el resultado de los test de antígenos, no se considera válida para obtener el certificado de vacunación aunque sí para ser sometido a la cuarentena y eliminar la dosis de vacuna correspondiente hasta pasados los seis meses de rigor si el resultado es positivo.

Visto lo visto, más de uno que se había quedado en ese limbo de los ‘sin papeles de la vacuna’ se ha pinchado aun habiendo pasado la enfermedad para conseguir el papel y disfrutar de la libertad que confiere. La vacuna está empezando a perder su finalidad médica. Los jóvenes no la buscan para inmunizarse, la buscan para obtener el certificado y poder moverse con libertad. La alternativa son pruebas PCR a 120 euros válidas por 48 horas.

Si uno impone un documento de vacunación para acceder a cierta normalidad social, su acceso debe ser fácil, claro y sin barreras absurdas. Eso, por no mencionar sobre quién está recayendo la responsabilidad de exigir y dar por válidos esos documentos a la hora de acceder a un local.