La presidenta en funciones y consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, ha reclamado al Ministerio de Igualdad que lleve "con urgencia" los fondos del pacto de estado contra la violencia de género al Consejo de Ministros y se convoque ya una conferencia estatal para proceder al reparto entre las comunidades autonómas. Aunque cada una tiene una estimación del dinero que le va a llegar, considera que es necesario conocerlo "de una manera clara y oficial" para dar "continuidad" a las iniciativas y proyectos que hay en marcha. Esta lacra se acaba de cobrar en la provincia de Gerona la víctima 16 en lo que va de año. De confirmarse como un asesinato machista, serían ya 1.094 las vidas de mujeres sesgadas por este tipo de violencia desde el 1 de enero de 2003.

Pérez ha hecho esta reivindicación durante su comparecencia este jueves en las Cortes de Aragón a petición de Ciudadanos para informar sobre el cumplimiento y carencias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Aragón. La representante de la formación naranja, Beatriz García, ha demandado que desde el Ejecutivo autonómico se lleven a cabo programas de formación y de inserción laboral específicos para este colectivo y que se impulsen a nivel nacional "reformas legislativas de calado" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en los códigos civil y penal. También ha pedido una solución al "laberinto" en el que se encuentran los huérfanos de la violencia de género, que si son acogidos o adoptados por sus familias de extensión pierden su pensión de horfandad.

La diputada de Cs ha denunciado la falta de policías especializados en esta materia y de recursos en la unidad de valoración integral de violencia de género del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para que los informes sobre los casos que les llegan sean "rápidos, rigurosos y estrictos". Una crítica con la que ha coincidido desde IU Álvaro Sanz, quien ha asegurado que este servicio se encuentra "desbordado" y es necesario "reforzarlo", ya que cuenta únicamente con dos forenses expertos en la materia y una psicóloga. 

A este respecto, desde el Partido Popular, Mar Vaquero ha abogado por poner en marcha unidades forenses de valoración integral en todos los juzgados especializados en violencia de género y por "agilizar" los protocolos para que la información de estos servicios lleguen cuanto antes a las policías locales implicadas en cada caso. También Isabel Lasobras, de Chunta, ha insistido en la necesidad de "mejorar los análisis de riesgo y prevención".

Por parte de Podemos, Cabrera Itxaso ha exigido que se pongan en marcha "más medios y sin titubeos" y ha puesto como ejemplo el Punto Violeta que se acaba de poner en marcha en el Parque Goya de Zaragoza con la colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) para dar apoyo y atender a las víctimas de abusos sexuales. Por el PAR, Esther Peirat ha subrayado que desde el Ejecutivo autonómico se intenta "arropar" a las víctimas "a través de un servicio integral".

Todas las fuerzas políticas han cerrado filas en su apoyo al pacto nacional contra la violencia de género, con sus carencias y asignaturas pendientes incluidas, a excepción de Vox. El portavoz de la formación de extrema derecha, David Arranz, ha reiterado la oposición de esta fuerza a una ley "claramente discriminatoria", que "no funciona" y que "pondera la presunción de culpabilidad en lugar de la de inocencia". "Para Vox todas las víctimas son iguales", ha recalcado para defender una ley contra la violencia intrafamiliar y la aplicación "firme" del Código Penal. La vicepresidenta le ha replicado invitándole a visitar el Instituto Aragonés de la Mujer. "El origen de la violencia de género no está en la raza, ni en el origen social ni en la religión. El origen es que son hombres machistas", ha concluido.