Empieza su mandato en plena crisis climática y los efectos de la pandemia, que va a suponer que España reciba 140.000 millones en fondos europeos. La directora de la organización ecologista Greenpeace a nivel nacional sostiene que su principal reto es recuperar la economía de España cambiando la generación de energía y con la producción primaria. Cree que se debe superar el abandono del mundo rural. 

Nacida en Madrid (1977), Eva Saldaña llegó a la organización ecologista en 2002 como activista de base. Fue educadora ambiental y miembro de la red de voluntariado. En 2012 fue directora de movilización, con el desarrollo territorial y la expansión del activismo. Hizo coaliciones con los movimientos climáticos nacidos en 2019 con campañas por toda España. La organización Greenpeace tiene más de 140.000 socios.

Recién nombrada directora de Greenpeace España, ¿qué proyectos tiene en mente?

En la dirección ejecutiva tenemos el reto de recuperarnos de la pandemia. Me he planteado en el mandato lograr un cambio sistémico, para intentar que no suba la temperatura un grado y medio y para apoyar la diversidad, que nadie quede atrás. Vivimos con mucha desigualdad social, la brecha de género y el abandono del mundo rural. Greenpeace no puede hacerlo sola y necesita empujar una comunidad, que llegue al 3,5% de la población española para que se activen. El tercer reto es interno para mover nuestra cultura organizacional y colaborativa, en el que se incorpore el ecofeminismo de manera trasversal.

¿El efecto de la pandemia puede combatir la despoblación que se sufre tanto en Aragón?

Tenemos una oportunidad de oro con los 140.000 millones de euros que vienen por fondos europeos y hay que utilizarlos de la mejor manera posible. Hay que hacer una recuperación verde y justa que sea real. Mirar la conexión entre los pueblos y la ciudad, para revitalizar el mundo rural y limar las desigualdades, como la brecha de género. El 40% de esos fondos deben ir a la crisis climática y de biodiversidad. Estamos haciendo un trabajo para reinventar las ciudades, con temas de movilidad a través del transporte público sostenible, la rehabilitación energética y los consumos relacionados con el mundo rural. Hay que hacer un cambio en la generación de energía y en la producción primaria, donde hay una conexión de los pueblos con las ciudades, que se han convertido en sumideros de energía. Hay que equilibrar esas balanzas con las zonas rurales que se han despoblado.

Al hablar de la conexión ferroviaria entre los municipios y las ciudades, ¿piensan en los trenes eléctricos o en los proyectos de hidrógeno que se piensan para el Canfranc?

Desde Greenpeace vemos el hidrógeno como un vector importante en la transición energética en todo aquello que no se pueda electrificar. Pero pensamos que hay que conseguir la electrificación del transporte público. El tren es un gran aliado y hay que hacer una transición hasta un sistema renovable que una las ciudades con los pueblos. El hidrógeno puede venir de energías renovables. Pensamos que sea reducido y transitorio, para que se acabe en un momento dado porque todo lo que es gas supone invertir en activos obsoletos y jugar con una falsa solución.

En muchos pueblos aragoneses han recibido el desarrollo de la energía renovable, aunque en algún lugar generan polémica.

Tenemos una crisis climática y la única solución es un sistema 100% renovable. Ahora es el momento y no podemos frenarlo. Hace falta una planificación integrada muy potente donde se involucren los agentes sociales, con un marco legal donde el Gobierno tiene claro las zonas donde no se deben dañar la biodiversidad como las Zepa, los parques nacionales o naturales, o los de especial protección. Además, el Gobierno debe invertir en planificación con ordenación del territorio e involucrar a la gente para que participe en el desarrollo de las renovables.

¿La Ley del cambio climático era vital, en un lugar donde los glaciares del Pirineo están en plena desaparición?

España va a ser unos de los países más afectados de la Unión Europea por el cambio climático, con sequías, incendios y olas de calor. También habrá inundaciones como la Filomena. En el Pirineo llevamos años documentando el retroceso de los glaciares. Conozco muy bien el del Monte Perdido y su retroceso en los años que he subido. También se ve el aumento del nivel del mar en la costa. Estos eventos climáticos han afectado mucho a Aragón con los planes de agua porque la desertificación no se soluciona con los pantanos como Mularroya o Yesa, que tiene problemas de seguridad. Hace falta un plan agrícola sostenible y ecológico porque no puedes poner regadíos en los Monegros. Hay que adaptarse al cambio climático con buenas planificaciones y no hacer pozos ilegales.

Está especializada en la agroecología. Aquí, en la plaza del Pilar, los fines de semana llegan a vender sus productos frescos…

Hay que acortar las producciones cada vez más. Cuando los productores locales ecológicos pueden vender directamente al consumidor en las ciudades atendiendo al consumo local, con productos de la tierra en temporada es mejor que comprarlo a Holanda. Eso es cambiar el sistema.

Hay proyectos empresariales ligados a la agricultura que se instalarán en el Ebro…

La pandemia nos ha hecho despertar la conciencia global del problema. El cambio climático nos estaba pasando a todos, pero ahora hay un sistema tierra que ha sido atacado por un bichito tan pequeño y con un impacto tan grande. Eso tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad y con funciones de nuestro ecosistema para cuidarnos y protegernos. Hay trabajos del sector primario muy importantes, sobre cómo nos alimenta, nos cuidan en los hospitales y nos educa. Esas profesiones nos sostienen de verdad y han sido muy poco valoradas. Ahora tenemos la oportunidad de hacer una recuperación verde y justa, que transforme el sistema. Hay que cambiar el sistema primario de producir para que sea más sostenible. No hacerlo en grandes granjas industriales que contaminan un agua que hay poca y tendremos menos con la sequía. Esa transformación energética va a generar muchos empleos diferentes, de baja o media cualificación, a los que puede acceder muchas personas. Cambiaremos el sistema desde la raíz y no lo reformamos.

¿Confía en que el Gobierno reparta rápidamente y de forma justa los 140.000 millones de los fondos de la UE para superar este año tan duro?

Ese dinero tiene que ir a la transformación ecológica integral y ambiciosa, conectando la ciudad con el mundo rural. Hay que tocar la planificación medio ambiental con un marco legal detrás y ser rápidos para que lleguen pronto los fondos. Hacer otro tipo de compra pública y llegar al sector de la agricultura ecológica. No se puede subvencionar proyectos contaminantes.

El cierre de la térmica de Andorra por motivos ecológicos ha llevado mucha gente al paro sin alternativas…

Hace falta la reubicación del empleo, políticas ambientales y no solo saber donde va a ir el dinero de Europa. Hemos presentado un informe para que se invierta un 4,8% del PIB en los próximos años y así podremos hacer esa transformación radical ecológica reubicando ese dinero. No podemos hacer daño, dando dinero a proyectos contaminantes, o a falsas soluciones como el gas fósil. El metano tiene más potencial de emisión que el CO2.

¿A quién debe llegar el dinero público para la nueva economía?

El dinero público no puede llegar solo a las grandes empresas, que ya tienen el suyo, y aplicar el principio de adicionalidad para que llegue a otras como las pymes, la economía social y solidaria, o los autónomos. Pueden crear empleo local y propuestas de futuro. El marco europeo nos dice que esta transición debe estar en manos de los ciudadanos y el Gobierno debe ponérselo fácil a ellos, dejándoles que participen en el desarrollo de este plan. La gente no tiene que levantarse en amaras porque le ponen molinos en el pueblo sino participar en la ordenación del territorio para que sea razonable. Puedo montar un negocio con fondos europeos y desarrollarlo en mi pueblo.

Ha visitado al abogado aragonés, José Marraco, que lleva la defensa de Greenpeace. ¿Cómo les va en los tribunales?

Tenemos 42 imputados y unos 325 con multas. Hay varios juicios pendientes, con Repsol, el caso del Algarrobico y el tráfico ilegal de armas en Baracaldo. Las leyes mordaza de este país provocan restringir la posibilidad de protesta pacífica y acción directa, pero Greenpeace no va a dejar de hacerlo porque tenemos un apoyo de más de 142.000 socios.

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