La subida salarial y de personal para mejorar las residencias aumentaría un 36% los costes

El dictamen aprobado recientemente por las Cortes de Aragón para mejorar el modelo de las residencias de mayores tanto públicas como privadas aboga por aumentar el número de cuidadores por persona y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Cumplir con estas dos premisas encarecería en torno a un 36% el coste de las plazas si la ratio de profesionales pasa de 35 por cada 100 camas (el índice genérico para ancianos asistidos actual) a 47 y los salarios de los profesionales suben un 15%.

Este es el escenario que plantea Gustavo García, portavoz aragonés de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y experto en este sector, tomando como referencia estos dos hipotéticos parámetros. Hay que tener en cuenta que el documento ratificado por el Parlamento autonómico no fija cifras ni cuantías.

En este cálculo se aplica que el 65% del coste de una plaza se deriva de la plantilla. El propio informe de las Cortes refleja que en los servicios residenciales el gasto de los recursos humanos supondría entre el 60% y el 70%. "Es, por tanto, el principal factor que interviene en la estructura de costes, en la calidad del servicio y en su viabilidad, que vendría también determinada por un 12% del alquiler o amortización y un 6% de beneficio", asegura este documento.

La mejora del índice de personal de 0,35 a 0,47 responde, explica García, a que es una recomendación que parte del Consejo Territorial de Servicios Sociales. "Actualmente, la inmensa mayoría están aplicando ratios superiores al 0,35 que establece el decreto 111 del año 1992. Una de las regulaciones más favorables es la de Cataluña, en la que se fija en un 0,55", apunta.

Este experto también puntualiza que el precio final también dependería del detalle de las categorías profesionales de los trabajadores. Para la concertación de plazas se requiere un número mínimo de personal de atención directa que se fija en una orden de 1998.

De esta forma, el coste de una plaza para mayores dependientes establecido por la DGA en 1.623 euros mensuales, según la actualización llevada a cabo por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) el pasado marzo, podría pasar a 2.203 euros, un 35,74% más. Si se aplicara la ratio de cuidadores de Cataluña se llegaría a incrementar hasta los 2.444 euros.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto, anunció tras la aprobación del dictamen por las Cortes que una de las primeras actuaciones pasaría por derogar el decreto de 1992 que establece las ratio y que ello requeriría un "acuerdo" entre todos los actores implicados. Sobre las retribuciones, asumió que era preciso mejorar la financiación pública. Del sistema de dependencia, el Gobierno de España atiende apenas el 19% cuando debería asumir el 50%, y también los convenios de las empresas que gestionan las residencias.

4.000 plazas para 2030

Aragón cuenta con una tasa de cobertura de plazas residenciales y viviendas para mayores de 6,69 por cada cien personas de más de 65 años, según los datos que recoge el dictamen de las Cortes referidos a finales de 2019. El mínimo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es del 5%. El número de plazas es de 19.493 en 294 centros.

El informe recoge que, para mantener esta tasa, y en base a las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, dentro de una década harían falta un total de 4.266 plazas más, 3.081 para el colectivo de más de 65 y 1.185 para los de más de 85.

El portavoz en Aragón de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reflexiona que este escenario se dibuja en el caso de que se mantenga el actual modelo de atención. El dictamen apuesta por que los mayores vivan en su propia casa el tiempo que puedan y quieran y para ello reciban apoyo a través de la teleasistencia, la ayuda a domicilio y con prestación de servicios desde las propias residencias.

TASA DE COBERTURA

Aragón cuenta con 6,69 plazas por cada cien personas de más de 65 años. Es la tercera mayor de España, más de dos puntos sobre la media (4,33%), tan solo detrás de las dos Castillas. Es una de las siete regiones que cumple con el 5% de cobertura establecido por la Organización Mundial de la Salud.

TITULARIDAD

Hay 294 residencias, con una ocupación del 80%. El 30% son públicas. De estas, 14 son del Instituto Aragonés de Servicios Sociales con 1.830 plazas y el resto, de entidades locales. 8 son de gestión directa y ofrecen el 64% del total de las plazas (1.172). Otro 30% son de iniciativa social y un 40% privadas.

19.493 PLAZAS

El IASS tiene contratadas 1.747 para dependientes. Las prestaciones de la dependencia vinculadas a residencias, a finales de 2020, eran 4.665. Si se suman a estas cifras las 1.830 plazas del IASS, se pueden situar en 8.249 las personas atendidas en plazas de financiación pública.

85 AÑOS

Es la edad media de los usuarios, 83 para los hombres y 87 para las mujeres. En el caso de ellos, el grupo más numeroso, el 9% tiene entre 85 y 89 años. El 6%, entre 90 y 94 años. En cuanto a ellas, el 21% tiene entre 85 y 89 años y el 19% entre 90 y 94 años. Siete de cada diez residentes son mujeres.

TAMAÑO MEDIO

Es de 66,3 plazas. Casi cuatro puntos por debajo de la media de España (70,2), que oscila entre las 109,6 de Madrid y las 45,7 de Extremadura. Por lo demás, el 45,7% de los centros tiene menos de 50 plazas, el 35% entre 50 y 99, y el 19,3% tiene más de un centenar de plazas.

54,13 EUROS/DÍA

Es el coste asumido por la DGA de cada una de las plazas concertadas para personas mayores dependientes (1.623,9 euros al mes). Para internos dependientes con alteraciones graves de conducta, este precio se eleva a 84,1 euros diarios (2.523 al mes). Los precios se actualizaron en marzo.

"El sostenimiento del sistema es ahora la principal prioridad"

Todos los actores implicados en el sector de las residencias de mayores coinciden en que una de las claves para la reestructuración de la actual red pasa por una mayor financiación del sistema de dependencia por parte del Gobierno central. Ahora financia apenas el 19%, cuando debería atender el 50%.

"El sostenimiento del sistema es ahora la principal prioridad. Tenemos que trabajar por el mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo", asegura la gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Paquita Morata. De esta entidad forman parte 91 centros, todos ellos pequeñas y medianas empresas, que atienden a 6.000 usuarios y cuenta con unos 2.600 trabajadores. Morata reconoce que, como consecuencia de la pandemia, se han llevado a cabo "regulaciones de empleo y ajustes de plantilla". Sobre el nuevo modelo opina que sería necesario que se permitiera a las residencias ofrecer "servicios más abiertos" como comedor y lavandería, sobre todo en el medio rural, para que los ancianos continúen más tiempo en sus hogares.

De la misma opinión es Emilia Bergasa, presidenta de la Asociación de Residencias de Ancianos y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), que integra 45 geriátricos y 12 centros de día de iniciativa social. "Somos un sector frágil, que necesitamos ayuda y respondemos", resume. Explica que de 1.182 plazas ofertadas en el acuerdo marco con la DGA se han suscrito solo 282.

Desde UGT, la secretaria de Servicios Sociales, Angélica Mazo, apunta que la negociación del convenio colectivo nacional se paralizó con la pandemia y esperan retomarlo Reclamaban una subida salarial en tres años de entre un 15% y un 17%. "Hay que lograr una estabilidad en el empleo, que no se produzcan más ERTE ni despidos, aumentar la ocupación de las residencias y mejorar la financiación", afirma.