Tres años, seis meses y un día. Esa es la pena que la Audiencia de Zaragoza ha impuesto a una vecina del barrio de Casetas por aprovecharse de la relación de amistad que mantenía desde niña con un discapacitado intelectual para quitarle la paga mensual de 426 euros. Y no lo hizo ni una ni dos veces, sino durante casi tres años, logrando dejar prácticamente a cero la cuenta bancaria del hombre, que fue incapacitado judicialmente tras estos hechos y está ahora a cargo de la Comisión de Tutelas del Gobierno aragonés.

Además de Casandra H.G., de 28 años, en el banquillo de los acusados se sentó también su entonces pareja, Jonathan M.F., de 38. La Fiscalía y la acusación particular consideraban a ambos responsables de la estafa y solicitaban para ellos sendas penas de ocho años de cárcel. Sin embargo, el tribunal entiende que quien verdaderamente urdió el engaño fue la joven, por lo que absuelve al hombre y lo declara únicamente responsable civil a título lucrativo. En otras palabras, como se benefició del dinero obtenido por su pareja, también tendrá que colaborar a su devolución.

"Para mí era como un hermano. Nos hemos llevado muy bien. Cuando estaba enfermo me llamaba y yo lo ayudaba en lo que podía. Cuando trabajaba me hacía regalos, como yo a él", declaró la acusada durante el juicio. Pero su versión exculpatoria no ha convencido a los magistrados de la Sección Sexta, que la acusan de pergeñar una "torticera maniobra" para aprovecharse de la vulnerabilidad del denunciante y quedarse la paga que mensualmente le ingresaba el Instituto Nacional de Empleo (INEM).

A través de su sentencia, la Audiencia Provincial recuerda que la ahora condenada empezó a apropiarse del dinero en agosto de 2012 y continuó haciéndolo hasta mayo de 2015. Como principal prueba, el tribunal se apoya en el testimonio del discapacitado, que aunque con "monosílabos" y "con sus palabras", fue capaz de explicar en el juicio que se sentía "presionado" por Casandra H. G. y "tenía miedo". "La mujer le presionaba pidiéndole prestado el dinero y diciéndole que lo necesitaba para comida y medicamentos", dice la sentencia. La joven prometía siempre que devolvería estas sumas, pero nunca lo hizo, lo que provocó la presentación de la denuncia.

Contrató la luz a su nombre

Como prueba de que el único propósito de la encausada era sacar tajada de la especial vulnerabilidad del ahora tutelado, el ardid del que también se valió para conseguir que este les pagara la luz del piso. Haciéndose pasar por su mujer, llamó a Endesa y contrató el suministro a nombre del discapacitado. De hecho, en un momento dado, lo puso al teléfono para que facilitara sus datos personales a la operadora. La acusada consiguió así evitarse la factura eléctrica, que fue remitida a una cuenta bancaria del denunciante. Para entonces, la comisión de Tutelas se había hecho ya cargo de su contabilidad, por lo que los recibos no fueron abonados, aunque la compañía le reclamó una deuda de 1.145 euros.

Por todo esto, el tribunal considera a Casandra H. G. autora de un delito continuado de estafa agravada, por el que además de la pena de prisión le impone una multa de 1.620 euros. La mujer también estaba acusada de un delito de falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y hurto, pero la Audiencia ha terminado absolviéndola de estos cargos.