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IU Aragón plantea que se suspenda la patria potestad de los maltratadores

Ha presentado una enmienda para que se prive de ella al que haya sido condenado por este tipo de violencia hasta que se extinga su responsabilidad penal.

El portavoz de IU Aragón, Álvaro Sanz, explica en la Comisión de Educación su iniciativa sobre “la posibilidad de participación en competiciones de ámbito estatal de carácter no profesional”.
El portavoz de IU Aragón, Álvaro Sanz.
Cortes de Aragón

IU Aragón quiere que se suspenda cautelarmente la autoridad familiar, la patria potestad, del progenitor inmerso en un proceso judicial por violencia machista contra su cónyuge o hijos y que se prive de ella al que haya sido condenado por este tipo de violencia hasta que se extinga su responsabilidad penal.

El portavoz de IU Aragón en las Cortes, Álvaro Sanz, ha explicado este martes en rueda de prensa que ha presentado una enmienda viva para su debate en el Pleno de este jueves, en el que se debatirá la modificación del Código de Derecho Foral aragonés para incluir una medida contemplada en Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que no sea necesario el consentimiento del maltratador a la hora de autorizar la atención y asistencia psicológica de los hijos menores de edad.

Sanz ha explicado que la Ponencia acordó una posición favorable a la incorporación de esta medida que avanza en la lucha contra la violencia machista, pero que IU quiere "ir más allá" en el Derecho Foral aragonés y ser "más ambiciosos", por lo que ha presentado una enmienda con la premisa de que "un maltratador no puede ser un buen padre" y para empezar a legislar sobre la patria potestad de personas inmersas o condenadas en procesos penales por maltrato.

Además, Sanz ha presentado una Proposición no de Ley relativa a las inmatriculaciones de la Iglesia católica, 35.000 en el conjunto del Estado y 2.000 en Aragón desde el año 1998, sobre las que reclama la publicación del listado completo y no solo desde 1998 sino de los inmatriculados desde 1946, así como que se avance en su recuperación.

Sanz propone que se habiliten los mecanismos oportunos para calificar el patrimonio cultural religioso de dominio público y establecer los procedimientos adecuados para su catalogación y registro posibilitando su reclamación por los titulares. 

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