Cortes de Aragón
El Justicia plantea sancionar a los funcionarios si incumplen la ley de simplificación
Colectivos profesionales y sociales advierten del riesgo de ahondar en la brecha digital con la futura normativa.
El lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, ha propuesto este martes ampliar el régimen sancionador previsto en la ley de simplificación administrativa para incluir a la propia Administración y a los funcionarios si incumplen los propios requisitos de esta norma que se aprobará en un mes. "Si no cumplimos, no nos pasa nada y ha llegado el momento de obligar de una forma u otra y se nos sancione", ha sentenciado.
Esta es una de las propuestas que ha hecho la institución a la nueva normativa que se está tramitando en las Cortes, por las que han pasado en la tercera y última sesión una decena de colectivos profesionales y sociales y especialistas para hacer sus aportaciones. Una en la que ha coincidido la mayoría, al igual que el número dos del Justicia, ha sido el riesgo de ahondar en la brecha digital con la apuesta por la modernización y han instado a facilitar y simplificar el acceso a la Administración sin que sea necesario disponer de medios informáticos.
Javier Hernández también ha indicado que de poco servirá la reducción de plazos y fases si no se ponen medios o el ciudadano no sabe a dónde tiene que dirigirse para cumplir un determinado trámite.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha abundado en que la reforma corre un "grave riesgo" con un modelo de función pública "agotado y sin competencias digitales". Además, ha echado en falta "alguna referencia positiva" a la transparencia y la rendición de cuentas por ser "atributos de buen gobierno".
El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha considerado que por muy bien redactada que quede la ley habrá que establecer su desarrollo reglamentario y modificarse "la mentalidad del empleado público", mientras el secretario del Colegio de Gestores Administrativos, Iván Pineda, ha alertado del riesgo de "concentración excesiva de poder" en manos de multinacionales con la figura de las entidades colaboradoras, ha reclamado medios para que la ley se pueda aplicar y un mayor papel para los colegios profesionales.
Los representantes de los autónomos, Álvaro Bajén (UPTA) y Maite Mazuelas (ATA), han criticado la derogación del registro de autónomos y del fondo de globalización recogidos en la ley. Justo después, la portavoz del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, Alicia Vilches, ha reivindicado que en todo lo relacionado con las entidades colaboradoras se tenga en cuenta "la realidad" de las administraciones locales.
Le ha seguido el catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno, quien ha apostado por eliminar la burocracia innecesaria, reforzar el principio de seguridad jurídica y los controles. Con posterioridad, el presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín, ha insistido en reclamar medios técnicos y humanos para agilizar la tramitación y los proyectos logren la autorización "en tiempo y forma".
Por su parte, el presidente de la Plataforma Tercer Sector, Francisco Galán, ha reiterado el riesgo de aumentar la brecha digital y defendió la necesidad de implantar un lenguaje accesible. En la misma línea se ha pronunciado la representante de Cermi, Patricia Hernández, quien reclamó también la necesidad de avanzar en accesibilidad cognitiva para las personas con discapacidad mental e intelectual.
