Solo CSIF y ecologistas critican que la ley de simplificación reste controles y derechos
Las entidades agrarias, la Famcp, y las cámaras respaldan la propuesta porque agilizará plazos y trámites. UGT y CC. OO. avisan de que si se quiere modernizar la Administración habrá que formar a los funcionarios
La segunda jornada de audiencias legislativas sobre el proyecto de ley de simplificación administrativa evidenció este lunes en las Cortes que solo CSIF y Ecologistas en Acción plantearon críticas por considerar que restará derechos a los trabajadores y controles públicos en la tramitación de proyectos. Por contra, las organizaciones agrarias, la Federación de Municipios y las cámaras respaldaron la propuesta al entender que redundará en agilizar plazos y reducir la burocracia, mientras que UGT y CC. OO. dieron una cal y otra de arena: sostuvieron que es una "oportunidad" para modernizar y digitalizar la Administración, pero reclamaron formación para los funcionarios para que la ley sea realmente efectiva.
Hasta once representantes institucionales y de la sociedad civil acudieron a la Cámara en una ronda que finaliza este martes con una tercera sesión en la que está prevista la asistencia de otra retahíla de entidades y expertos para fijar postura. Si no hay contratiempos, se aprobará dentro de un mes tras una tramitación exprés.
Cada uno de los intervinientes dispuso de ocho minutos para explicarse y ninguno de ellos tuvo que apostillar nada, dado que los diputados no hicieron preguntas. Lo mismo sucedió el viernes, cuando pasaron por la misma sala el director general de CEOE-Aragón, Jesús Arnau, y el presidente de Cepyme, Aurelio López de Hita, y respaldaron la ley por considerarla "crucial" para salir de la crisis.
Batería de modificaciones
Las únicas voces discordantes por el momento se limitan a CSIF y Ecologistas en Aragón. En representación del sindicato acudió su secretaria de Organización, Mónica de Cristóbal, quien criticó que se aproveche esta ley para introducir cuestiones controvertidas, como la falta de fiscalización previa de los contratos inferiores a 15.000 euros, la modificación de la ley de subvenciones y hasta otros 14 cambios legislativos.
Igualmente, censuró que haga "peligrar" la integridad de las plantillas públicas por introducir agentes externos y las atribuciones forzosas de funciones que "no son transparentes ni garantes de los derechos de los empleados".
Los ecologistas Paco Iturbe y Jesús Maestro también fueron muy críticos al sostener que el silencio administrativo positivo puede convertirse en un "coladero", advertir de que los plazos de prescripción serán "ridículos" y del "miedo" que les daba que se invocara la crisis para hacer cambios permanentes que, a su juicio, suponen "una obstaculización al control público". "Agilización, sí, pero no así", remató Maestro.
Una visión distinta dieron los secretarios generales de UGT y CC. OO., Daniel Alastuey y Manuel Pina, respectivamente, quienes estimaron que la ley supone una "oportunidad" para modernizar, agilizar y digitalizar la Administración, especialmente ahora que se pretenden captar y gestionar de forma rápida los fondos europeos para la recuperación.
Eso sí, reclamaron un verdadero esfuerzo de formación de los funcionarios para que sean efectivos los cambios, aunque Alastuey pronosticó que "no será de aplicación rápida". Pina también reclamó que se delimite "bien" la norma para no relajar los controles y mostró su preocupación por que la ley sea "una puerta abierta a la privatización de partes de la Administración".
Desde las organizaciones agrarias dieron la "bienvenida" al proyecto de ley porque, como dijo Pablo Martínez, de UAGA, su sector está "fuertemente intervenido". En lo concreto, llamó la atención a la relación con el sector energético ante el "nulo beneficio" que los propietarios obtienen a cambio de los caminos de acceso a las infraestructuras de evacuación.
Ángel Sanz, de Asaja, defendió que lo justo es hacer fácil la vida al administrado y acabar con "la desconfianza", pero opinó que la norma, aunque esté "sembrada de buenas intenciones", no basta y habrá que avanzar en los aspectos procedimentales y organizativos.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), José Manuel Roche solicitó que la digitalización tenga en cuenta las "peculiaridades" del sector para no agrandar la brecha existente. Además, instó a que la norma permita tramitar las ayudas con la "máxima urgencia y prioridad". Por su parte, Pilar Nogueras, de Cooperativas Agroalimentarias, dio todo su apoyo al silencio administrativo positivo ante "la indefensión" de recurrir sin conocer los motivos del rechazo e instó a digitalizar ya el registro de cooperativas.
En representación del Consejo Aragonés de Cámaras compareció Paz Montenegro, quien abogó por la simplificación de los trámites que "limitan" la inversión, especialmente en este contexto de crisis, para cuya efectividad reclamó, al igual que los sindicatos, la implicación de los funcionarios.
En el caso de la Federación de Municipios, su presidente, Luis Zubieta, reclamó que la ley no excluya a las administraciones locales del régimen general del silencio positivo, mientras el director general del Colegio de Aparejadores, Lucio de la Cruz, dio su respaldo sin dejar de reclamar garantías para el ciudadano: la entrega de documentación para solicitar la declaración responsable y reforzar los requisitos para actuar como entidades de certificación.
