La conciliación se tratará como mérito en los concursos de traslados de la DGA

Solicitar una reducción de jornada o una excedencia por el cuidado de menores o mayores dejará de ser una rémora a la hora de promocionar en la Administración autonómica. El Gobierno de Aragón incluirá en el plan de igualdad que prevé aprobar este mes que la conciliación se tenga en cuenta como si fuera un mérito, según anunció en las Cortes el director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste. Se pretende así dar una "pequeña ayuda" a esos funcionarios que se quedaban descolgados en los procesos selectivos a través de una pequeña puntuación adicional. El objetivo es que la conciliación no sea un perjuicio para nadie en su carrera profesional. Se trata de una medida que podría beneficiar a los 3.000 trabajadores públicos que tienen ahora reducción de jornada (2.767 son mujeres). La mayoría de ellos, unos 2.200, tiene el permiso concedido por guarda legal de sus hijos.

Otra de las medidas que favorece la conciliación es el teletrabajo, al que se podrían acoger unos 4.000 funcionarios. Del Ruste explicó, al respecto, que la orden que regulará el teletrabajo está en el último trámite jurídico previo a su aplicación. Antes de que entre en vigor, será necesario identificar los puestos en los que se podría aplicar, si bien el director general de Función Pública no espera un aluvión de solicitudes pues considera que "no es algo que sea deseable porque conlleva cargas para los trabajadores".

También se refirió al decreto de regulación de los puestos de trabajo, en el que se definirán las funciones que les corresponden. Explicó, en este sentido, que hay un informe sobre cargas de trabajo bastante adelantado en el departamento de Economía. Los siguientes se realizarán en la consejería de Ciencias y en la delegación territorial de Huesca.

Elevada temporalidad

De los 57.047 empleados del Gobierno de Aragón, 26.855 tienen contratos temporales, un elevado índice que suscitó las críticas de la oposición. Del Ruste recordó que todas las plazas de consolidación profesional están convocadas y, en situación de normalidad, hubieran hecho el primer examen. Pero todo se complicó con la pandemia. "No somos capaces de determinar cuándo sería adecuado hacer esos exámenes", reconoció. Avanzó que cuando ocurra se sucederán los procesos de 2018, 2019 y 2020. En su opinión, "dentro de dos años la tasa de temporalidad bajaría considerablemente".

Otro de los temas que más polémica han suscitado con las organizaciones sindicales son las comisiones de servicio. En este aspecto, el responsable de Función Pública abogó por que las vacantes se ocupen, en primer lugar, por funcionarios con plaza en propiedad del mismo grupo, de otro grupo o de una categoría más baja. "Solo en última instancia" debería ofertarse la plaza a personal interino.

También explicó Del Ruste que "se han utilizado alguna vez, pero poco" las comisiones de servicio forzosa. Reconoció, no obstante, que las atribuciones temporales de comisiones forzadas se incorporarán en la tramitación parlamentaria de la ley de presupuestos para tratar de paliar el déficit de profesionales.

Gestión de méritos

Del Ruste explicó a los diputados el nuevo sistema de baremos de reconocimiento de méritos de los empleados públicos "totalmente automatizado" que se pondrá en marcha a partir del próximo lunes, en el que, además de apartados corrientes, como el grado personal, la formación o la antigüedad, entre otros, puntuarán de forma adicional "el fomento de la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal" de aquellas personas que hayan reducido su jornada o hayan solicitado una excedencia. El nuevo procedimiento para evaluar los méritos de los aspirantes, según destacó Del Ruste, garantiza su objetividad porque interviene solo una máquina y acaba con las "interminables" comisiones de valoración y la diferencia de criterios a la hora de considerar un mismo mérito. Por ejemplo, 120 empleados públicos repartidos en 24 comisiones de valoración se han dedicado durante dos años a resolver el procedimiento relativo a las jefaturas de negociado. Con el nuevo sistema, los empleados públicos consignarán sus méritos de cara a las posteriores convocatorias en las que participen mediante documentación electrónica que será reconocida por evaluadores de manera independiente.