Un millar de funcionarios de la DGA podría empezar a teletrabajar este mismo año

Avanza a buen ritmo la negociación entre los sindicatos del Gobierno aragonés y Función Pública para desarrollar un reglamento que permita a los empleados teletrabajar. Tal es así que confían en que este mismo año un millar de funcionarios pueda acogerse a esta modalidad de trabajo, por la que desarrollarían el grueso de la jornada laboral semanal de forma telemática pero deberán acudir al menos un día a la oficina. De los 11.000 empleos asignados a la Administración General, calculan que unos 4.000 son susceptibles de adaptarse para teletrabajar.

El reglamento debe fijar las condiciones del teletrabajo como una nueva modalidad, incluyendo cómo se regula la jornada para poder definir el sistema de cálculo de las horas extra. Si no, desde CC. OO. consideran que sería "contraproducente" para el trabajador. "Se podría producir que la gente asuma condiciones durísimas porque tiene problemas de conciliación", explica Francisco José González, secretario general de la sección sindical en la DGA.

Otro aspecto importante es determinar quién corre con los gastos del ordenador, los sistemas de seguridad, el consumo luz e internet, y también con el equipamiento del espacio físico de trabajo para que se ajuste a los criterios ergonómicos exigidos.

Los sindicatos son conscientes de que, en muchos casos, su función es atender a la gente, y resulta imposible acogerse al teletrabajo. De ahí que resulte prioritario definir con celeridad cuáles son los puestos susceptibles de aplicarlo para evitar decisiones arbitrarias. Alerta, al respecto, Alicia Hernández, secretaria general de la FeSP de UGT Aragón, que reconoce que "hay que hilar fino porque se pueden generar agravios". Por eso será el puesto de trabajo el que admita o no el teletrabajo, con independencia del empleado que lo desempeñe.

Cuando en una unidad de trabajo varios empleados estén interesados, se establecerá el teletrabajo por rotación y se intentará primar a víctimas de violencia de género, familias monoparentales con necesidad de conciliar y colectivos vulnerables. Incluso se incluye la posibilidad de solicitar teletrabajo por "razones familiares", para atender, si fuera necesario, a la pareja.

Los trabajadores, según el borrador actual, firmarían una especie de plan anual en el que figurarían cuántas jornadas acudirán a la oficina y cuántas se conectarán desde su hogar. Sería una opción que conllevaría ahorro para la Administración en energía y también en espacio.

A la hora de fijar la tarea diaria existirán unas horas de obligada conexión, de 9.00 a 14.00 como se aplica de manera presencial, y el resto se incluirán entre las 7.30 y las 18.30._Este sistema permite "medir el tiempo", si bien los superiores jerárquicos tienen la capacidad de "controlar la conexión y el rendimiento", explica José Carlos Pardillos, de CSIF. En cuanto a los gastos que acarrea el teletrabajo, se estudia una fórmula intermedia que permite que, de manera inicial, corra a cargo del empleado hasta que, una vez entre en vigor el presupuesto autonómico de 2021, se incluya una partida con aportaciones de la Administración.

El futuro reglamento, del que se podrá beneficiar entre el 10 y el 15% de los funcionarios de la Administración General, incluirá también un anexo que se aplicará en situaciones excepcionales, como confinamientos por pandemia, y que multiplicaría por dos o por tres la cifra de empleados que estarán teletrabajando.