Un total de 14.469 aragoneses piden el ingreso mínimo vital pero solo 172 lo tienen aprobado

UGT Aragón denuncia la falta de personal y medios en el INSS para dar salida a miles de solicitudes y piden una prórroga del plazo que vence el 15 de septiembre

Fachada de la sede de UGT Aragón en Zaragoza.
Fachada de la sede de UGT Aragón en Zaragoza.
José Miguel Marco

Colapso en la tramitación por parte de la Instituto nacional de la Seguridad Social (INSS). Eso es lo que se ha producido tal y como advertían los sindicatos mayoritarios que pasaría cuando llegase el momento de gestionar las miles de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital o de renta básica, que fue aprobada por el Gobierno en el último consejo de ministros de mayo.

En la comunidad aragonesa, según datos proporcionados por UGT Aragón, del total de 14.469 aragoneses que han solicitado esta renta básica, solo se han resuelto favorablemente 172. Son 135 de la provincia de Zaragoza (del total de 11.719 que lo habían demandado), 15 de la de Huesca (de 1.704 solicitadas) y 22 de la de Teruel (de 1.046). «Era previsible que esto pasara. Sucedió con los ERTE, porque no había maquinaria administrativa para soportar el aluvión que hubo. Y ahora ha pasado lo mismo con esta prestación del Ingreso Mínimo Vital. Ya lo advertimos desde el sindicato, que la gestión había que ponerla en marcha mucho antes», criticó el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey.

[21:36] Iban Santos Muñoz

El líder nacional de este sindicato, Pepe Álvarez, denunció ya este miércoles que de 714.586 solicitudes en toda España el INSS solo ha concedido 4.148, «una parte mínima», dijo, que «por cierto, no ha cobrado nadie», por lo que UGT a nivel confederal no descarta movilizaciones. «¡Ojalá que la presión sirva para que empiecen a pagar. Hay muchas familias que no pueden aguantar más sin ingresos», añadió Alastuey.

«Pedimos un esfuerzo extraordinario a la Seguridad Social. Lo que no puede ser es que en un procedimiento tan farragoso porque falte algún documento o algunos se presenten repetidos se produzca un atasco y no se resuelva», señaló por su parte Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón. «Que el INSS pague primero a quienes realmente lo necesitan y luego mire con lupa las solicitudes y el papeleo. Hablamos de una urgencia social», indicó.

Máxime, recordaron desde esta central sindical en Aragón, cuando el plazo de resolución que dio el INSS es de tres meses para las peticiones de esta renta básica que se han presentado entre 15 de junio y 15 de septiembre con efecto retroactivo a 1 de junio. Al conocer que algunos ayuntamientos están dando cita ya para octubre para tramitar la solicitud, UGT se plantea o pedir una prórroga o proponerle a la Seguridad Social que considere la fecha de la petición de cita como la de presentación de solicitud para evitar que la mayor parte de solicitudes no sea atendida.

UGT está estudiando otras medidas para que esta reivindicación que llevaban años pidiendo no se quede desatendida por el atasco y la falta de personal en el INSS, que se ve desbordado para atender los miles de solicitudes originadas por la pandemia. Alastuey recordó que antes de que irrumpiera la covid-19 se venía reclamando este ingreso mínimo vital con cientos de firmas, ya que la renta básica es un derecho desde hace muchos años en otros países europeos.

«No tenemos los datos», señaló por su parte Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón. «La Seguridad Social no nos los ha dado, pero lo que sí sabemos y ya dijimos cuando se aprobó esta prestación es que faltaba personal para atender las solicitudes que pudieran llegar». El propio Ministerio de Trabajo, dijo, «lo reconoció, que carecía de recursos, y por eso planteó a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que en convenios con los gobiernos autonómicos, se hicieran cargo». Pero, según este sindicalista, que estimó ya en mayo en unos 20.000 los beneficiarios en Aragón, «se ha montado un lío tremendo».

«Cuesta mucho poner en marcha una buena gestión», precisó. En mayo CC. OO. ya le dijo al Gobierno que fuera «rápido en montar el sistema, para que la comprobación de los datos económicos no suponga que se retrase mucho la respuesta». Pero la advertencia, concluyó, no ha servido.

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