Reducir la emisión de gases de efecto invernadero y los consumos energéticos son dos de los ejes que tendrá la futura Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición Energética, que podría establecer medidas fiscales en línea con la fiscalidad verde que reclama Europa.

La directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, Marta de Santos, ha informado este viernes de la apertura de este proceso en una rueda de prensa en coincidencia con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que este año no ha podido acoger la entrega del premio de Medio Ambiente de Aragón por la pandemia de coronarivus, aplazada al 15 de septiembre, y de hecho el plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 25 de junio.

De Santos ha recordado que el impulso de esta ley forma parte de los acuerdos de gobierno del cuatripartito, que su dirección general lleva meses preparando el proceso y que hoy se da este primer paso en el que puede participar la ciudadanía, al abrirse la consulta pública, hasta el 31 de julio.

"Cuanta mayor participación haya desde el primer minuto mejor ley tendremos", ha insistido la directora general, quien ha explicado que esta primera fase se ha presentado un documento base de diagnóstico de Aragón, que aunque ha actuado en este terreno, con planes y con una estrategia 2020-2030 como senda que recorrer o la constitución del Consejo Aragonés del Clima como órgano consultivo o la declaración del Gobierno para impregnar todas sus políticas con esta mentalidad.

Sin embargo, ha subrayado que es necesario dar un paso más con una ley que la que afrontar de manera definitiva el cambio climático en todas sus vertientes.

Evitar que la situación empeore, sumar para revertirla y adaptarse de forma urgente a la nueva coyuntura son las tres líneas sobre las que se quiere articular la ley contra el cambio climático en cumplimiento con los compromisos internacionales.

Se trata de un paso hacia un "futuro prometedor" de Aragón, ha destacado De Santos, dado que el calentamiento global es "incuestionable" y una gestión responsable conlleva beneficios para el medio ambiente y una salud sostenible, además de oportunidades para el crecimiento económico más sostenible y de desarrollo de nuevos sectores de actividad y de empleo de mayor calidad.

Así, el fin de la ley es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y el reto en Aragón se centra en los sectores difusos -los que no están regulados-, prioridad el desarrollo en investigación e innovación, la reducción del consumo energético ligada a medidas que fomenten la eficacia e implementar políticas de adaptación a los fenómenos meteorológicos extremos, la reducción del consumo de combustibles fósiles y fomento de producción y uso de renovables o la implantación de medidas para una movilidad sostenible.

Según explicado la jefa de servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental, Nélida García, los últimos datos del inventario, año 2018, las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en Aragón un 9,3 %.

El peso relativo del sector energético en Aragón sigue siendo muy importante, en el contexto de sus emisiones gases de efecto invernadero, pero ha dejado de ser el dominante, superado por las derivadas del sector transporte, ha apuntado García, quien ha precisado que la contribución de las emisiones que se producen en Aragón al conjunto nacional es mayor que la media en los sectores agrícola y ganadero y están por debajo en el industrial, el transporte y los residuos.