Aragón se alinea con otras nueve comunidades para pedir que la provincia no rija la desescalada

Sin un acuerdo previo pero con un objetivo común, diez comunidades pedirán este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez su autorización para aplicar la desescalada tomando como unidad de acción los municipios (según su tamaño) o las áreas sanitarias en lugar de la provincia. Aragón, que fue la primera en apostar por iniciar en proceso en las zonas rurales, se alinea con Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, Baleares, Canarias, Cataluña y Navarra para exigir que se admitan excepciones dentro de cada provincia a la hora de poner fin a las restricciones. Antes de las 14.00, la DGA presentará una propuesta que incluirá que la mayor parte del territorio acceda a la fase 1 y en zonas específicas, con escaso impacto de la covid-19, a la 2 (intermedia).

Tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, como el de Sanidad, Salvador Illa, insistieron este martes en la intención del Gobierno de optar por la cogobernanza con las comunidades para la desescalada. Esperan, de hecho, las peticiones de las autonomías que, a través de informes argumentados, quedarán a expensas de la decisión que adopte el ministerio de Illa tras mantener, al menos, una reunión bilateral con el consejero y de escuchar a Salud Pública.

La plazo límite para remitir las propuestas coincide, hoy, con la votación en el Congreso de los Diputados de la nueva prórroga del Estado de Alarma que cuenta ya con el apoyo expreso de Teruel Existe, que considera que "el virus no ha desaparecido y no debemos arriesgarnos a un nuevo brote, sobre todo en una provincia como Teruel, infradotada en medios sanitarios". Pero no es suficiente.

Por eso, el Gobierno, a través de la vicepresidenta Carmen Calvo, tanteó este martes a barones del PP, como el gallego Alberto Núñez Feijoó, que comparte con Aragón el criterio para reajustar la desescalada. La necesidad de ‘premiar’ al medio rural es común en todas las comunidades de la ‘España vaciada’, de la que también forman parte Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, y que constituyeron un frente común para defender que se reforme la financiación autonómica para que el reparto de fondos se vincule al coste real de los servicios.

También Cataluña aboga, en este caso, por ajustar la desescalada por áreas básicas de salud, un criterio que comparte con Navarra. Tanto Canarias como Baleares solicitaron que se aplicara por islas, no por provincias, se aceptó y ya se está aplicando.

En la solicitud de prórroga del Estado de Alarma que aprobó ayer el Consejo de Ministros se recoge, de forma expresa, que "la progresión de las medidas, o su eventual regresión", se determinarán según diversos indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, y "podrán aplicarse en ámbitos territoriales concretos, ya sea la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en el proceso de desescalada".

La propuesta inicial de Aragón sobre la desescalada, que vinculaba las restricciones al tamaño de los municipios, revelaba que 14 de las 120 zonas básicas de salud no habían llegado desde que se inició la pandemia a 0,001 casos graves por 1.000 habitantes: Lafortunada (Barbastro), Aínsa (Barbastro), Mequinenza (Barbastro), Benabarre (Barbastro), Ayerbe (Huesca), Grañén (Huesca), Sos del Rey Católico (Zaragoza III), Luna (Zaragoza I), Ariza (Calatayud), Herrera de los Navarros (Zaragoza III), Báguena (Teruel), Aliaga (Teruel), Sarrión (Teruel) y Villel (Teruel). Estas, con ajustes en función de la evolución de la covid-19 en la última semana, podrían asumir un ritmo más rápido en la desescalada. Otras, como Binéfar, por los contagios en los mataderos, o Biescas, se podrían ver perjudicadas.