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Aragón aplaza el pago del alquiler de viviendas tuteladas para familias vulnerables
El aplazamiento podrá extenderse hasta un máximo de 4 meses desde que finalice el estado de alarma.
El Gobierno de Aragón ha decidido ofrecer una moratoria en el pago de la renta de viviendas tuteladas para familias en situación de vulnerabilidad que hayan visto sus ingresos perjudicados por la crisis sanitaria del coronavirus.
Así lo ha anunciado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo regional, José Luis Soro, en una rueda de prensa en la que ha explicado que este aplazamiento podrá extenderse hasta un máximo de 4 meses desde que finalice el estado de alarma.
A esta medida pueden acogerse los habitantes de las 544 viviendas que son propiedad del Gobierno de Aragón que "hayan sufrido una pérdida sustancial de ingresos", que se encuentren en situación de desempleo, afectados por un ERTE o por la reducción de su jornada laboral a causa de la pandemia.
"Esto les permitirá disponer de todos sus recursos en estos meses tan complicados y el plazo para devolver las cantidades aplazadas es los suficientemente amplio como para que se pueda devolver con facilidad y no suponga un problema a futuro", ha explicado Soro.
En conjunto, la decisión podría beneficiar a unas 1.500 personas que, de acogerse a la ayuda, supondría el aplazamiento de 100.000 euros al mes que percibe el Ejecutivo por estas viviendas. Esta cuestión no supondrá ninguna penalización del arrendatario ni devengará intereses.
Además, de manera complementaria, los arrendatarios podrán tener acceso a los avales publicados por el Gobierno central en el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo. Se trata de una medida añadida a la política social de vivienda que se desarrolla, de manera estructural, desde el Gobierno de Aragón a través de la Bolsa de Alquiler Social.
Soro ha matizado que las personas que cuentan con viviendas de la Bolsa de Alquiler social no deberían verse afectadas por la crisis sanitaria ya que se trata de inmuebles con unas rentas de alquiler bajas, cuyo precio se establece en función de las rentas de las familias, y que no dejarán de percibir las ayudas sociales como consecuencia del coronavirus.
El consejero ha señalado que todas las personas que pueden ser beneficiarias de estas ayudas han recibido la notificación del Gobierno de Aragón que se ha puesto en contacto de manera telefónica con los inquilinos.
Requisitos
Para acogerse a la moratoria, el arrendatario deberá haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos, estar en situación de desempleo o afectado por un ERTE o haber visto su jornada laboral reducida por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Asimismo, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud no deberá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM) --1.614 euros mensuales--, si bien esta cantidad podrá incrementarse cando existan hijos a cargo, si se trata de una familia monoparental, personas mayores de 65 años o con discapacidad.
Para solicitar la moratoria, el arrendatario debe remitir al Gobierno de Aragón una declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la misma, por correo electrónico o por Whatsapp, debido al confinamiento decretado por el estado de alarma.
Posteriormente, cuando las condiciones lo permitan y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la finalización del estado de alarma, el beneficiario deberá presentar la documentación que acredite que cumple los requisitos.
En concreto, en caso de situación legal de desempleo, se deberá aportar un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, se necesitará un certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la comunidad autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
Para acreditar el número de personas que habitan la vivienda se deberá mostrar el libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, el certificado de empadronamiento o la declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
En cuanto a la ausencia de otra vivienda en propiedad o usufructo, nota simple del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
Además de estas medidas en materia de alquiler de vivienda habitual, desde el Gobierno de Aragón se ha aplicado la moratoria en los préstamos en las viviendas vendidas por el Gobierno de Aragón a sus actuales propietarios. "Estamos hablando de unas 600 familias", ha apostillado Soro.
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