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política

La DGA pagará el fiasco millonario de la autopista autonómica en cuatro años

Pacta con los bancos abonar 6,4 millones en cada ejercicio para resolver al fin la ruinosa concesión. 
Hacienda deberá recortar partidas, aún por detallar, porque en 2020 solo ha reservado 500.000 euros.

La autopista autonómica lleva en servicio doce años y apenas registra coches para su capacidad.
La autopista autonómica lleva en servicio doce años y apenas registra coches para su capacidad.
Guillermo Mestre

El Gobierno de Aragón ha cerrado un acuerdo verbal con los bancos para diferir el pago millonario por la resolución del contrato de la autopista autonómica ARA-A1. El fiasco de la concesión supone un roto para las arcas autonómicas, puesto que hay que abonar los 25,7 millones de euros en los que está valorado el activo. Para suavizar su impacto, los principales acreedores de la concesión están dispuestos a conceder cuatro años a los socios del cuatripartito, siempre y cuando en cada ejercicio, 2020-2023, reciban un 25% de la cuantía total.

De todos modos, hará falta hacer un apaño en los presupuestos de este año porque la partida consignada no cubre ni de lejos el primer pago pactado con las entidades financieras. Los socios de coalición –PSOE, Podemos, CHA y PAR– sabían antes de sentarse a elaborar las cuentas de 2020 que la resolución del contrato era una realidad, pero solo incluyeron medio millón de euros.

Además, la Administración tendrá que hacerse cargo de los costes operativos, como son las nóminas del personal y el mantenimiento de esta vía de cinco kilómetros que desde julio de 2008 une la carretera de Castellón (N-232) con el corredor de Barcelona (N-II y AP-2).

La administración concursal ya llegó hace cinco años a la conclusión de que la autopista estaba "abocada a su disolución y liquidación" porque con el peaje en sombra que paga la DGA no se cubre ni la amortización de la deuda. Y todo porque los cálculos de tráfico han fallado de forma estrepitosa y apenas se llega a registrar la mitad de los vehículos previstos.

La negociación con los bancos, que acumulan el grueso de la deuda como consecuencia de los créditos concedidos para la obra, comenzaron hace semanas, lideradas por la Consejería de Vertebración del Territorio y en las que ha ejercido de banco agente Caixabank. A este se suman el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Barclays y Caixa Geral de Depósitos.

La valoración del activo, de mediados del año pasado, ascendía a 27,4 millones, aunque a esta cifra se le ha descontado el pago de las amortizaciones de la infraestructura que desde entonces ha ido abonando la DGA. De este modo, la cuantía final se queda en los citados 25,7 millones, para cuyo abono se tendrá que habilitar la preceptiva partida plurianual.

El cuatripartito ya no dejará esta herencia, dado que se pagará a lo largo de la legislatura, a razón de 6,4 millones cada año.

Esto conlleva la correspondiente modificación para detraer el dinero necesario de otras partidas de las que ya se sepa que no se van a poder gastar a lo largo del ejercicio. Pese a que la voluntad es cerrar este asunto antes de mediados de marzo, desde la Consejería de Hacienda no aclararon de dónde se piensa detraer el dinero y se limitaron a destacar que el acuerdo verbal hace "digerible" un pago millonario y evita así una situación que sí hubiera sido «preocupante» para la ejecución del presupuesto.

Lo único que parece estar claro es que ni un euro para el pago de la autopista autonómica saldrá de Vertebración del Territorio. Su máximo responsable, José Luis Soro (CHA), fue tajante en otoño al asegurar en las Cortes de Aragón que la resolución del contrato no iría en detrimento de las inversiones en carreteras ni de las líneas de subvención de vivienda o del transporte en el medio rural. «El importe excede de las competencias presupuestarias del departamento», dijo.

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