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Aragón

infraestructuras

La quiebra de la autopista autonómica obliga a la DGA a quedársela ahora por 27,4 millones

La concesión acumula pérdidas millonarias porque la ARA-A1 no registra ni la mitad del tráfico previsto.
La resolución del contrato puede acabar en los tribunales, ya que Acciona exige otros 8,3 millones.

Los cálculos de tráfico de la autopista ARA-A1 nunca se han cumplido desde su apertura en 2008.
Los cálculos de tráfico de la autopista ARA-A1 nunca se han cumplido desde su apertura en 2008.
Guillermo Mestre

El fiasco económico de la autopista autonómica ARA-A1 ha obligado finalmente al Gobierno de Aragón a rescindir el contrato de concesión y tendrá ahora que pagar al menos 27,4 millones de euros por asumir definitivamente la infraestructura. La DGA no ha formalizado aún la resolución del contrato, que inició a finales de 2017 tras la quiebra de la concesionaria, a la espera de disponer de «crédito suficiente» en los presupuestos.

Dicho pago supone un ‘roto’ para las arcas autonómicas, que acumulan este año un déficit de 320 millones. Además, la Administración tendrá que hacerse cargo de los costes operativos, como son las nóminas del personal y el mantenimiento de esta vía de cinco kilómetros que desde julio de 2008 une la carretera de Castellón (N-232) con el corredor de Barcelona (N-II y AP-2). La concesión se dio por 30 años, pero su explotación ha sido ruinosa y con el peaje en sombra que percibe la empresa por parte de la DGA no se cubre ni la amortización de la deuda. Y todo porque los cálculos de tráfico han fallado de forma estrepitosa y no registra ni la mitad de los vehículos previstos.

El Ejecutivo autonómico ha venido dando largas al problema que le supone la ARA-A1 desde hace más de cinco años, cuando se denegó la posibilidad de un reequilibrio de la concesión a Acciona, la única que sigue activa de las tres empresas que asumieron en 2006 la construcción y explotación de esta infraestructura. Sus socias, Arascón y Brues, entraron en liquidación.

Entonces, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi estimaba que hacerse cargo de la autopista autonómica impulsada por Marcelino Iglesias costaría 45 millones, aunque el informe pericial encargado por el Ejecutivo de Lambán a Ramón Espelt redujo el valor del activo a 27,4 millones a fecha del pasado 30 de junio. Dicho importe se refleja en la propuesta de resolución firmada por el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, el pasado mes de abril y que cuenta con el aval de los Servicios Jurídicos y de la Intervención de la DGA, además del Consejo Consultivo de Aragón.

En lo que no ha logrado el respaldo de este último órgano, formado por reconocidos juristas, es a la hora de exigir la incautación de la garantía definitiva, que asciende a 1,16 millones, acogiéndose al propio pliego de condiciones del contrato. El Consejo Consultivo es taxativo a la hora de rechazarlo, ya que sostiene que la cláusula que así lo impone a la concesionaria es contraria a la ley, «con independencia del incumplimiento del contratista o de la causa de resolución por concurso». Además, apunta que con la Ley de Contratos solo podría quedarse con la garantía en caso de incumplimiento culpable, pero se trata de un concurso fortuito.

Lo que aún está por ver es si esta concesión acabará en los tribunales, dado que ni el administrador concursal ni la concesionaria están de acuerdo con la valoración de la autopista y mucho menos con la incautación de la garantía. De hecho, reclaman el pago adicional de 8,3 millones al acogerse al primer informe pericial sobre la liquidación de la autopista, que eleva el importe a pagar a 35,7 millones.

Dicho encargo se hizo de mutuo acuerdo a la consultora Ernst&Young para cumplir el contrato, que establecía la necesidad de valorar la autopista y delimitar las indemnizaciones en caso de resolución. El problema reside en que dicho informe contraviene lo estipulado, dado que su estimación se basa en lo que pagó la concesionaria por la construcción de la autopista y no por lo definido en el proyecto. Y esto es lo que el pliego de condiciones y la ley estipulan, tal y como advierte el Consejo Consultivo en su dictamen, del pasado 24 de julio.

Expediente caducado

Para enmarañar aún más la situación de la autopista autonómica, el órgano consultivo avisa a la DGA de la «posible caducidad» del procedimiento de resolución de la concesión, en contra de lo que acredita el expediente de Vertebración del Territorio. Dicha advertencia ya la había trasladado Acciona mediante un escrito el pasado mes de mayo al personarse en el procedimiento.

En sus consideraciones jurídicas, el Consejo Consultivo recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público establece un plazo de seis meses desde que se incoa el procedimiento, que en este caso se ha sobrepasado con creces. Así, detalla que la resolución se autorizó en diciembre de 2017 por parte del Consejo de Gobierno y se acordó por orden del consejero de Vertebración en enero de 2018, quien firmó finalmente la propuesta el pasado mes de abril.

Ante esta situación, José Luis Soro se ha visto obligado a iniciar de nuevo el procedimiento para resolver la concesión de la autopista, mediante otra orden fechada el pasado día 17, lo que alargará todo el proceso, al menos, un mes. Sobre la disparidad de criterio acerca de la incautación de la garantía, desde la DGA no quisieron adelantar si mantendrán la reclamación en la nueva propuesta.

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