El Gobierno de Aragón no logra reducir su dependencia financiera. Así se constata con la contratación de una decena de préstamos a corto plazo por un importe de 157,9 millones de euros para disponer de liquidez tanto en la Administración General como en una de sus principales empresas públicas, Sarga.

A estos se suman sendos créditos contraídos por la Universidad de Zaragoza, el consorcio de gestión de residuos de Huesca y la fundación Circe, todas ellas incluidas en el "perímetro de consolidación de la comunidad autónoma", de acuerdo al sistema europeo de cuentas nacionales. Esto eleva la cuantía a un total de 166,5 millones. En todos los casos, las firmas con las entidades financieras se hicieron el pasado mes de diciembre.

Fuentes oficiales de la Consejería de Hacienda aseguran que estas operaciones no incrementan aún más la deuda autonómica, dado que se trata de la renovación de créditos a un año que ya tenía contraídos el Ejecutivo aragonés. El último dato oficial, a cierre del tercer trimestre de 2019, apunta que el endeudamiento de la Comunidad ascendía a 8.425 millones.

En el caso de la Administración General, se trata de cuatro préstamos cuya cuantía asciende a 151 millones. El mayor importe corresponde a Ibercaja (55 millones), seguido por Abanca (50), Kutxabank (25) y Caixabank (21). Las condiciones estipulan que las entidades cobrarán una comisión de excedidos de dos puntos sobre el tipo de interés ordinario vigente y una comisión de disposición que varía entre el 0,02% y el 0,05%.

Las citadas fuentes de Hacienda inciden en que este dinero no se tuvo que solicitar para pagar las nóminas a fin de año, sino para tener "circulante" y minimizar las tensiones puntuales de tesorería. De hecho, manifestaron que no se dispuso de ninguno de los cuatro créditos en el mes de diciembre.

La misma explicación se facilita desde Sarga, que firmó hace dos meses hasta seis créditos que alcanzan los 6,4 millones con la Caja Rural de Aragón (1,75 millones), Caixabank (1,45), BBVA (1,5), Ibercaja (1), Bankia (450.000 euros) y Caja Rural de Teruel (250.000 euros). "Es una renovación de las líneas de crédito ya existentes destinada a financiar el circulante y que, por tanto, no aumenta nuestro nivel de endeudamiento", señalan desde la empresa pública.

La argumentación se mueve en los mismos parámetros por parte de la Universidad, que ha renovado una póliza de crédito de 8 millones con Caixabak. "Debíamos tener la autorización de la Comunidad, pero es para contar con liquidez a la hora de pagar las facturas que van llegando", añaden fuentes oficiales.

Lo mismo sucede en los casos del consorcio público para la gestión de residuos de Huesca y de la fundación Circe, que contarán con sendos préstamos a corto plazo de 500.000 y 600.000 euros, respectivamente. En el caso de la fundación, el plazo se limita a nueve meses.

El cuatripartito de la DGA ha previsto en los presupuestos de 2020 la captación de hasta 670 millones a corto plazo, aunque el importe global de deuda pública, bonos u operaciones de crédito podrá alcanzar un máximo de 1.080 millones, según figura en los cuentas en vigor.