Aragón acepta relajar el déficit y se replantea ahora si exige en los tribunales el IVA de 2017
Las autonomías del PSOE respaldan las medidas de Hacienda para compensar la retención del tributo. Los consejeros del PP se niegan a asumir más deuda y rechazan la propuesta del Ministerio.
Lo que iba a ser una rebelión autonómica por la negativa del Gobierno central a liquidar 2.500 millones de euros del IVA de 2017 a los gobiernos regionales se acabó convirtiendo en una escenificación de bloques ideológicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las comunidades del PSOE rebajaron el tono con el que entraron a la reunión y acabaron votando a favor de las "medidas paliativas" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofreció como compensación a su negativa a liquidarles el dinero: disponer este año de dos décimas de déficit de colchón en vez de estar obligados a lograr el equilibrio presupuestario, contar con un fondo extra de liquidez sin intereses y no computar a las comunidades la parte del déficit de 2019 imputable a la cuantía del IVA que no les ha abonado.
La situación llegó hasta el punto de que el consejero aragonés de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, cambió el tono mostrado hasta ahora por el cuatripartito por la negativa de Hacienda a pagar los 80 millones del IVA que le debe a Aragón. A la salida del encuentro, que se alargó cuatro horas, optó por señalar que había sido "positiva" y era "optimista" por la "sensibilidad" del Gobierno central a la hora de levantar el freno al déficit. "Se ha hablado también de la necesidad que tenemos todos de la reforma del sistema de financiación", destacó.
La cuestión estaba en saber si el Ejecutivo aragonés mantenía su anuncio de acudir a los tribunales para reclamar el IVA, un mensaje en el que el propio presidente, Javier Lambán, se reafirmó por la mañana en Belchite al señalar que la medida paliativa que esperaba del Consejo era precisamente el pago del IVA. "No recurrir a los tribunales sería dejación de funciones", llegó a decir.
Por la noche, su consejero de Hacienda abría la puerta a replantearse la anunciada batalla judicial al afirmar en un audio facilitado por la DGA que iban a "estudiar" ahora este asunto "para tomar una decisión formal como Gobierno".
Anadón habla de "sensibilidad"
Pérez Anadón destacó especialmente la nueva senda de estabilidad aprobada en el Consejo de Política Fiscal con el voto a favor de las autonomías del PSOE (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Valencia y Melilla) y el rechazo de las del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta). Valoró que Aragón podrá ahora disponer de 120 millones extra para gastar en dos años, ya que podrá cerrar 2020 con dos décimas de déficit y 2021 con una adicional antes de que en 2022 se deba llegar al equilibrio. "Demuestra la sensibilidad del Gobierno con las autonomías, que hacen un esfuerzo mayor en que otras administraciones en sostener los servicios sociales", sostuvo.
El consejero aragonés incluso calificó de "imaginativa" la decisión de no computar a las comunidades, a efectos de déficit de 2019, el impacto de no haber ingresado la liquidación del IVA. "Esto nos permite entrar en la senda de cumplimiento", dijo, consciente de que la propia DGA había informado a Hacienda de que en 2019 iba a incumplir en cinco décimas e objetivo de déficit del 0,1%, que la Autoridad Fiscal prevé que se dispare al 0,8%.
Frente judicial del PP
Estas "medidas paliativas" provocaron duras críticas de los consejeros del PP, que rechazaron de plano la solución de "más déficit y más deuda" y confirmaron su intención de ir a los tribunales. El Gobierno de Cataluña ya acudió el pasado verano, se sumó la coalición PP-Ciudadanos que está al frente de Madrid y ahora también lo harán allí donde gobiernan los conservadores: Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia. Los conservadores, en boca de su secretario general, Teodoro García-Egea, acusaron al presidente Pedro Sánchez de "meter la mano en el bolsillo de los españoles para llenar la cartera de Torra" con la financiación autonómica y pagar así los "chantajes" de los independentistas. Por ello, consensuaron una postura común antes de acudir al Consejo de Política Fiscal, que no se reunía desde el verano de 2018.
