El último accidente de tráfico en el tramo sin desdoblar de la N-II, ocurrido este martes en Osera de Ebro y que provocó tres fallecidos, ha vuelto a poner sobre la mesa las voces que claman por una solución que ponga fin a la dramática situación de esta vía, que en los últimos seis años se ha cobrado ya 25 vidas.

El ansiado y reivindicado desdoblamiento de la carretera parece diluirse en favor de la liberalización de la autopista de Barcelona (AP-2), que discurre en paralelo a la N-II, y cuya concesión expira en agosto de 2021. El Gobierno central ya dio los primeros pasos días antes de las elecciones generales sacando a concurso la redacción del estudio de demanda de tráfico y las necesidades de conexión del tramo Zaragoza-El Vendrell con la red de carreteras del Estado.

En Aragón, esta infraestructura viaria va desde Alfajarín al límite con la provincia de Lérida y mide poco más de 100 kilómetros y afecta a once localidades. Los siete ayuntamientos zaragozanos (Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Osera, Pina de Ebro, La Almolda y Bujaraloz) y cuatro oscenses (Peñalba, Candasnos, Fraga y Torrente de Cinca) vieron cómo en 2017 se incrementaban sus ingresos al perder la multinacional Abertis, concesionaria de la autopista AP-2, la histórica bonificación de la que disfrutaba en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). A partir de entonces, pasó de abonar solo el 5% de este tributo a tener que ingresar el importe completo, lo que conllevó una inyección económica global de casi 2 millones de euros para las arcas municipales por el impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales.

Las cantidades oscilan dependiendo del espacio ocupado por esta infraestructura, pero oscilan desde los 30.595,02 euros que percibe Osera de Ebro a los 341.492,86 euros que ingresa Fraga en concepto del pago de IBI de la concesionaria por el uso de las vías de circulación. Entre las mayores beneficiarias se encuentran La Almolda (300.000 euros), Villafranca de Ebro (232.000,22 euros), Peñalba (231.316), Torrente de Cinca (191.914) y Pina de Ebro (160.000). El resto de localidades son: Bujaraloz (58.145,60), Nuez de Ebro (unos 50.000 euros), Alfajarín (45.000) y Candasnos (falta por concretar el importe). En total, cerca de dos millones de euros.

Pero ¿qué supondría la liberalización de la AP-2 para los once municipios aragoneses por los que discurre la autopista? Fuentes del Ministerio de Fomento informaron de que la Administración General del Estado, como titular de la red estatal de carreteras, está exenta del pago del IBI por bienes de aprovechamiento público y gratuito afectos a las carreteras. Esta disposición está recogida en el artículo 64 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

Los municipios afectados coinciden en que dejarían de percibir una importante inyección económica pero recalcaron la necesidad “urgente” de buscar una solución al tráfico en la peligrosa N-II, que acumula cifras alarmantes de siniestralidad. El alcalde de La Almolda, Manuel Lamenca, destacó que “lo ideal es que estuviera desdoblada la N-II y que la autopista siguiera dando un buen servicio” pero “por encima de todo están las vidas”. Este Ayuntamiento zaragozano pasó de ingresar cerca de 10.000 euros en concepto de IBI por la AP-2 a recibir 300.000. Una cantidad que representa un tercio del presupuesto municipal, que ronda los 900.000 euros: “Ha sido una lotería y nos ha permitido hacer cosas, como un consultorio médico nuevo, se ha arreglado la escuela, se han mejorado calles...”. Y añadió: “Me preocupan también los puestos de trabajo que genera la autopista en la zona”. “Todo tiene sus pros y sus contras”, dijo.

Más crítica se mostró la regidora de Villafranca de Ebro, Volga Ramírez: “Si liberalizan la autopista, perderemos el IBI, que en representa una cantidad importante. Hay que pensar que los pueblos pequeños perdemos mucho dinero y con eso podemos hacer actividades y destinarlo a reparar averías, como las que ocurren frecuentemente en la red de aguas”.

La responsable de Pina de Ebro, Mercedes Abós, se mostró satisfecha con el inminente final de la concesión de la autopista: “La seguridad vial es más importante que el dinero. Hasta ahora se pasaba sin esa aportación y sería muy interesante que se liberalizara”. Una opinión similar trasladó la alcaldesa de Nuez de Ebro, María Isabel Toro, quien adelantó que “si el Ayuntamiento dejara de ingresar el dinero del IBI tendríamos que organizar de otra manera el presupuesto, que no llega al millón”. “Hoy por hoy -destacó- la N-II es un peligro”. Para Jesús Vicén, primer edil de Alfajarín, se trata de “poner todo en una balanza y gana la seguridad vial”. “Se lleva mucho tiempo reclamando una solución y teniendo la opción de la liberalización, el desdoblamiento parece ya una alternativa lejana”, afirmó. Por su parte, Pilar Briz, teniente de alcalde de Osera, término municipal que registró un accidente mortal el pasado martes, reconoció que perciben una cantidad de 30.595,02 euros por el IBI pero “hasta 2017 era 0”. En su caso, lo recauda la Mancomunidad de la Ribera Izquierda, que después lo gira al Ayuntamiento. 

José Evaristo Cabistañ, alcalde de Torrente de Cinca, recordó que casi 8 kilómetros de la AP-2 atraviesan el término. Para el regidor de Bujaraloz, Darío Villagrasa, si el Ayuntamiento dejara de percibir ese impuesto defendería, en el marco de la legalidad vigente, seguir recibiendo ingresos "por cruzar una gran infraestructura de titularidad y gestión estatal". Ese será, no obstante, un debate "que habrá que afrontar en 2021 cuando se conozcan todas las circunstancias".