La Oficina Anticorrupción de las Cortes de Aragón lleva más de dos años de retraso y se hará esperar

La Oficina Anticorrupción de Aragón sigue bloqueada. Más de dos años de retraso acumula ya un organismo que deberá canalizar las denuncias de los ciudadanos o funcionarios sobre irregularidades cometidas en la Administración regional, en cumplimiento de la Ley 5/2017, de Integridad y Ética Públicas. Aunque desde la Presidencia de las Cortes aseguran que es un proyecto que se pretende retomar en el primer trimestre de este año, la oposición tiene serias dudas y recuerda cómo fue un compromiso que asumió el PSOE con Podemos para que auparan a Javier Lambán a la Presidencia de Aragón en 2015. Cuatro años después, está pendiente la orden que regulará su funcionamiento y la asignación de medios materiales y humanos que permitirá que cumpla con sus funciones.

Fue la expresidenta del Parlamento aragonés, la podemista Violeta Barba, la que mostró un mayor interés en sacar adelante la Oficina Anticorrupción, y llegó a fijar su puesta en marcha en 2018. En la Mesa de las Cortes se analizó un informe que proponía acondicionar su posible sede en un antiguo concesionario Citroën situado frente al palacio de la Aljafería, con un desembolso económico de 725.895 euros. Esta cifra duplicaba los 400.000 euros en los que se había cifrado de inicio la Agencia de Identidad y de Ética Públicas, que se quería financiar con parte de los dos millones que transfirió hace dos años la DGA a la Cámara en pago de la deuda histórica que mantiene con las Cortes, y que ronda los 19,7 millones. Con los procesos electorales de 2019 todo se estancó.

Podemos sigue siendo el grupo parlamentario que más interés muestra en que salga adelante. Su portavoz en las Cortes y secretario general en Aragón, Nacho Escartín, asegura que seguirán trabajando "intensamente" para auditar y fiscalizar la gestión pública de los últimos años y para renovar las instituciones para dotarlas de más herramientas para prevenir la corrupción".

Más cautos se muestran desde la presidencia de las Cortes, que ostenta Javier Sada (PSOE), donde incluyen la Oficina Anticorrupción entre los proyectos a analizar en el primer trimestre, aunque barajan la posibilidad de que sea preciso "empezar de cero". Se valorará si merece la pena ubicar la sede fuera de la Aljafería.

La oposición empieza a pensar que "ni se ha puesto en marcha ni se pondrá".Es lo que opina Marián Orós, diputada del PP, que denuncia que "no hay presupuesto, ni una orden que lo regule" y que fue un "engaño", de "política ficción", que responde a la "urgencia" con la que el PSOE pagó a sus socios de Gobierno. Recordó, además, que su partido propuso activar un "estatuto del denunciante" para proteger a los funcionarios interesados en denunciar conductas poco éticas en la Administración, y que se desechó a cambio de una Oficina Anticorrupción que está bloqueada.

También Daniel Pérez Calvo, de Cs, hace hincapié en que se demuestra que "promesas realizadas la legislatura pasada han quedado en papel mojado". Insiste, no obstante, en la importancia de que se ejecute lo recogido en la ley. Aunque el presidente de Vox en Zaragoza, Santiago Morón, insta, también, a que se desarrollen las leyes, para que no sean un mero "postureo", recela sobre la "conveniencia de crear agencias paralelas a las estatales".

El portavoz del PAR en las Cortes, Jesús Guerrero, cree que "cualquier instrumento para luchar contra la corrupción es bueno y positivo". Matiza, a pesar de ello, que "el Estado de derecho tiene mecanismos" para ejercer esa función y recuerda que Aragón lleva dos años "con el presupuesto prorrogado" y si se plantean activar la oficina deberá garantizarse que es efectiva.

Con más contundencia exige la izquierda su desarrollo. Joaquín Palacín, portavoz de CHA en las Cortes, recuerda que habrá que dotar a la agencia de "medios suficientes para que su labor sea eficaz y que se coordine con las Administraciones públicas" y que se ponga en marcha "con el menor coste público" posible. Álvaro Sanz, diputado de IU, critica que la Oficina Anticorrupción sume ya "cuatro años de retraso" y aboga por que "se desatasque de forma consensuada y se ponga en marcha de manera efectiva".