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Aragón

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Jucil exige a la Guardia Civil que respete los descansos de sus agentes en Aragón

Tras el pronunciamiento del TSJA que confirma la obligación de indemnizar a un agente de Zaragoza por hacerle encadenar turnos con pocas horas de reposo, la asociación pide que se regularice su situación.

Imagen de archivo de varios agentes de Tráfico en un control.
Imagen de archivo de varios agentes de Tráfico en un control.
Heraldo.es

La Asociación Justicia Civil (Jucil), colectivo mayoritario en la Guardia Civil, ha remitido un escrito a la dirección general del instituto armado para exigirle que acate el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sobre los descansos de los funcionarios y haga respetar el periodo de once horas consecutivas entre jornada y jornada. Con esta petición, Jucil quiere acabar con los turnos encadenados que se ven obligados a hacer algunos compañeros en Aragón, sobre todo, aquellos destinados en unidades con mayor déficit de plantilla, como por ejemplo, señalan, Seguridad Ciudadana o Tráfico.

Por medio de su representante legal en Aragón y Navarra, el letrado Marco Antonio Navarro, la asociación recuerda a los responsables de la Benemérita que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA reconoció hace solo unas semanas el derecho de un agente destinado en el puesto de Casablanca (Zaragoza) a ser indemnizado por la administración por no haber respetado los periodos de descanso que regula la orden general número 11 de 23 de diciembre de 2014.

Extensivo a toda la plantilla

Para Navarro, «el pronunciamiento debe hacerse extensivo a todos los funcionarios de la Guardia Civil destinados en Aragón, ya que la falta de personal está haciendo que se incumplan de forma sistemática los descansos, forzando a muchos guardias a hacer turnos de mañana y de noche con apenas unas horas de por medio». Para evitar esta situación y hacer cumplir la norma tal y como exige el TSJA, Jucil propone la creación de una mesa de trabajo a la que se sienten tanto los responsables de la Guardia Civil como las asociaciones que representan a los funcionarios que la integran.

«De esta forma se podrían resolver las controversias sin necesidad de tener que acudir a los tribunales de justicia para hacer vales los derechos de nuestros asociados», señala Jucil, que recuerda el alto coste económico que supone para un agente tener que reclamar de forma individual, con abogado y procurador, que se respeten sus derechos profesionales.

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