ARAGÓN
Los ayuntamientos aragoneses acumulan en los bancos 700 millones que no pueden gastar
Hacienda obliga a las entidades locales a destinar su superávit a amortizar deuda por la ley Montoro. La DGA y la Famcp exigirán al futuro Gobierno central que derogue o flexibilice la actual normativa.
Los ayuntamientos aragoneses acumulan ya 700 millones de euros en depósitos bancarios que no pueden destinar a construir equipamientos o mejorar servicios básicos para sus vecinos. En 2012, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, limitó la capacidad financiera de las entidades locales y les obligó a destinar el superávit a amortizar deuda. El Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) exigen que se derogue o flexibilice la ley, que califican como un "ataque" a la autonomía local, a pesar de haber sido las administraciones más eficaces y haber contribuido a salvar el déficit público de España.
Pero mientras llega ese momento, la liquidez no deja de crecer. En España supera los 27.000 millones de euros, 16.000 millones más que hace siete años. Un dinero que los ayuntamientos consideran "improductivo" y que provoca situaciones singulares como que las corporaciones tengan que recurrir a un préstamo para financiar sus obras pese a tener dinero de sobra en sus cuentas. La ley establece una regla según la cual el gasto no puede aumentar por encima de una ratio prefijada que depende de la estimación del crecimiento de la economía española durante los tres ejercicios siguientes.
Luis Ortín, miembro del Colegio de Economistas de Aragón, explica que el origen de la limitación del destino del superávit nace en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria "que exigía amortizar endeudamiento con el fin último de ‘controlar’ el déficit público". A partir de 2013 se aprueban otras normas por las que se "relaja, pero en absoluto se resuelve la situación" e incorporan que "determinadas administraciones cumplidoras" puedan destinar ese dinero a "pagar facturas en los cajones, amortizar deuda o realizar inversiones financieramente sostenibles". "Lo que desean las entidades locales es poder aplicar sus superávits atendiendo a sus propias necesidades, sin ninguna limitación", añadió Ortín.
Para José Ramón Ibáñez, director general de Administración Local del Gobierno de Aragón, se está dando la circunstancia de que los ayuntamientos no pueden decidir a qué destinan el superávit que se genera cada año. "Sencillamente, como la ley impone un techo de gasto se supone que al año siguiente no se puede gastar más de un porcentaje muy pequeño respecto al ejercicio anterior, independientemente del dinero que tenían en el banco", explica. La mejor financiación que se podría hacer en estos momentos para las administraciones locales en este país –aseguró– sería "derogar esa ley". Cuando se aprobó "pudo tener alguna justificación" pero "de ahí a atar de tal forma a las corporaciones locales para que no puedan gastar su propio dinero nos parece algo brutal".
De la misma opinión se mostró Luis Zubieta, presidente de la Famcp, quien calificó la ley como "intervencionista". Hizo responsable de los desequilibrios presupuestarios a los ayuntamientos a pesar de que, según aseguró, "han demostrado que han sido buenos gestores ya que son la administración que más ha cumplido con los objetivos". Zuera, donde es alcalde, logró un superávit de 1,7 millones en 2018 y cerrará este año sin deuda: "A los ayuntamientos se nos tiene maniatados para ejecutar obras o servicios". "Esa combinación de estabilidad presupuestaria y techo de gasto bloquea cualquier posibilidad de aprovechar el superávit en servicios necesarios para los municipios", indicó. Por esta razón, apostó también por que se flexibilice la normativa.
El economista Luis Ortín adelantó que en un escenario de tipos de interés negativos, el Banco Central Europeo está penalizando a los bancos centrales nacionales por tener allí sus depósitos y están empezando a cobrar. Para 2020 podría ya repercutir en los clientes vía comisiones.
La Diputación de Huesca acumula en el banco 45 millones que no puede utilizar por el techo de gasto establecido por la legislación y la de Teruel, 46 millones. En este último caso, la cifra equivale al 75% del presupuesto de 2020, de 61,5 millones. Su presidente, el socialista Manuel Rando, añadió que los bancos en los que están depositados los fondos bloqueados amenazan a la Diputación con "cobrar" por mantener estos depósitos.
Zaragoza
"En Uncastillo pediremos un préstamo pese a tener dinero"
"Tenemos en depósito en el banco 1,2 millones, pero no podemos hacer obras. No tenemos deuda, porque la amortizamos en su momento, y nos vamos a ver en la obligación de pedir un préstamo para poder finalizar una importante actuación. Eso es injusto". Así resume el alcalde de Uncastillo, José Luis Abenia (PSOE), un problema financiero al que se enfrenta el ayuntamiento que gobierna, y que es común a la mayoría de municipios.
En su opinión, es una "situación atípica" y "muy estresante" que perjudica a los municipios que han cumplido con sus deberes. Al mismo tiempo, califica la ley que les impide destinar sus ahorros a inversión como "tremendamente injusta" tanto para los municipios como para los vecinos.
Uncastillo, con 740 habitantes y una población flotante que aumenta en verano o en épocas vacacionales, tiene pendiente desde hace casi dos décadas la conclusión de un edificio junto al ayuntamiento. Albergará varias viviendas destinadas a gente joven, la nueva biblioteca, el centro juvenil y las oficinas municipales de atención al ciudadano. También se instalará un ascensor que dará servicio además al consistorio y que permitirá acceder al salón de plenos. De momento, han destinado ya unos 200.000 euros a esta estructura, que ahora permanece parada a la espera de fondos para continuar con los trabajos. "Para terminar esa obra tenemos una subvención de 100.000 euros de los fondos Leader, pero necesitamos al menos disponer de unos 300.000 euros", asegura. Y ahí viene su queja: "Pese a tener dinero en el banco no lo podemos destinar a esta iniciativa". En su lugar, indicó, el ayuntamiento de Uncastillo va a tener que recurrir a un préstamo de 200.000 euros para poder actuar en este proyecto.
Además, recuerda Abenia, plantean también hacer unos nuevos depósitos de agua, pero no disponen de la cuantía necesaria para acometer esa obra. Los actuales tienen casi 60 años y uno de los dos que existen se ha rajado. "Por ahora se garantiza el abastecimiento gracias a que sigue funcionando uno", pero mientras los técnicos están presupuestando el coste que supondrá llevar a cabo los trabajos.
Huesca
Barbastro tiene congelados casi 13 millones y Jaca más de nueve
El Ayuntamiento de Barbastro se lleva la palma en la provincia de Huesca en cuanto a remanentes congeladas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria con casi 13 millones de euros. Un montante que se destinaría a proyectos "prioritarios" para el actual equipo de gobierno PP-Cs como la instalación de una depuradora en el polígono industrial, el arreglo de los caminos, la mejora de la iluminación y calles, el anillo perimetral de agua, la renovación de instalaciones deportivas, el asfaltado del parquin del Portillo para ganar más plazas o la construcción de una nueva estación de autobuses.
El segundo lugar lo ocupa Jaca con 9.302.545,46 euros, un dinero que el equipo de gobierno (PSOE, CHA y +Jaca) emplearía en mejoras de calles y en la primera fase de la rehabilitación del antiguo hospital para convertirlo en Casa de la Música, valorada en 872.000 euros. Y es que más de la mitad se tendrán que asumir con enajenación de patrimonio y el resto con ayudas de la DGA y la DPH.
Mientras, Fraga roza los siete millones ahorrados que reinvertiría en proyectos como la remodelación de antiguo Hostal Flavia, el solar de Casa Dueso, la mejora integral del Casco Histórico o el Paseo de la Constitución. "Son actuaciones que te gustaría realizar en un año pero tienes que ir posponiéndolas para cuatro o más", se quejan desde el PP.
En el Ayuntamiento de Monzón, el remanente de tesorería de 2019 superará los 3 millones de euros. Si el equipo de gobierno (PP-PAR) pudiera gastarlo, entre sus prioridades figura acometer un espacio de multiusos (entre ellos como recinto ferial).
En Sabiñánigo, por su parte, tienen algo más de 3 millones de euros en los bancos. El PSOE tendría dos proyectos preferentes para reinvertir este dinero: la adecuación de la urbanización de Latas (se eleva a 800.000 euros) y el centro de servicios sociales.
En el caso del Ayuntamiento de Huesca, cumple una serie de parámetros de estabilidad, regla de gasto y pago a proveedores que le permiten destinar desde 2015 sus sucesivos superávits a inversiones financieramente sostenibles (este año ascendió a 2,5 millones). Actualmente, su porcentaje de deuda es del 46%, muy por debajo del 75% permitido.
Huesca
Utrillas considera "injusto" bloquear fondos con obras en espera
"Es muy injusto que tengamos dinero en el banco y no podamos usarlo para obras necesarias". El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, se lamenta de que el Ayuntamiento haya acumulado en el banco un remanente de 1,6 millones de euros y no pueda utilizarlo para acometer proyectos importantes para esta localidad de 2.970 habitantes. Entre las mejoras que el Consistorio planea, destaca la renovación del tanatorio de la localidad, uno de los más antiguos de la provincia y que "presenta deficiencias". El Gobierno no lo considera una actuación financieramente sostenible y así no puede aprovechar el superávit de las cuentas municipales.
El abultado remanente se acumula con las bajas de las empresas que optan a los distintos concursos para adjudicar proyectos, un ahorro que se añade a la abultada cuenta bancaria municipal. Joaquín Moreno reclama una modificación legal que permita al Ayuntamiento reinvertir los superávit acumulados. "No queremos tener el dinero en los bancos, porque no podemos gastarlo", afirma Moreno.
El Ayuntamiento de Utrillas experimenta año tras año un superávit en las cuentas por encima de los 200.000 euros. El alcalde explica que una reciente modificación legal permite gastar este importe anual siempre que se destine a inversiones "financieramente sostenibles", un concepto limitado que excluye, por ejemplo, la remodelación de la anticuada sala de velatorios.
La bolsa acumulada en los bancos y que, de momento, está fuera del alcance del Ayuntamiento por las limitaciones de gasto establecidas por la legislación crece cada año. Joaquín Moreno explica que cuando llegó a la alcaldía hace cinco años el remanente ascendía a 850.000 euros, una cantidad que se ha duplicado en el último lustro.
Para Moreno, las limitaciones del Gobierno central al gasto de los ayuntamientos persiguen maquillar las cuentas del déficit público ante la Unión Europea. Añade que el Ejecutivo compensa con la austeridad de unos consistorios el excesivo endeudamiento de otros.
El alcalde de Utrillas considera que no tiene sentido que los bancos "sigan acumulando dinero" de los ayuntamientos a costa de dejar obras necesarias en el tintero. "No queremos tener el dinero en cuentas bancarias sino gastarlo en la medida precisa", dice.
