ARAGÓN
El Consejo de Gobierno vuelve a impulsar el fondo de financiación de los municipios
El anteproyecto asegura a los ayuntamientos una aportación mínima por ley. La DGA destinará al menos 30,6 millones al año.
La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha participado este lunes en el Consejo Ejecutivo de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), donde trasladó el nuevo Fondo Aragonés de Financiación Municipal. El Consejo de Gobierno aprobará este martes la toma en consideración del anteproyecto de ley para iniciar de nuevo su tramitación. El texto, antes conocido como ley de Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA), decayó la pasada legislatura al no poder aprobarse durante el periodo de sesiones, a pesar de que llegó a superar el debate a la totalidad en el hemiciclo por unanimidad.
Pérez, acompañada por el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, destacó que "gobierne quien gobierne, los ayuntamientos van a tener un mínimo ya establecido por ley, que se plantea en más de 30 millones de euros". Tendrán así la seguridad, cuando elaboren sus presupuestos, de saber qué aportaciones van a recibir del Gobierno de Aragón "que blinde de cualquier cambio que pueda haber y no sea una decisión arbitraria". Esta ley, de hecho, pretende dotar de estabilidad económica a los municipios aragoneses mediante la distribución de unas partidas fijas que pueden incrementarse según criterios demográficos, territoriales y de esfuerzo fiscal.
El mínimo de este fondo son 30,6 millones de euros aproximadamente. "La diferencia –avanzó la consejera de Presidencia– es que sube un poco lo que ahora reciben por convenio los Ayuntamientos de Teruel y Huesca, se mantiene el de Zaragoza y el resto de localidades sigue prácticamente igual".
"Cuando llegamos al Gobierno en 2015 nos encontramos con una aportación de poco de nueve millones de euros a los ayuntamientos. Se hizo una reducción importantísima. Para evitar estos sobresaltos, estos quebrantos en las cuentas municipales, es por lo que nos vimos en la necesidad de plantear esta ley, que la registramos a final de la pasada legislatura, pero no se pudo tramitar", puso de manifiesto Pérez. Adelantó, al mismo tiempo, que el compromiso del Ejecutivo autonómico "era iniciar la legislatura con la tramitación de esta ley para que más pronto que tarde podamos tenerla ya operativa". De esta manera, la consejera estima que después de que el Consejo de Gobierno dé luz verde inicial hoy al anteproyecto, se recabarán los informes pertinentes del Consejo Local y pasará más tarde a un trámite de audiencia e información pública, con el objetivo, según Mayte Pérez, de que "sea una ley consensuada y participada por todos los actores implicados". La Famcp tendrá un papel activo en la aportación de sugerencias que contribuyan a mejorar esta ley. Tal y como recordaron ayer tanto la consejera como el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Luis Zubieta, "el texto estuvo muy participado ya por la Famcp la anterior legislatura, e incorporaba muchas de sus propuestas".
Zubieta puso de manifiesto que se trata de una ley "muy importante" y que resulta "clave para el funcionamiento de los ayuntamientos", ya que garantiza "un mínimo con independencia de los vaivenes políticos". "Desde la Famcp –adelantó– vamos a colaborar en el texto como un actor principal, vamos a llevar las aportaciones por consenso de todos los grupos, como ya lo hicimos la otra vez, para mejorar esta ley". Al mismo tiempo, destacó que las líneas básicas del Fondo Aragonés de Financiación Municipal son "un buen comienzo" porque, dijo, "aseguran un suelo con unos índices de esfuerzo fiscal y envejecimiento, teniendo en cuenta los problemas de vertebración del territorio y de despoblación".
En el encuentro mantenido en la sede de la Famcp se abordó también la necesidad de derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local cuando se constituya el Gobierno central. Mayte Pérez recordó que "hay 700 millones de euros de entidades aragonesas retenidos en los bancos en depósito, según la liquidación de 2017, una cantidad que asciende a 27.000 millones en toda España".
