El año pasado no se concedió ningún indulto entre el grueso de quienes han sido condenados en los juzgados aragoneses. Los dos cursos anteriores, apenas uno. Y a estas alturas de 2019 se contabilizan únicamente dos, apuntalando una tendencia que empieza a asomar: desde el poder Ejecutivo ya casi no se dispensan perdones.

Gobiernos populares y socialistas han echado mano de la medida de gracia casi por igual. Entre 1996 y 2012 raro fue el año en que no se pasó de los tres centenares de indulgencias en el conjunto del país, muy lejos de los guarismos actuales. Darío Badules, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, analiza en el libro 'Yo te perdono' el recorrido de esta herramienta en España, llegando a una serie de conclusiones, entre las que destaca la coyuntura política: "La media de 400 indultos se ve truncada en 2014. Esta interrupción del equilibrio se debe a un factor elemental: a partir del 15-M (2011) empezamos a vivir una situación social que pone el acento en la corrupción, que quiere poner coto a los excesos del poder. El Gobierno se ve en la necesidad de seguir indultando, pero de manera más restrictiva ya que tiene una opinión pública contraria. La atención mediática sobre el trabajo en el Congreso de los Diputados se eleva y eso lo condiciona todo".

Otro factor "estadísticamente relevante" es el talante ministerial. "Tanto la ministra en funciones Dolores Delgado como Gallardón son fiscales. Belloch es juez de carrera. Aquellos que han desempeñado una u otra profesión conocen mejor el sistema y tienen muy cerca lo que significa informar favorable o desfavorablemente del indulto. El ministro de Justicia que bajó la tendencia de los números actuales fue Catalá, que es abogado, no juez ni fiscal. Badules recuerda que "a la sede del servicio de indultos del Ministerio de Justicia llegan las solicitudes y las van tramitando. Si ahora hay pocos es porque el servicio de indultos tiene la orden de favorecer pocos".

La marcha de la economía y el destino de los presupuestos generales del Estado también marcarían la estadística. "A más empleados públicos y recursos, más facilidad para tramitar y otorgar indultos", concreta el docente.

Otros estudiosos han visto un dato muy interesante relativo a la caída 2015-2018, según matiza Badules: "Ha habido una bajada tremenda debido a que en periodos electorales se conceden muy pocos indultos. El punto medio del mandato es el que más se conceden. Y no hace falta explicar cómo ha sido el devenir político de España en los últimos años".

si se observan las estadísticas año por año se observa que en dos cursos la cifra se dispara: en 1998, cuando tocó abordar las penas de quienes se habían declarado insumisos antes de que la mili dejase de ser obligatoria, y en el año 2000, después de que el Papa pidiera el perdón para los presos que cumplieran una serie de requisitos específicos.

Semana Santa

A día de hoy existen dos doctrinas jurídicas en torno al condonamiento de las penas. La mayoritaria es favorable, aunque cada vez surgen más voces que piden una mayor transparencia (actualmente se informa a las Cortes Generales a través de comisión de Justicia y se hacen públicos a través del BOE, pero sin aportar los detalles del delito). La postura minoritaria dentro del ámbito jurídico está en contra de cualquier indulgencia. Piden la supresión total por ser una intromisión del poder Ejecutivo en el judicial.

El debate se ahonda al abordar los perdones que, en Semana Santa, se dan a los presos comunes a petición de distintas cofradías. Se trata de una tradición que inició Carlos III, y que fue regulada por ley en el siglo XIX, un texto que desde entonces apenas se ha reformado en dos ocasiones. Precisamente los dos únicos indultos que se han dado este año a presos aragoneses, en línea con los anteriores, responden a este tipo. Badules se muestra muy contrario a esta costumbre "ya no por una supuesta injerencia de la iglesia en el poder judicial, sino porque las apariencias importan". Considera que "no pinta nada en una estado social y de derecho con separación de poderes que parezca que hay un privilegio para una institución".

Para la elaboración de su libro, el profesor de la Universidad de Zaragoza entrevistó a varios exministros de Justicia y el tema fue recurrente. Tomás de la Quadra-Salcedo dijo de los indultos a petición de cofradías que es una "tradición con la que había que acabar (...). Que lo pida una cofradía no es distinto a que lo pida un club de fútbol". Opinión distinta sostiene Margarita Robles, según la cual "la Semana Santa ya no es un fenómeno religioso, sino social y cultural, y las cofradías no son un fenómeno religioso, sino social y cultural, y siempre la gente que nos proponían estaba en tercer grado, era gente que estaba en la calle ya. A la gente lo que le cabrea es que el corrupto o el terrorista esté en la calle".

Juan Alberto Belloch defiende que "es una pura tradición, pero está vacía de contenido" y que las cofradías "siempre pedían asesoramiento y solamente actuaban conforme a la opinión ya previamente transmitida por el Ministerio de Justicia, si fuera de otro modo no tendría ningún sentido porque sería inconstitucional o inútil, una de las dos cosas".

Ignacio Astarloa, subsecretario de Justicia durante el mandato de Aznar, mantiene que "no es más que una tradición que nadie se ha cuestionado y, en consecuencia, se admite". Señala que "jurídicamente es indulto como los demás y que, si el ministro de turno quisiese acabar con ella, no habría ninguna consecuencia jurídica".

Te puede interesar

El 62% de españoles rechaza indultos por el 'procés'

Indultos, cuando el Ejecutivo se sitúa por encima del Poder Judicial