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Nacional

Indultos, cuando el Ejecutivo se sitúa por encima del Poder Judicial

El PP ha anunciado una proposición de ley para prohibir la concesión de indultos a los condenados por sedición y rebelión.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, durante la rueda de prensa celebrada en la sede del PP en Madrid.
Indultos, cuando el Ejecutivo se sitúa por encima del Poder Judicial
Efe

El PP ha anunciado una proposición de ley para prohibir la concesión de indultos a los condenados por sedición y rebelión, lo que supondría modificar una ley que data de 1870, que periódicamente es objeto de polémica y que ha beneficiado a unas 7.000 personas desde el año 2000.

Una medida excepcional

La Constitución Española -artículo 62, apartado i- señala que "corresponde al rey el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales", aunque esa decisión se adopta a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros.

La excepcionalidad de esta medida se manifiesta en que el Ejecutivo se sitúa en la concesión de un indulto por encima del Poder Judicial y por ello la propia ley incide en que la aplicación de esta medida de gracia no debe quebrantar el prestigio de los tribunales.

Para que pueda concederse un indulto deben darse una serie de requisitos como que haya sentencia firme, que no cause perjuicio a terceras personas, que el reo no sea reincidente y que el análisis de sus circunstancias personales lo recomiende en aras a la reinserción.

El indulto puede ser total o parcial y se diferencia de la amnistía, prohibida en España desde 1978, en que no supone la eliminación de los antecedentes penales ni el perdón del delito, sino simplemente de la pena.

Coincidencia política en limitar los indultos

Actualmente se pueden conceder indultos para cualquier tipo de delitos, aunque parece existir coincidencia entre las distintas fuerzas políticas en la necesidad de limitar esta figura, como se puso de manifiesto en 2017 cuando llegó a admitirse a trámite por unanimidad una proposición de ley del grupo socialista que pretendía prohibir la concesión de indultos a los condenados por corrupción y violencia machista.

Esas excepciones podrían ampliarse también a delitos como el terrorismo, según la propuesta que hizo entonces Ciudadanos; a los de violación y trata, como pidió Podemos; mientras que el PP, ya en febrero de este año en pleno desafío secesionista catalán, enmendó la iniciativa para evitar también indultos a condenados por sedición y rebelión, como vuelve a pedir ahora.

La motivación del indulto es precisamente otra de las cuestiones que siempre ha causado polémica, ya que la discrecionalidad que la ley del siglo XIX otorga al Ejecutivo para concederlos se vio incluso reforzada con la única reforma de esa norma, cuando en 1988 se incluyó como medida más destacada que no resultaba preciso un decreto "motivado".

Podemos llegó a solicitar que un organismo independiente se encargara de analizar los motivos de esta medida de gracia.

Tendencia a la baja

Las estadísticas dicen que el indulto es una figura en desuso, ya que de los 1.744 concedidos en el año 2000 se ha pasado a 26 en 2017, según los datos de la Fundación Civio con datos recogidos del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Está fundación ha estudiado los concedidos por los distintos gobiernos desde el año 1996 -Ejecutivos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy- que suman 10.565 hasta finales del año pasado, 6.974 desde el año 2000.

Los últimos cinco años marcan una paulatina reducción: 2013 (204); 2014 (87); 2015 (75); 2016 (27) y 2017 (26).

El exministro de Justicia Rafael Catalá aseguró el año pasado que el Gobierno concedía menos de un 1 por ciento de los indultos solicitados y ninguno de ellos en materia de violencia de género, seguridad vial o corrupción.

Desde que la fundación Civio estudia los indultos, no se ha concedido ninguno a penados por rebelión, mientras que llama la atención que, aunque cada vez en menor medida, sí se mantengan las medidas de perdón concedidas a petición de las cofradías en vísperas de Semana Santa.

En 2017 fueron 7, la cuarta parte de todos los concedidos, y en 2016, 13 de 27, casi la mitad.

Indultos polémicos

El último caso de indulto polémico fue el que se concedió en noviembre de 2012 a un conductor condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven en Valencia, cuya pena se conmutó por una multa de algo más de 4.000 euros.

Un año después el Tribunal Supremo anuló el indulto al atender el recurso de la familia del joven que había denunciado que un hijo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón trabajaba en el bufete que defendió al conductor y que el abogado defensor era hermano del subsecretario de Justicia.

En el caso de las identificaciones de varias de las víctimas del accidente del Yak 42, el Gobierno indultó parcialmente al comandante José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez que habían sido condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y multa de 900 euros por falsear las identificaciones; el indulto afectó a la pena de inhabilitación.

Durante la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el indulto más polémico fue el que se concedió al ex consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz que había sido condenado a tres meses de inhabilitación por un delito de acusación falsa, pero que gracias al perdón del Ejecutivo, pudo mantenerse en su cargo. También este indulto fue anulado posteriormente por el Supremo.

Gran repercusión social y mediática tuvo el indulto a María Teresa de Jesús Moreno, "la Tani", condenada en 1999 a catorce años de prisión por matar a su marido y que fue indultada parcialmente en diciembre de 2000 reduciendo su condena a dos años y medio de cárcel.

También resultaron polémicos los indultos parciales al exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, miembros del gobierno de Felipe González, que habían sido condenados por el secuestro de Segundo Marey por los GAL; así como la medida de gracia aplicada al exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que había sido condenado a 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación durante la instrucción del caso Sogecable.

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