El hastío que suscita entre los aragoneses la repetición electoral no debería ocultar lo mucho que se juega la Comunidad en la necesaria y urgente configuración de un nuevo Gobierno. Los 25 parlamentarios de Aragón que se eligen este domingo, trece diputados y doce senadores (y dos autonómicos), estarán llamados a defender los intereses de una autonomía que clama contra un injusto reparto de la financiación, por unas dignas infraestructuras y por una transición energética que ya no hay tiempo para que sea justa.

España se rige aún por los presupuestos prorrogados de 2018, e iniciará el próximo año sin haber diseñado siquiera un proyecto nuevo. Se ralentizan, con ello, las inversiones en infraestructuras que llevan años diseñadas y se dificulta la puesta en marcha de iniciativas de futuro que permitan a la Comunidad plantar cara a la desaceleración económica que se intuye muy cerca y que pronto empezará a mostrar su peor cara.

Financiación autonómica

Sin un Gobierno fuerte seguirá en un cajón la reforma de un modelo de financiación autonómica que reclama la España interior y que ni siquiera contenta ya a la próspera que, hasta ahora, se ha visto favorecida. Todos los partidos políticos de las Cortes defienden que el nuevo sistema de reparto atienda al coste efectivo de la prestación de servicios, que se encarece en Aragón por culpa de la dispersión y del envejecimiento de la población.

Ni el PP ni el PSOE se han atrevido en los últimos años a iniciar el debate, pues saben, de antemano, que será como abrir la caja de los truenos, y derivará en un enfrentamiento entre la ‘España Vaciada’ y la que no lo está. Pero parece difícil dilatar más el problema, cuando la despoblación ocupa ya un lugar destacado en la agenda nacional, aunque se limite a la redacción de planes que no se pueden aplicar por repeticiones electorales y gobiernos en funciones.

Despoblación

La creación de un Alto Comisionado para la Despoblación y la elaboración de un plan para afrontar el reto demográfico son medidas simbólicas que, por culpa del bloqueo, no han podido pasar de los planteamientos teóricos a la acción. Buena parte de la España interior mira hoy a la plataforma ciudadana Teruel Existe, que se ha constituido en agrupación de electores para intentar llevar al Congreso sus reivindicaciones. Todos los partidos cuentan en sus programas con medidas específicas para combatir la despoblación, aunque no tienen capacidad de gestión para ponerlas en marcha. Y mientras tanto el Aragón rural sigue perdiendo habitantes, y las instituciones autonómicas y estatales buscan ayuda de Europea para afrontar con garantías en desafío demográfico.

Transición Energética

También el futuro de las Cuencas Mineras depende de la constitución de un Gobierno que sea capaz de aprobar, y de activar, las medidas de un Convenio de Transición Justa que sigue pendientes a apenas medio año de que el cierre de la central térmica de Andorra haga que se resienta el empleo en Teruel y se agudice aún más los problemas que arrastra la provincia. El desarrollo de las energías verdes, que se plantea como una de las alternativas necesita un marco de regulación estable. También la industria del automóvil espera medidas específicas sobre el futuro del diésel y del coche eléctrico.

Infraestructuras

Con presupuestos prorrogados, pocos avances se pueden lograr. Pero Aragón necesita un nuevo Gobierno que apueste por finalizar las obras en las autovías del Pirineo, por el desarrollo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, un tren del siglo XXI que una Zaragoza, Teruel y Sagunto, y el Canfranc para poder aspirar al máximo de ayudas que ofrece la UE a través del Mecanismo Conectar Europa de 2021 a 2027, por el desdoblamiento de las peligrosas N-232 y N-II que se han cobrado decenas de vidas, por el desarrollo de las obras contempladas en el Pacto del Agua de Aragón y de medidas que garanticen la limpieza del cauce del Ebro para evitar los efectos de las riadas. Y por tantas, y tantas obras... 

Sucesiones y Patrimonio

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es el marco en el que las comunidades deben analizar si es posible avanzar hacia una armonización fiscal que equipare a las autonomías en impuestos como Sucesiones o Patrimonio, que sufren importantes variaciones de unas comunidades a otras. Al estar el Gobierno en funciones, hace meses que no se reúne. También se demanda la revisión de unos objetivos de déficit que son difíciles de alcanzar cuando el bloqueo institucional dificulta que el Estado transfiera los fondos a las autonomías en tiempo y forma.

Bilateralidad

El Estatuto de Autonomía de Aragón recoge, en su artículo 108, que se establecerá un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado, que nunca se ha llegado a desarrollar. Una comisión de expertos debe analizar cómo llevar a la práctica el contenido de la norma aragonesa, tal y como se acordó en las últimas reuniones bilaterales. Sigue pendiente, además, la compensación a la Comunidad por la deuda histórica, como se ha hecho en otras legislaturas con algunas autonomías, y que supera los 6.500 millones de euros. 

Pabellón de España

El futuro Gobierno deberá agilizar la cesión a la Comunidad del Pabellón de España de la Exposición Internacional de 2008, que se integrará en un proyecto de campus de Formación Profesional digital que buscará formar profesionales que demandarán en el futuro empresas como Amazon, que tiene previsto ubicar tres centros de datos en la Comunidad.

Cataluña, las pensiones...

Es difícil dar solución al desafío independentista de Cataluña con un Gobierno en funciones, un problema que en Aragón interesa de forma especial por la cercanía y por las relaciones de vecindad. Y preocupa aún más cuando se puede requerir la adopción de medidas de urgencia para garantizar la seguridad ante la posibilidad de altercados. De igual modo, los aragoneses esperan con inquietud que se afronte con rigor el debate sobre cómo se va a garantizar el futuro de las pensiones