Joaquín Olona vuelve a tomar la riendas de la política agraria aragonesa. Pero en esta legislatura su consejería cambia de nombre (que no de contenidos). Ya no será el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, una designación que tan poco gustó al sector cuando este ingeniero agrónomo entró en las filas del Gobierno de la Comunidad en 2015. Ahora Olona es el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Dice que este título no trata tanto de hacer un guiño al sector como de mostrar "la determinación total de centrarnos en la agricultura, la ganadería, por supuesto la alimentación, y el medio ambiente". Y eso no significa, insiste, que se aparque el desarrollo rural, pero "a este ámbito hay que contribuir desde otros muchos departamentos".

Aunque liderado (de nuevo) por el socialista Javier Lambán, el Gobierno actual también tiene una notable diferencia respecto a la legislatura anterior, está formado por cuatro partidos (PSOE, PAR, Podemos y CHA). Y eso se ha dejado notar en la consejería que encabeza Joaquín Olona, cuyas direcciones generales relacionadas con el medio natural y la gestión forestal y el cambio climático están ahora en manos de representantes de Podemos. El consejero explica, sin embargo, que no está preocupado por las posibles dificultades que puede suponer conjugar agricultura y medio ambiente (no siempre fácil) aunando sensibilidades distintas y colores políticos diferentes. "Es un reto. Lo que me tiene que ocupar como responsable de la consejería es saber coordinar esas distintas sensibilidades que además son las que están presentes en la sociedad y saber utilizarlas en favor del propio sector", dice.

El consejero de Agricultura no pierde la intensidad y la insistencia con la que durante toda la legislatura anterior defendió una profunda reforma de la PAC con una propuesta entre las manos que pone el foco de las ayudas en la renta y da carpetazo a los derechos históricos que tanto quebradero de cabeza han dado a Aragón. Y muy vinculada a la PAC, Olona ha mostrado desde el primer momento de su reelección otra gran preocupación: el futuro de la agricultura familiar, muy presente en Aragón, muy decisiva en la vertebración de su territorio e imprescindible si realmente se quiere luchar contra la despoblación, pero muy amenazada por la política de precios y mercados.

Por eso, uno de los objetivos prioritarios de la nueva andadura de su departamento es el impulso de la Ley de protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón, una normativa con la que quiere garantizar la gestión del patrimonio agrario, así como el apoyo público a la mejora de las estructuras agrarias, concentración parcelaria, regadíos, modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes. Porque el consejero, que considera imprescindible impulsar el regadío, reforzar la promoción agroalimentaria y garantizar la sostenibilidad de la ganadería intensiva, es tajante al afirmar que «el sector tiene que ser consciente de que regular los precios está fuera de toda posibilidad».

Entrevista

Desde casi el minuto uno de su renovación en el cargo ha mostrado gran preocupación por la agricultura familiar porque advierte que está seriamente amenazada. ¿Por qué o por quién?

Especialmente por las políticas agrarias. Una de sus principales amenazas es la inadecuada aplicación de la PAC, que no está siendo capaz de que las ayudas se centren y se concentren en la agricultura familiar. Pero también está amenazada por el funcionamiento de los mercados, y aunque estoy de acuerdo en que los precios deberían de ser justos, tenemos que ser realistas, saber en qué mundo vivimos y qué se puede hacer y qué no a través de la política agraria. La política de precios y mercados fue una política que fracasó en la Unión Europea y no tiene ningún sentido que estemos reivindicando esas mismas medidas cuando no solo se ha demostrado que no funcionan, sino que además son injustas. Tenemos que apostar por una verdadera política de apoyo a las rentas, no para conformarnos con unos precios que no remuneran de forma adecuada al agricultor, sino para desarrollar políticas eficaces.

Para protegerla habla de una ley. ¿Que regularía esa norma?

El objetivo es que la que ayuda pública vaya dirigida a ese modelo familiar porque es el que sostiene el territorio. Queremos además que las políticas estructurales (creación de regadíos, concentración parcelaria, formación, modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes…) sean coherentes con este objetivo, porque no ocurre así ahora. Yo defiendo la agricultura familiar, hasta de forma vehemente, pero esta será inviable si no tiene estructuras industriales y comerciales potentes, con dimensión empresarial.

La fruticultura protagonizará la primera protesta a la que se enfrenta en esta legislatura. UAGA avisa de la complicada situación del sector y de sus explotaciones familiares y pide ayudas directas. ¿Hay posibilidad de que las haya?

No. En las reuniones mantenidas con los representantes del sector ya les he dicho que los créditos blandos son la única posibilidad. Soy consciente de que no resuelven plenamente el problema, pero es lo que podemos hacer. Creo que el sector debe reflexionar muy bien las cuestiones que plantea. Puede reivindicar que se regulen los precios, pero tenemos que ser conscientes de que eso está fuera de toda posibilidad, por lo tanto plantear cosas que no se pueden hacer no es la manera de resolver los problemas. La ayuda que estamos habilitando es una medida paliativa que tiene su utilidad. Soluciones mágicas no hay pero el camino, y es lo que les he estado trasladando, es lograr una PAC que aplique una ayuda a la renta para todos los sectores, incluido la fruticultura.

Para eso, primero habrá que lograr que el sector esté incluido en las ayudas directas de la PAC.

Claro, y por eso yo reivindico que así sea. ¿Por qué no me apoyan en esto? ¿Qué interés tienen los agricultores en no tener ayudas directas cuando se pone de manifiesto que la fruticultura tiene un problema grave de renta? Es cierto que esto es difícil, pero se puede conseguir, lo que no se puede pretender es que en la fruticultura y en una determinada comarca haya una política de intervención de mercados, porque eso está fuera de la realidad y no va a poder ser, esta fuera de toda posibilidad.

¿La consejería tiene prevista alguna medida ante la crisis de precios que arrastra un sector tan decisivo para Aragón?

Lo insistí en la anterior legislatura y vuelvo a insistir en la misma idea. Está demostrando que la herramienta de política agraria que tenemos en el sector, es decir las organizaciones de productores, no están respondiendo a los objetivos para los que se crearon que es concentrar la oferta y que las ayudas que está recibiendo el sector a través de los programas operativos que gestionan estas organizaciones, unos 13 o 15 millones de euros en Aragón, deben dirigirse a la promoción y a la mejora de la estructura comercial y no se deben seguir utilizando, tal como lo estamos haciendo ahora, a subvencionar maquinaria. Y ojo, es correcto y no estoy hablando de ninguna irregularidad, sino de una cuestión de estrategia política.

Muchas voces aseguran que la concentración de la oferta les debilitaría más.

Es una cuestión que ciertamente se me ha puesto de manifiesto, pero yo no puedo entender cómo se puede no creer en la concentración de la oferta. Claro, si se hace mal, el resultado será malo, pero será un acierto si se hace bien, con organizaciones que tengan capacidad, que tengan estructura, que tengan dimensión. Para que los fruticultores del modelo familiar puedan sobrevivir necesitan que su producción se canalice a través de estructuras comerciales potentes que sean capaces de llegar al mercado. La prueba es el vino y el porcino.

¿Para evitar la agonía del ovino hay que mirar también a Bruselas?

Sí. Yo soy contrario a las políticas sectoriales, creo que todos los problemas graves de la PAC se deben a esas adherencias de carácter sectorial y solo sirven para enfrentar a los sectores y discutir cómo se distribuye el dinero, pero todo tiene una excepción y esa es la ganadería extensiva. Estoy decidido a defender que haya ayuda sectorial para el ovino y que esta vaya a los que tienen ovejas, no los que un día las tuvieron y ahora no, y a aquellos que de verdad apuestan por la ganadería extensiva, que también hay algunas prácticas que no son precisamente extensivas. No digo más.

¿Realmente no se puede hacer nada ante las pérdidas que está sufriendo la ganadería por los ataques del lobo y el oso?

Yo he dejado muy clara mi posición. No estoy a favor de la reintroducción del oso. Se lo he dicho a nuestros vecinos catalanes y franceses, a los que he pedido que reconsideren su actuación porque tampoco veo cuál es el beneficio neto de esta medida. El caso del lobo es distinto, es consecuencia de la expansión de la población natural. Pero ambos son especies protegidas y es mi obligación, como consejero de Medio Ambiente que soy, protegerlas.

¿Y quién protege al ganado y a los ganaderos? También es consejero de Agricultura y Ganadería.

Hemos habilitado una ayuda, que ellos cuestionan, no para pagar los animales que matan el oso y el lobo sino para ayudar a los ganaderos a que se puedan adaptar a esta situación. Ellos dicen que es imposible adaptarse y ciertamente es difícil, pero aludo al realismo, son especies protegidas y el Gobierno tiene obligación de protegerlas. Es cierto que también tengo obligación de ayudar a los ganaderos para que puedan adaptarse a una situación que yo solo concibo en términos de legalidad. Si alguien considera que estas especies no tienen que estar protegidas hay otros ámbitos en las instituciones europeas para plantearlo.

Hay otra especie cinegética que tiene desesperados a los agricultores: los conejos. ¿Va a tomar medidas?

En breve vamos a anunciar medidas excepcionales. El problema es gravísimo, hay que actuar, y corresponde al Gobierno tomar decisiones. Hasta ahora nos hemos basado en la voluntariedad de la caza, pero vamos a elaborar una normativa para introducir su obligatoriedad, no de una manera autoritaria o unilateral, pero vamos a dar ese paso aludiendo a las obligaciones de los cotos.

¿Son impensables medidas biológicas como las que se escuchan entre los agricultores?

Tenemos que ser sensatos, que se plantee eso da muestra de la gravedad del problema y entiendo que lo pidan en una situación casi desesperada, pero lo que no podemos hacer es lo que no se puede hacer. No podemos propagar enfermedades que no sabemos qué consecuencias podrían tener.

¿Hay burbuja en el porcino? Distintos municipios están dictando normas para frenar su expansión. ¿Le parece excesivo?

No, no hay una burbuja porque es un sector internacionalizado que está exportando y no produce pensando en una demanda regional, ni siquiera nacional. Es lo mismo que si nos planteáramos si son muchos los coches que fabrica Opel para un mercado como el aragonés o el español. Pero dicho esto entiendo que esos movimientos contrarios a la expansión del sector son muy importantes en el sentido de que nos están llamando la atención sobre una cuestión que tendremos que resolver y de la que depende la sostenibilidad del sector: los purines. Para eso hemos desarrollado normativa que tenemos que aplicar ahora con eficacia. Yo defiendo al sector porcino, lo que no defiendo es hacer cualquier cosa en cualquier sitio. Hemos declarado zonas saturadas y hemos tomado medidas, pero no podemos ocultar que hay una producción de purín que hoy por hoy no está resuelta de manera satisfactoria.

¿El decreto ya está dando frutos?

Lo primero que quiero poner en valor es que ha sido un decreto muy laborioso, que costó mucho aprobar, pero que está muy legitimado por el sector. Ahora el reto es aplicarlo por tierra, mar y aire, si se puede decir así.

La PAC fue uno de los caballos de batalla en la anterior legislatura. Su propuesta de reforma consiguió apoyos e incluso que algunas de sus premisas recibieran el visto bueno en el Ministerio. Supongo que seguirá en la lucha, pero ¿le preocupa que un Gobierno en funciones y unas nuevas elecciones paralicen lo conseguido?

Espero que no. Desde luego no es la situación más favorable porque en los últimos meses con el ministro Luis Planas se dio un gran paso cualitativo de tomar la iniciativa en los planes estratégicos nacionales y sería una pena que perdiéramos esa posición. Confío en que no sea así, espero que aun con un gobierno en funciones se mantenga ese pulso, pero desde luego no es la mejor fórmula. Creo que ante la reforma en profundidad que viene es necesario una postura fuerte en España con un amplio consenso, cuya consecución no suponga, eso sí, reducir ni un milímetro la ambición que hemos establecido desde Aragón.

¿Un nuevo comisario de Agricultura de origen polaco puede ser una ventaja o todo lo contrario?

No le conozco, ni tengo referencias, pero me imagino y quiero pensar que a un polaco no le va a costar mucho entender lo que es la agricultura familiar ni las posturas que defendemos desde Aragón. Por eso creo que podría ser una ventaja, pero habrá que esperar a ver qué postura toma.

¿Habrá elecciones para actualizar la representatividad del sector agrario?

Más que unas elecciones mi propósito más inmediato es elaborar una ley de representatividad agraria y de extinción de las cámaras. Aprovecho ahora para comprometer mi acción política en este sentido. Sería mejor y mucho más fácil con acuerdo de las organizaciones agrarias, pero como hay puntos donde no se puede llegar a un acuerdo creo que es responsabilidad del Gobierno dar pasos. No estoy hablando de una ley con desacuerdos, pero sí de que el Ejecutivo tome más iniciativa y más impulso. Indudablemente llevará a regular unas elecciones, porque en un contexto democrático creo que no cabe pensar en regular la representatividad de las organizaciones sin pasar por las urnas. Otra cosa será cómo lo regulamos, cada cuánto...

Y el patrimonio de las cámaras agrarias, ¿tiene alguna idea sobre cuál será su destino?

El patrimonio es uno de los obstáculos que dificulta el acuerdo, pero hay que insistir en que este patrimonio es de los agricultores, no es de las organizaciones agrarias ni de las cámaras por lo que propongo que una manera de preservarlo, aunque estoy abierto a alternativas, sería crear una fundación o figura con personalidad jurídica en la que el papel del Gobierno sea el que consideren más apropiado las organizaciones agrarias y solamente para garantizar que ese patrimonio y el fruto del mismo vaya únicamente a ayudar a financiar el funcionamiento de las organizaciones agrarias y, por lo tanto, a los intereses, necesidades y reivindicaciones de los agricultores.

La industria alimentaria lleva años reclamando una promoción más ambiciosa. ¿La conseguirá esta legislatura?

Tengo empeñada mi palabra con el sector de que hay que abordar la promoción alimentaria de manera seria en esta legislatura. Ya hemos lanzado la iniciativa ‘Comparte el secreto’, un guiño para ir todos en una en una misma dirección y con concepto único, pero sé que me tengo que batir el cobre para tener recursos que nos permitan hacer una promoción como corresponde a los alimentos de Aragón, porque también es una manera de mejorar la renta de los agricultores. Hay que hacer mucha más y mejor promoción y para eso hacen falta recursos, pero esos recursos sí que son planteables hasta en un contexto de dificultad presupuestaria.

Para todos sus objetivos, ¿confía pues en conseguir que este año su consejería disponga de un presupuesto que no irrite (por insuficiente) al sector?

Mi obligación es contar con los presupuestos necesarios para atender a las necesidades y prioridades del sector, pero no oculto que la situación y el contexto presupuestario, fruto también de la situación nacional, plantea dificultades presupuestarias, aunque los agricultores y ganaderos pueden estar seguros de que voy a trabajar para tener los recursos públicos que necesita el sector. Sin embargo, a mí me preocupa más aplicar bien los recursos que tenemos, y el principal recurso del departamento son los 500 millones de euros que aplicamos directamente en vena a la renta de los agricultores, porque lo que no se puede pedir es que lo que no resolvemos con ese montante lo vayamos a resolver con convocatorias de unos pocos miles de euros.

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