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La psicóloga forense no confirma los supuestos abusos a un niño que separaron de sus padres

La DGA retiró al menor de su familia durante seis meses y lo devolvió cuando el juez archivó el caso por falta de pruebas.

Imagen de archivo de la fachada del Instituto de Medicina Legal de Aragón, en Zaragoza.
Imagen de archivo de la fachada del Instituto de Medicina Legal de Aragón, en Zaragoza.
Guillermo Mestre

La psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón Cristina Andreu reiteró este lunes que no ha encontrado criterio alguno para confirmar que un menor que fue retirado por la DGA a sus padres durante seis meses sufriera abusos sexuales por parte de su progenitor.

A esta conclusión ya llegó en su día el Juzgado de Instrucción número 1 que investigó el caso por la vía penal, pero ahora es la contencioso-administrativa la que dirá finalmente si la actuación de la administración fue la correcta o no. De ello dependerá que obligue al Gobierno de Aragón a que resarza a los padres del niño (que cuando sucedieron los hechos tenía 4 años) por los perjuicios sufridos tanto por el crío como por sus progenitores. Estos, a través de su abogado Alfonso Bayo, están reclamando una indemnización de 250.000 euros, a la que se opone obviamente tanto la DGA como la compañía Mapfre, que cubre la responsabilidad civil de los funcionarios.

La representante legal de la DGA mantiene que la actuación de los Servicios de Menores fue correcta y que tomaron la decisión de separar al niño de su familia para protegerlo, tras entrevistarse con personal vinculado al centro escolar y con los servicios sociales de la comarca. El informe elaborado por el servicio autonómico concluyó que la información aportada por el menor era compatible con una "situación de abuso sexual".

Como ya expuso en el juzgado, la psicóloga del IMLA Cristina Andreu volvió a hacer hincapié en que, tras explorar al menor, no hallaron indicios de supuestos abusos sexuales ni tampoco cumplía los requisitos de credibilidad, de acuerdo con los sistemas de evaluación que se usan en estos casos.

"Entrevista colectiva"

Ante el magistrado de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo, Juan José Carbonero, Andreu manifestó que lo más importante de este caso es que no se tuvo en cuenta cómo se obtuvo la revelación de los presuntos abusos. "Hubo una presión colectiva en el aula, entrevistaron a varios niños juntos y no sabemos si las preguntas fueron inductoras de sugestión o de falsos relatos, aunque lo hicieran de manera no espúrea", indicó.

Según la psicóloga forense, se habló con los niños del colegio después de que sus padres los hubieran estado interrogando preocupados sobre el tema. "Sesión que los niños percibieron sin duda como censura o presión social y garantiza prácticamente la inducción de falsas memorias", manifestó.

Andreu resaltó que el equipo de Menores señaló que las docentes del colegio habían dicho que el niño tenía una conducta hipersexualizada, cuando luego las profesoras lo negaron de manera explícita en el informe.

De acuerdo con el protocolo y técnicas SVA (lista de criterios de validez, por sus siglas en inglés), y de credibiliad (CBCA), el menor apenas cumplía tres criterios, algo totalmente insuficiente.

En su informe, las especialistas del IMLA describieron al niño como "muy imaginativo", con un desarrollo psicológico medio alto y un "excelente" nivel de lenguaje. A su juicio, no presentaba síntomas psicológicos, emocionales o conductuales que pudieran considerarse secuelas de los presuntos abusos.

A esta misma conclusión llegó una facultativa que trató al menor y a sus padres. En su opinión, el niño evolucionó bien y no apreció ningún trastorno. Explicó que observó una reacción anímica y social "adecuada a la situación vivida". "De repente cambió su situación familiar y tuvo que adaptarse", dijo, pero, añadió, su reacción posterior está dentro de los parámetros normales y no puede calificarse como secuelas.

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