Varapalo al decreto que intenta usar la DGA para rescatar proyectos de ley caducados

La posibilidad de que el Gobierno aragonés vuelva a remitir a las Cortes proyectos de ley caducados "excede los límites materiales propios de una disposición reglamentaria y carece de la suficiente cobertura legal". Así de contundente se muestra el Consejo Consultivo de Aragón, que ha emitido un informe "desfavorable" del proyecto de decreto por el que el Ejecutivo PSOE-CHA intentó dejar la puerta abierta, antes de que acabara la IX legislatura, a rescatar las propuestas legislativas que no dio tiempo a votar en el Parlamento. Aunque su dictamen no es vinculante, parece difícil que la DGA pueda encontrar argumentos convincentes para avalar un decreto que intentó tramitar en un tiempo récord y en el que el Consultivo aprecia "tacha de ilegalidad". El consejo llega a sugerir en el dictamen 90/2019 que se intentó tramitar como decreto una de las novedades del proyecto de modificación de la ley 2/2009 del presidente y el Gobierno de Aragón (LPGA) atascada en las Cortes. 

El proyecto de ley de vivienda de Aragón, de la renta social básica, del fondo aragonés de financiación municipal y de economía social figuran entre las once propuestas normativas que caducaron al fin de la legislatura y que se tendrán que empezar a tramitar de nuevo. Con el considerable retraso en su aprobación y aplicación que eso conlleva.

Conscientes de que la legislatura tocaba a su fin e importantes proyectos de ley corrían peligro de decaer, se encomendó a la secretaría general de la Presidencia impulsar un proyecto de decreto para desarrollar la capacidad normativa del Gobierno de Aragón. Hasta tres borradores se llegaron a elaborar. El último, de 21 de febrero, incorporaba las sugerencias técnicas planteadas por la Dirección General de Servicios Jurídicos para conformar un expediente integrado por 25 documentos y 192 folios que se remitió, un día después, al Consejo Consultivo de Aragón para solicitar "en el plazo extraordinario y urgente de 15 días" que hiciera público su dictamen. En la solicitud se indicaba que el objetivo era someter a aprobación la propuesta normativa el día 26 de marzo de 2019, ocho días antes de que se publicara en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de elecciones.

PSOE-CHA justificó la tramitación del decreto en la necesidad de ajustar la normativa aragonesa a la estatal y de garantizar la seguridad jurídica.

Para el Consejo Consultivo, el artículo 17.4 del proyecto de decreto, que permitía al Gobierno "volver a aprobar el mismo texto ya presentado y acordar presentarlo de nuevo a las Cortes, sin más trámites", figuraba ya en el proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2009 que se estaba tramitando en las Cortes (y que ha decaído). Alertó, por ello, de que "ante el inminente final de legislatura" se intentaba tramitar el rescate de las normas como proyecto de decreto (en manos del Ejecutivo), cuando esta materia "debería estar reservada a una ley". Y fue tajante: "Que la reforma de la LPGA haya quedado interrumpida por el fin de la legislatura no justifica lo arriesgado de la solución pretendida por el Gobierno de Aragón al decidir tramitar el proyecto de ley como proyecto de decreto". Tampoco comparte el Consultivo que los proyectos de ley caducados, si el Gobierno autonómico lo estima conveniente, se recuperen "sin necesidad de más trámite". Recomienda, al menos, que Hacienda los revise. 

El coste de aplicación del decreto, que no incluye la preceptiva memoria económica, es otro de los puntos de fricción. A pesar de que la DGA entiende que su entrada en vigor "no implicará un coste económico para la Administración", en el proyecto se reconoce que la evaluación normativa que propone podría implicar un gasto y deja su valoración a un desarrollo posterior. 

También cuestiona que el proyecto llegara sin el preceptivo impacto por razón de género y critica la regulación que formula de la consulta pública, y que está prevista en la norma estatal. El Consejo Consultivo advierte a la DGA de que "la calificación de un proyecto normativo como urgente con objeto de eximirlo de la consulta pública no debería hacerse depender de la decisión discrecional del órgano promotor del proyecto, sin que la norma ofrezca pautas al respecto".