El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, se ha pronunciado sobre el sector porcino. Mejor dicho, sobre el impacto que los desechos de esta ganadería causa en las aguas y el medio ambiente. Y lo ha hecho tras admitir a trámite una queja en la que se expone que Aragón lleva cinco años creciendo a un ritmo de 6.000 cabezas semanales. Y se asegura que esta "proliferación desmesurada y descontrolada" conlleva un agravamiento de la contaminación de ríos y acuíferos por purines en la cuenca del Ebro. Según dicho escrito, que señala que solo en Huesca se engordan más cerdos que en toda Andalucía, se advierte de que hay 11 ríos y 36 acuíferos aragoneses que se encuentran oficialmente contaminados por nitratos o a punto de estarlo por lo que pide a la institución "que solicite una moratoria para nuevas explotaciones y ampliaciones de ganadería industrial".

En su escrito, Dolado, que asegura que constató "la problemática que esta actividad genera" en una visita que realizó a la localidad oscense de Fonz, recomienda que se intensifique el control y la planificación en la producción así como la gestión de estiércoles de las explotaciones de porcino en zonas saturadas de Aragón. Por eso, el Justicia sugiere al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad que apruebe en el plazo más breve posible el Plan de Inspección y control de las actividades de producción y gestión de estiércoles y residuos orgánicos, y que elabore y publique un informe anual sobre las zonas vulnerables a los nitratos, su origen y los resultados del control de las aguas subterráneas y superficiales.

Dolado se dirige también al Departamento de Sanidad al que pide que promueva o participe en la realización de los estudios en los que se analicen los efectos en la salud de los trabajadores del sector ganadero y agrícola y la población en general por la ganadería extensiva porcina.

A juicio de la institución, el objetivo de la Administración debería ser reducir la contaminación de las aguas por nitratos procedentes tanto de explotaciones ganaderas como de la agricultura, hasta, si es posible, que sea imperceptible en los análisis de agua. E incluso considera que en muchos casos, "las presiones de grandes grupos económicos dificultan a pequeños ayuntamientos ejercer sus políticas de prevención".

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