La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza ha archivado una denuncia interpuesta por el director general de Movilidad, José Gascón, contra dos funcionarios de Transportes de la DGA que motivó la apertura de una causa por presunto blanqueo de capitales. En su investigación, la Policía llegó a instalar cámaras en despachos de las dos máximas responsables del servicio de Inspección y a hacer seguimientos de los dos trabajadores, de los que se tomaron fotos en la cafetería del Pignatelli.

José Gascón aseguró a este diario que estaba "obligado" a acudir a la Policía tras recibir hace un año un informe de la jefa de servicio de Gestión e Inspección del Transporte, A. L., y otro firmado junto a la jefa de sección, A. M. G., y la inspectora S. A. en la que relataban "graves irregularidades" del número tres del servicio, Á. G., y de otra funcionaria, C. E., de la subdirección provincial de Transportes.

El grueso de la denuncia, presentada a finales de enero de 2018, se centraba en la supuesta desaparición de actas de casi medio centenar de expedientes sancionadores a empresas, que se relacionó con el hecho de que el funcionario denunciado fuera «sorprendido saliendo o en el interior» de los despachos de las jefas de servicio y de sección. Según el relato recogido en el atestado policial, las funcionarias detectaron «la falta de diversos documentos que al tiempo vuelven a aparecer, y otros que no han aparecido».

Al jefe de negociado de Inspección, con más de 30 años de experiencia en el servicio, también se le denunció en comisaría por "diversas irregularidades" en el cumplimiento de su horario laboral y que igualmente se relacionaba con la suerte de los expedientes sancionadores.

Negativa a pinchar teléfonos

Con autorización de las jefas de Inspección del Transporte, la Policía instaló cámaras de seguridad en sus despachos y grabó al personal que allí entraba durante un periodo de tiempo. Lo que no logró la Brigada de Blanqueo de Capitales fue el permiso para pinchar dos teléfonos móviles del jefe de negociado de Inspección de Transportes al entenderse que no procedía una "invasión tan relevante" de derechos fundamentales cuando de la denuncia y del relato policial "únicamente cabe apreciar meras sospechas no objetivadas de comportamientos irregulares de carácter administrativo".

Al mismo tiempo, los agentes de Blanqueo de Capitales rastrearon las cuentas de los últimos años de Á. G. y de su compañera de trabajo en busca de ingresos injustificados. También les hicieron seguimientos, incluso en la cafetería del Pignatelli, de los que quedan el testimonio de los atestados con fotografías cuando se tomaban un café.

La investigación dio un giro inesperado solo dos meses después, cuando las tres denunciantes acudieron a la Jefatura Superior de Policía a retractarse. Como consta en su acta de declaración, señalaron que una vez comprobados los expedientes bajo sospecha querían hacer constar que "los movimientos" se debían al trabajo ordinario, "por lo que no cabe imputarlos a comportamientos irregulares de ningún tipo". Además, reconocieron que en las grabaciones de las cámaras se apreciaba cómo entraban funcionarios a sus despachos «tomando y dejando diversos documentos», una actividad que ahora sí consideraban "dentro del orden normal".

La Policía remitió un extenso informe en el que solo pudieron constatar que Á. G. dio clases en academias de preparación para la obtención del carné de capacitación técnica para el transporte, lo que solo podría suponer una "incompatibilidad laboral y una defraudación tributaria". A la otra encausada, que sí tiene dicho carné y que cobraba por ello de distintas empresas que la tuvieron dada de alta, se le atribuyó un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, dado que al mismo tiempo se encarga de la supervisión y control de las titulaciones que ella misma ostenta.

Sin embargo, en el auto de archivo, la juez llega a la conclusión de que las diligencias practicadas no han podido concluir que los dos investigados hayan perpetrado delitos contra la Administración Pública.

Solo en el caso de la funcionaria apunta que sus actividades podían ser incompatibles con su trabajo, que realiza con exclusividad, pero añade que no resulta plenamente acreditado que se haya beneficiado ninguna de las empresas a las que ha cedido su capacitación "ni que haya cobrado cantidades irregulares por ello".

Respecto a las clases de preparación que daban ambos funcionarios, la juez apunta que debieron pedir la compatibilidad en la Administración, pero añade que su conducta no es constitutiva de delito. Por ello, archivó las diligencias sin que la DGA llegara a personarse y recurriera el auto.

Lo que sí ha hecho el departamento de Vertebración del Territorio es abrir ahora un expediente disciplinario a la funcionaria, mientras su compañero acaba de solicitar un procedimiento de evaluación de riesgos psicosociales, "a la mayor brevedad posible", en el servicio de Inspección de Transportes "con el fin de salvaguardar la salud" de los trabajadores de Inspección de Transportes ante la "concepción autoritaria de la jefa del servicio".