Los trabajadores de las contratas de la térmica de Andorra acusaron ayer a Endesa de "chantaje" por supeditar su futuro a la concesión de los mil megavatios de energía fotovoltaica que sustituirán a los actuales una vez se desmantele la central. Los empleados criticaron que la eléctrica les utilice "como baza" para asegurarse la evacuación y dijeron sentirse "una pieza de cambio". Este será uno de los asuntos que tratarán junto a la consejera de Economía, Marta Gastón, el próximo lunes en una reunión en la que, además, reclamarán información sobre las empresas interesadas en instalarse en el territorio.

"Solo queremos trabajar", subrayaron desde la plataforma de las contratas. Los trabajadores valoraron "negativamente" las palabras del director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, tras su reunión con la consejera y defendieron, como hiciera Gastón, que Endesa no tenga prioridad en la concesión de estos mil megavatios, aspecto recogido en la estrategia de transición justa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No ha gustado, entre otros aspectos, que a 14 meses del cierre de la central no se les haya ofrecido ninguna garantía que no vaya ligada a la evacuación de los mil megavatios. "Se ha lucrado y quiere seguir haciéndolo a costa de la comarca. No podemos seguir dependiendo de una empresa que se comporta así", manifestaron.

El colectivo teme que no todos los trabajadores actuales puedan acceder a los cursos de formación que contempla el plan de acompañamiento presentado por la eléctrica ante el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera. "Es otro engaño. En Compostilla, la empresa no ha cumplido y ha habido compañeros que se han tenido que pagar sus propios cursos", resaltaron los trabajadores consultados. El problema, incidieron, se plantea a la hora de hacer coincidir los perfiles actuales con los que se necesitarán de cara a las tareas de desmantelamiento de la central, que se prolongarán entre cuatro y seis años, y la construcción y mantenimiento de las futuras plantas fotovoltaicas. "Las secciones de mecánicos y de limpieza podrían tener dificultades", aseveraron.

La plataforma ve en los hasta 200 puestos que se ofertarán durante dicho desmantelamiento "un parche" y reclama "oportunidades laborales", ya sea en el proyecto fotovoltaico de Endesa o en las empresas que puedan instalarse en la comarca. "Lo que no queremos es marcharnos de nuestro pueblo", aseguraron.

Este, en todo caso, no es el único frente abierto para Endesa. La Audiencia Nacional ha dado la razón a la eléctrica y ha dejado sin bonificaciones a extrabajadores y cónyuges, una decisión que solo en Aragón afectaría a más de 5.000 personas y que será recurrida en las próximas semanas.

Los sindicatos ultiman un recurso de casación basándose en el voto particular de la presidenta de la Audiencia, que les dio la razón. El fallo hará que la eléctrica ya no pague la factura de la luz del denominado personal pasivo, que tampoco percibirán más ayudas escolares. La empresa, en todo caso, espera seguir dialogando "con flexibilidad y buena fe" dentro de "un clima constructivo de entendimiento".

La falta de acuerdo, unida al hecho de que las negociaciones permanecerán "rotas" hasta el día 24, hará que los trabajadores de la eléctrica hagan huelga el próximo viernes durante 24 horas y se manifiesten en Madrid con motivo de la junta de accionistas de Endesa. De Aragón se espera que salgan cuatro o cinco autobuses.