El Ejecutivo PSOE-CHA cifra en un 89% el grado de cumplimiento de su plan de gobierno en la legislatura que toca a su fin. Hacienda y Sanidad son las dos áreas con un menor grado de ejecución de los objetivos fijados. Así figura en la web de transparencia del Gobierno aragonés, donde se incluye, entre los retos inalcanzables ya, las leyes de apoyo a las familias, renta social básica y Función Pública, y la reforma de la financiación autonómica, que no atendieron ni el popular Mariano Rajoy ni el socialista Pedro Sánchez.

El balance apunta a que se han conseguido el 80% de los objetivos; un 18% está en ejecución y el 2% restante, pendiente de iniciar. Por áreas, Economía, Educación y Desarrollo Rural son las que registran un mayor cumplimiento, con un 99%, un 95% y un 92%, respectivamente. Les siguen Innovación (88%), Ciudadanía y Vertebración del Territorio (87%), Presidencia (85%), Hacienda (81%) y Sanidad (78%). Hay casos, como ocurre con la Ley de Vivienda o la Ley de Apoyo a las Familias, en los que se considera que la meta se ha alcanzado cuando, en realidad, no se han llegado a votar en las Cortes, que se disuelven hoy.

El gasto social ha sido la prioridad del Gobierno aragonés a costa de sacrificar la inversión. Y de incrementar la presión fiscal hasta el último año de la legislatura, en el que pactó con el centroderecha la reforma de Sucesiones, para elevar a 500.000 euros el límite exento de tributación en herencias de padres a hijos y entre cónyuges, y la supresión del impuesto de la nieve, un tributo que nunca se llegó a aplicar. No se llegó a alcanzar un acuerdo para modificar el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA).

El incremento de la presión fiscal que PSOE-CHA_pactó con IU y Podemos en 2015 ha elevado en cien millones de euros al año la recaudación tributaria de la Comunidad.

En 700 millones de euros ha cifrado el Ejecutivo PSOE-CHA el aumento del gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, un incremento necesario para contrarrestar las carencias de un modelo de financiación autonómica insuficiente que no tiene en cuenta el sobrecoste que comunidades autónomas como Aragón asumen por culpa de la dispersión y la despoblación. De nada sirvió la constitución de un frente común por parte de la España vaciada para conseguir una reforma incómoda y sin mayorías políticas suficientes para llevarla a cabo.

Aragón y el Estado estrecharon lazos institucionales, aunque con un rédito político bastante escaso. En la legislatura se han celebrado dos reuniones de la comisión bilateral, una el 27 de julio de 2017, en la que se pactó renovar el Fondo de Inversiones de Teruel, y otra el 19 de noviembre, que dejó como gran anuncio que el Gobierno ejecutará la elevación de aguas del Ebro a Andorra, aunque ni siquiera se ha iniciado.

A mediados de noviembre del año pasado Endesa comunicó su decisión de cerrar en 2020 la central térmica de Andorra, de la que dependen 4.000 empleos directos e indirectos. Este anuncio ha condicionado la política aragonesa de los últimos meses, primero con cruces de reproches y después con la constitución de una comisión en las Cortes para estudiar medidas que ayuden a paliar su efecto en las Cuencas Mineras.

En Economía y Desarrollo rural, PSOE-CHA ha mantenido una firme apuesta por las energías renovables, con más de 140 parques eólicos impulsados, y por la agroindustria, con proyectos como Bon Àrea en Épila y el matadero del grupo Pini en Binéfar.

Aragón cerró 2018 con un déficit del 0,32% (unos 120 millones en términos absolutos) y cumplió, por primera vez en una década, el objetivo de déficit fijado (0,40%). La Comunidad no tendrá la obligación de presentar este año un Plan Económico Financiero para que el Ministerio de Hacienda vigile su gestión. El Ejecutivo autonómico, en minoría, ha logrado sacar adelante tres presupuestos con el apoyo de la izquierda, y en 2019 ni siquiera lo ha intentado.

Con siete partidos con representación parlamentaria ha resultado complicado alcanzar acuerdos unánimes. Tienen, por ello, un valor especial el Pacto por la Ciencia y el documento que sentó las bases del Pacto por la Educación en Aragón. Hasta se pusieron todos de acuerdo in extremis para salvar un diputado en Teruel.

La capacidad legislativa se ha visto cuestionada con recursos ante el Tribunal Constitucional de varias leyes importantes como la de capitalidad y la de actualización de los derechos históricos.