La primera vez que escuché el término ‘España vacía’ me resultó hiriente. ¡Qué desfachatez llamar vacío al solar con más diversidad natural, cultural y antropológica de la Península! No voy a entrar a desmontar semejante falacia, creo que más bien es la hora de contribuir con propuestas concretas, con soluciones viables. El mundo rural necesita miradas positivas y no intereses personalista ni más estigmas.

Tenemos tres herramientas fundamentales para la acción inmediata. La primera y más difícil, revertir los eslóganes acuñados desde el desarrollismo: "Lo rural es cateto, pobre e inculto"; "nada bueno puede salir del campo"; "¡todos a la ciudad!". Si un nieto le dice hoy a su abuela "quiero irme a vivir al pueblo", ella se llevará las manos a la cabeza. Sin embargo, la opción de habitar en el mundo rural es digna y muy viable, pues propicia vivir en armonía con uno mismo y con la naturaleza. Tal y como están las cosas, ciertamente es difícil, pero al menos la ruralidad aporta tranquilidad, aire puro y calidad de vida.

La segunda herramienta es más sencilla. Cumplir la Constitución y poner presupuesto a un ordenamiento legal aprobado en 2007, desarrollado en parte con decretos y finalmente enterrado en los cajones de los distintos ministerios. Me refiero a la Ley de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural, vital para asegurar la sostenibilidad de las medidas que se tomen y la calidad de la vida en el medio rural. La ley 45/2007 aporta un claro enfoque multisectorial, introduce elementos para garantizar la gobernanza de los implicados e incorpora instrumentos tanto para la acción pública coordinada como para la planificación más integral de las zonas rurales.

La citada ley no es un instrumento más, sino el marco que conforma cómo desarrollar cada uno de los ejes estratégicos, así como los recursos que debe comprometer cada administración en empleo, vivienda, agua, infraestructuras, incentivos para los funcionarios que residen y trabajan en los pueblos, atención y cuidados, integración, salvaguarda del patrimonio natural y cultural y hasta un ‘observatorio del impacto de las políticas estatales en el medio rural’. No son 13 medidas, es un ‘plan’ que engloba todas esas medidas necesarias y muchísimas más. Es también una garantía contra posibles tergiversaciones de esa rebeldía de la España vaciada a favor de los intereses clientelares de los partidos o de nuevos centralismos catalizados por diputaciones provinciales y capitales de provincia. Por eso, su reactivación es urgente, por eso es necesario que sea una exigencia de todas las asociaciones y entidades ciudadanas que participen en Madrid el día 31, para que esa manifestación no sea solo un mero clamor de agravios y lamentos.

La tercera herramienta atañe a los políticos. Exigimos un compromiso firmado públicamente de nuestros diputados y senadores de provincias netamente rurales para que se entreguen a la causa de sus votantes y no a la deriva urbanita de las élites de los partidos; desgraciadamente, a estos no pocas veces el mundo rural les suena a coto de caza, picnic, turismo rural y a granjas de cerdos. Es importante que se comprometan públicamente, tanto si gobiernan como si están en la oposición, a poner en funcionamiento la Ley 45/2007, esa misma que los dos partidos gobernantes han ninguneado o hibernado hasta ahora después de su meritorio parto. Además, si realmente esos políticos asumen -como proclaman ahora en campaña- que el problema rural es una cuestión de Estado, exigimos a la Administración central y a las comunidades que una parte de nuestros impuestos se destine de forma finalista a financiar esta Ley.

En definitiva, lo que estamos planteando -y está en el espíritu de la citada ley- es promover la dignidad e igualdad de oportunidades para las gentes del mundo rural. El tiempo apremia porque va a ser difícil revertir la tendencia, porque las necesidades son inmediatas, numerosas y urgentes. Estamos convencidos de que una solución para la despoblación incentivará la natalidad, los dos problemas más graves que tiene la sociedad española. Es necesario restaurar metro a metro el desmantelamiento que desde el franquismo desarrollista se hizo de la España rural interior y al que ha contribuido, sin inmutarse, nuestra todavía joven democracia. Tenemos el instrumento adecuado, solo falta actualizarlo y aplicarlo con los medios necesarios.

Ángel Muñoz Bello es geógrafo y presidente de la Asociación de Amigos de la Celtiberia