Los procedimientos judiciales de lanzamiento (desalojo) de viviendas de alquiler en Aragón aumentaron a lo largo de 2018 en un 1,9% respecto al año anterior, al pasar de 1.070 a un total de 1.090, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referida a los efectos de la crisis.

Los datos aportados en relación a la Comunidad aragonesa destacan, sin embargo, que los desalojos por ejecuciones hipotecarias (impago de créditos) pasaron de 659 a 436, con un descenso significativo del 33,8 %.

En total, los juzgados aragoneses recibieron el año pasado 525 acciones por ejecución hipotecaria (un 13,4 % menos) y 1.544 peticiones de desalojo (-8,2 %), y practicaron 1.565 lanzamientos (-12,5 %).

Además, en los órganos judiciales de la Comunidad de Aragón ingresaron 5.905 demandas para la devolución de las cláusulas suelo, se resolvieron 3.236 y quedaron en trámite de resolución otras 7.485.

La estadística del CGPJ constata, por otra parte, un incremento de los procedimientos concursales en Aragón, que pasaron de 135 a 161 en 2018 (+19,3 %) y de las reclamaciones de cantidad, que aumentaron de 2.553 a 2.982 (+16,8 %). Por contra, las demandas por despido descendieron de 2.294 a 2.073, un 9,6 % menos que en 2017.

Los desahucios de inquilinos suben a máximos de hace 4 años en España

Los desahucios practicados por el impago del alquiler en España aumentaron en 2018 un 4,5% hasta los 37.285 casos, su cota más alta en los últimos cuatro años, con lo que se queda a las puertas del máximo de la serie histórica registrado en 2013 (38.141), según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Un avance consolidado entre octubre y diciembre pasados, cuando estos procedimientos sumaron su sexto trimestre consecutivo al alza (un 3,9 % más), que ha limitado la tendencia bajista del total de desahucios en España, que se redujo un 1,8 % hasta los 59.671.

En su informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales publicado este viernes, el CGPJ advierte además del fuerte incremento del número de concursos de acreedores presentados en 2018 (9.115), un 20 % superior, y la cifra más alta desde 2013.

Repuntan también las demandas por despido presentadas en los juzgados de los Social, las cuales ascendieron un 2,4 % hasta las 107.294, con lo que se mantienen en máximos desde 2014.

Con todo, la estadística elaborada por el órgano de los jueces pone de relieve que el número de desahucios practicados el último año supone el nuevo mínimo de la serie frente al techo de 2014, cuando se alcanzaron los 68.091.

Desde entonces se han mantenido a la baja (67.359 en 2015, 63.037 en 2016 y 60.754 en 2017), aunque el ritmo del descenso interanual se ha desacelerado.

Las cifras revelan, además, que los lanzamientos solicitados en este periodo se situaron en 72.023, un 3,3 % superior.

Sin embargo, las peticiones a los servicios comunes de notificaciones y embargos, que hacen referencia a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas habituales, no suponen que el desahucio ya haya sido ejecutado.

Las CC. AA. donde se producen más desalojos

Por comunidades autónomas, Cataluña, con 13.941 (el 23,36 % del total nacional) registró el mayor volumen anual, seguida por Andalucía (9.795), Comunidad Valenciana (8.083) y Madrid (6.435).

En virtud de su variación respecto a 2017, Galicia mostró una reducción del 31,4 %, circunstancia que en los trimestres anteriores el CGPJ atribuyó a la huelga de funcionarios.

Atendiendo únicamente a los lanzamientos consecuencia de la LAU, esto es vinculados al alquiler, la clasificación vuelve a estar encabezada por Cataluña, con 8.877; tras ella se sitúan Madrid, con 5.157, y Andalucía, con 5.093.

En cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias, los tres primeros lugares los ocupan Andalucía (4.082), Cataluña (3.778) y Comunidad Valenciana (3.344).

El informe destaca igualmente que las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito cayeron en 2018 un 8,9 % hasta las 27.404, siendo ésta la cifra más baja desde hace diez años.

A pesar de ello, hasta en siete comunidades autónomas concluyeron con subidas, destacando Galicia (28,7 %) y Cataluña (24,5 %), que en términos absolutos fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones en 2018 (5.771).

A diferencia de años anteriores, el CGPJ incluye los juicios por ocupación ilegal de viviendas cuando éstas pertenecen a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En esta categoría, entre octubre y diciembre pasados ingresaron 1.047 demandas, de las cuales se han resuelto 482.

Cataluña, con 306 (el 29,2 % del total nacional) encabeza el total de procedimientos, seguida de Andalucía (185), Comunidad Valenciana (119) y Madrid (108).

En materia de insolvencia, los concursos declarados en 2018 cayeron un 1,3% hasta los 3.370, principalmente en suelo catalán, en tanto que en tema laboral aumentaron tanto las reclamaciones de cantidad (124.206, un 1,5 % más) como los expedientes de regulación de empleo o ERE (482, un 2,1 %). 

En total, los juzgados aragoneses recibieron el año pasado 525 acciones por ejecución hipotecaria (un 13,4 % menos) y 1.544 peticiones de desalojo (-8,2 %), y practicaron 1.565 lanzamientos (-12,5 %).

Los datos aportados en relación a la Comunidad aragonesa destacan, sin embargo, que los desalojos por ejecuciones hipotecarias (impago de créditos) pasaron de 659 a 436, con un descenso significativo del 33,8 %.