Las instituciones garantizarán un techo a los desahuciados que cobren menos de 14.910 € al año

Los "poderes públicos de Aragón" tendrán la obligación de garantizar un techo a las personas que pierdan su vivienda habitual, ya sea por una ejecución hipotecaria o por un proceso de desahucio, cuyos ingresos no superen los 14.910 euros. Este es el umbral económico en el que la DGA ha fijado al fin la situación de vulnerabilidad, un concepto recogido en su proyecto de ley de emergencia social y que era necesario cuantificar para garantizar el "derecho a la vivienda digna".

Su propuesta ya está siendo estudiada por parte de la ponencia de las Cortes de Aragón que está negociando las enmiendas a esta norma. Si no hay cambios, la pretensión es elevar un dictamen a principios de octubre, de modo que la ley se aprobará en otoño.

El Ejecutivo regional ha remitido a los grupos parlamentarios una propuesta que define los supuestos específicos que definen la situación de vulnerabilidad, que está recogida en el capítulo de la ley referido a las medidas relativas a la vivienda. De modo genérico, se catalogan a las familias cuyos ingresos oscilen entre 1 y 2 veces el Iprem anual (14 pagas), el indicador de referencia para la concesión de ayudas. Es decir, entre 7.455 y 14.910 euros al mes.

Además, se amplían los ingresos máximos para aquellas personas que reúnan una serie de circunstancias específicas, de modo que tendrán la "garantía del derecho a la vivienda digna" si perciben hasta 18.637 euros al año, 2,5 veces el Iprem. Para ello, la propuesta del Ejecutivo autonómico, sujeta a cambios y mejoras en la ponencia, plantea que los beneficiarios deberán acreditar que son familia numerosa o un miembro con un menor a su cargo, sufren violencia de género o son "familia víctima de terrorismo", están ya afectados por procesos de ejecución hipotecaria o de desahucio por el impago del alquiler.

Entre los supuestos también se han incluido a las personas mayores de 60 años con hipoteca, a los afectados por situaciones catastróficas o de emergencia y a las unidades de convivencia en la que alguno de sus miembros tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, dependientes o enfermos incapacitados para trabajar "de forma acreditada". También engloba a familias con un deudor hipotecario en el pago y haya agotado su prestación.

La propuesta también amplía, de forma genérica, la calificación de familias vulnerables a las que se encuentren en "riesgo de exclusión" y alguno de sus miembros sean víctima de violencia y de terrorismo. Además, abre la puerta a reconocer como tales a las que reúnan "especiales circunstancias socioeconómicas" o estén en "emergencia social", siempre y cuando lo consideren los servicios sociales.

El proyecto de ley de emergencia social también establece la categoría de personas o familias en situación de especial vulnerabilidad, que también tendrán derecho a que se suspenda los lanzamientos judiciales o extrajudiciales por impago de la hipoteca. De este modo, podrán seguir en su hogar hasta que se les ofrezca otro techo.

Según el proyecto de ley, la situación de especial vulnerabilidad debía regularse en una orden, aunque la propuesta remitida a las Cortes ya lo establece: las familias que padezcan una situación económica severa, "agravada" por tener miembros con discapacidad, dependencia, enfermedad y en el paro. También se amplía a las que estén en riesgo de desestructuración. En todo caso, serán especialmente vulnerables las familias que ingresen menos de 7.455 euros al año o 11.182 si cumplen algunas de las circunstancias citadas para la vulnerabilidad.

Los diputados se han dado dos semanas para analizar la propuesta y hacer sus aportaciones. De entrada, tanto la popular Dolores Serrat como la aragonesista Elena Allué plantearon ayer la necesidad de cuantificar el impacto que supondrá su aplicación para saber si habrá partida suficiente. A su juicio, se debería concretar en la memoria económica que debe acompañar a la ley antes de su aprobación. "Genera derechos y expectativas y el problema es si se podrá sostener", añadió Serrat.

Por su parte, Allué consideró que la DGA tendrá que dotar la partida necesaria en las cuentas del próximo año, ya que se trata de cubrir "necesidades básicas de los viven en Aragón".