El fraude en la fianza del alquiler y no ocupar las VPO acaparan el 98% de las multas de Vivienda

No depositar las fianzas de los pisos de alquiler por parte de sus propietarios y no usar una Vivienda de Protección Oficial (VPO) como hogar habitual son los dos fraudes más comunes que acaparan el 98% de los expedientes sancionadores que abre la DGA dentro de su plan de inspección. De los 688 controles que se han llevado a cabo desde abril de 2018 hasta finales del pasado enero, en 546 se han detectado prácticas irregulares motivo de multas, lo que supone un 79,36%, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo autonómico.

La práctica más penalizada con diferencia se produce cuando los dueños de un inmueble de alquiler no depositan un mes de fianza, como es obligatorio, o lo hacen fuera de plazo. De hecho, de las 601 inspecciones que hizo la DGA por este motivo, en 522 (un 86,86%) se descubrieron incumplimientos. Ingresar este depósito fuera de plazo, una práctica muy habitual, al infractor le puede costar 55 euros. En caso de que las exigencias de pago se reiteren sin éxito o nunca se haya depositado este aval económico, la multa puede elevarse a 3.000 euros.

"Esta fianza, al igual que el plan en sí mismo, no tiene un afán recaudatorio. Es un seguro para las dos partes del arrendamiento. Por un lado tiene como objeto garantizar los desperfectos o cantidades adeudadas. Por otro, el dueño se la devuelve al inquilino cuando termina el contrato si no hay daños", explica la directora general de Vivienda, Mayte Andreu.

Estos procedimientos de inspección se inician de oficio o mediante denuncias de particulares. "La mayoría de estos expedientes se llevan de oficio, el inquilino no suele ser consciente de si el arrendador ha depositado o no la fianza. Un buen número de casos los detectamos cuando, por ejemplo, piden ayudas al alquiler y la documentación que presentan los solicitantes no están debidamente sellada", aclara Andreu.

El segundo tipo de fraude más habitual se da cuando las VPO no se utilizan como hogar permanente. De las 43 revisiones que se practicaron se impusieron 15 sanciones (un 34,88%). En situaciones de este tipo, el inspector se suele fijar en indicios como el escaso consumo de suministros de agua, gas y electricidad, la recepción o no del correo y certificaciones y las declaraciones de los vecinos. Se considera una falta grave cuya sanción media se sitúa en una media de entre 1.000 y 1.500 euros.

"Es una vía muy importante para conseguir que estas viviendas de protección cumplan el fin para el que se promovieron, que sean ocupadas por un determinado perfil de personas", valora la directora general de Vivienda. El destino de un piso protegido a uso turístico, una práctica que ya existe en otras comunidades, no ha sido motivo todavía de ninguna denuncia en Aragón.

Ejecuciones hipotecarias

El resto de líneas de actuación de las inspecciones de vivienda tienen una incidencia muy inferior en el número de sanciones. También se comprueba si las entidades bancarias han cumplido con la obligación de comunicar los inmuebles que quedan afectados por un procedimiento de ejecución hipotecaria. En este caso, se practicaron 16 revisiones y se encontraron tres incumplimientos (un 18,75%). Otro aspecto que se comprueba es que los constructores no adjudiquen sus promociones en zonas en las que existen solicitantes de VPO a personas con un nivel de renta más elevado del máximo permitido. Una casuística en la que en los últimos meses no se ha detectado ninguna irregularidad.