Casi cinco años después de destaparse el llamado caso Plaza, considerada hasta la fecha la mayor causa de corrupción urbanística en Aragón, el juicio quedó este lunes visto para sentencia. Como se esperaba, acusaciones y defensas hicieron gala de sus mejores dotes oratorias para convencer al tribunal de sus respectivas posturas.

La Fiscalía Anticorrupción, que en el mes de noviembre llegó a ventajosos acuerdos con 22 acusados, utilizó precisamente el reconocimiento que hicieron de los delitos que les atribuía para dirigirlo contra los únicos tres que no se conformaron: el exvicenconsejero de Obras Públicas Carlos Esco y los empresarios Miguel Ángel Floría y Agapito Iglesias. Para estos continuó pidiendo condenas de 4 años y 9 meses de prisión; 3 años y 3 meses; y un año y 10 meses de cárcel, respectivamente, así como penas de inhabilitación y elevadas multas, especialmente la de 755.000 euros que reclama a Iglesias.

El fiscal José Grinda comenzó su alegato planteando lo que, en su opinión, fue la forma habitual de funcionar en Plaza durante las obras de urbanización, a cargo de la UTE Plaza (Acciona-MLN) y bajo la gerencia de Ricardo García Becerril. "Crearon una maraña de legalidad para disfrazar pagos que realmente eran peajes para que determinadas personas pudieran acceder como contratistas a la UTE Plaza", manifestó.

El fiscal destacó que para destapar esta forma corrupta de funcionar fueron clave las figuras del exgerente de Plaza y denunciante Jesús Andreu; del extrabajador de Acciona Chabier Mayayo (que también denunció hechos ante la Fiscalía) y del correo electrónico llamado ‘miserias’ que fue hallado en el ordenador de García Becerril. En este ‘email’ el exgerente atribuía a Carlos Esco varias irregularidades, como la "imposición" de contratos directos a su supuesto amigo (ambos niegan que tuvieran amistad) Miguel Ángel Floría.

Los dos encargos cuestionados en la causa son un vídeo promocional de Plaza por importe de 48.000 euros ("cuyo cobro se fraccionó en cinco facturas para poder ser contratado a dedo", incidieron) y el revestimiento de las fachadas de tres edificios con paneles de Alucobond, que costó 344.405 euros. Tanto Grinda, como las acusaciones ejercidas por Juan Pérez Mas, en nombre del Gobierno de Aragón, y Laura Martínez, por Plaza, mantienen que el revestimiento fue "innecesario" y el precio, el más caro. Esta última recordó la explicación dada por un perito de que se hizo un "traje a medida" de esos edificios y se optó por el Alucobond. "¿Hacía falta un abrigo de visón?", ironizó, recordando que había otros materiales más baratos. Respecto al vídeo promocional, aseguraron que "nadie lo vio" ni está en los archivos de Plaza.

En cuanto a Agapito Iglesias, lo acusan de haber pagado a Pulsar –empresa de Carolina y Elena García Plante, hijas de García Becerril– 58.000 euros por un informe "falso" de 111 páginas, 96 de las cuales fueron plagiadas de otros informes, incluidas faltas de ortografía. "Decimos que es un peaje porque no se puede hacer un informe tan mal", afirmó Grinda. Además, se hizo en junio de 2005 cuando Pulsar no se constituyó hasta diciembre de ese año y Multi Inversiones, la empresa de Agapito que lo pagó, en octubre.

A juicio de las acusaciones, otra dádiva abonada por Agapito Iglesias para trabajar en Plaza fue su decisión de no cobrar el alquiler entre octubre de 2010 y marzo de 2013 de la nave donde las hijas de García Becerril montaron su guardería.

"Esco está aquí por las calumnias de Becerril y por ser quien era en el Gobierno de Aragón"

Para los abogados de Carlos Esco, Miguel Ángel Floría y Agapito Iglesias no hay prueba alguna que demuestre que sus clientes cometieron algún delito. Es más, Juan Monclús, letrado de Esco, afirmó rotundo que si su cliente está en esta causa es "por ser quien era en el Gobierno de Aragón". Recordó que se iniciaron pleitos civiles y penales -"una auténtica cruzada judicial"- a la llegada del PP en 2011, cuando acabó el mandato de Marcelino Iglesias, procesos que han acabado archivados o en absolución.

Además de ese componente político, Monclús atribuyó la acusación a la mala relación con el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y el correo electrónico, de nombre ‘miserias’, que este envió al consejero de Plaza José Luis Marqués, en el que atribuía a Esco una intervención directa a la hora de imponer los adjudicatarios de siete obras y servicios por unos cinco millones de euros.

"Nada de eso se ha probado", dijo. "¿Y si era así ­–preguntó– por qué no está sentado aquí ningún otro miembro del consejo de administración?", preguntó.

Ese ‘email’ también salpicaba a Floría. "Si en ese correo hubiera dicho que eran traficantes de drogas o pedófilos, estarían aquí acusados por ello", criticó Jesús García Huici, en nombre de este último empresario. El abogado cuestionó que Marqués, que rebotó el escrito a Esco y sobre el que un acusado dijo que le hizo obras gratis, no hubiera sido acusado por la Fiscalía. Miguel Ángel Lanaspa, abogado de la empresa de Floría, hizo hincapié en la "nula credibilidad" tanto del "emisor" del correo como del "receptor".

Por su parte, Miguel Ángel Alemán defendió la conducta de Agapito Iglesias y resaltó que su cliente no tenía por qué saber que el informe encargado a las hijas de Becerril había sido plagiado, estudio que, por otra parte, fue solicitado porque lo consideraron necesario.. Incidió en que a su cliente no le hacía ninguna falta pagar en 2005 un supuesto peaje de 58.000 euros para trabajar en Plaza cuando llevaba desde 2002 obteniendo importantes contratos por el consejo de administración de la plataforma logística y haciendo obras millonarias. 

Todos los abogados solicitaron la absolución para sus clientes por unos delitos no cometidos que, además, estarían prescritos. Además, Jesús García Huici solicitó la condena en costas del Gobierno de Aragón y de Plaza por "temeridad procesal" y lamentó que la ley no le permitiera pedir lo mismo respecto a la actuación de la Fiscalía.

Becerril y Jordán, ambos con pactos de cárcel, piden perdón

Al término de los informes, Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, y José María Jordán, ejecutivo de Acciona, fueron los únicos acusados de los 25 del banquillo que ejercitaron su derecho a la última palabra para pedir perdón. Los dos imputados reconocieron la corrupción en la urbanización de la plataforma logística y pactaron penas de dos años y un día con la Fiscalía, lo que les obligará a entrar en prisión.

"Me ratifico en los hechos por mí reconocidos", dijo Becerril, "estoy arrepentido de lo que han supuesto", añadió. Anticorrupción siempre ha considerado a Becerril el cerebro de la trama y por ello pedía una condena de 23 años de cárcel, aunque el reconocimiento de los hechos se la rebajó más de dos décadas.

José María Jordán, otra pieza clave del entramado, se disculpó "con la sociedad" y mostró "arrepentimiento por lo sucedido". Su pacto con la Fiscalía le ha restado ocho años de condena, sobre todo gracias a que Acciona, para la que sigue trabajando, comprometió un pago de más de 50 millones.