La DGA tramitó sin control parlamentario tres modificaciones millonarias para pagar nóminas

Hacienda cambió el destino de 5,6 millones a finales de diciembre para salarios de la Universidad y de la escuela concertada.

Fernando Gimeno, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, en una comparecencia.
Fernando Gimeno, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, en una comparecencia.
G. Mestre

El Gobierno de Aragón se saltó a finales del año pasado el control parlamentario en la tramitación de tres modificaciones presupuestarias por un importe de 5,6 millones euros que iban destinadas al pago de nóminas. Con la excusa de que no había reuniones de la comisión de Hacienda de las Cortes para autorizar los cambios y urgía una decisión, el consejero Fernando Gimeno dio el visto bueno de forma unilateral y ahora ha informado a la Cámara.

Dos de los expedientes, por un importe de 4,14 millones, fueron destinados a cubrir el incremento retributivo del personal de la Universidad de Zaragoza y la devolución de la paga extra pendiente de 2012. El dinero de la subida salarial, 2,7 millones, se detrajo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y de las partidas para el fomento a la investigación, la modernización de explotaciones agrícolas, las ayudas a la forestación y el desarrollo sostenible. Y los 1,4 millones de la extra salieron de los fondos para inmovilizado inmaterial de la Dirección General de Administración Electrónica y de los reservados para infraestructuras y equipamientos universitarios.

La otra modificación se tramitó con la misma argumentación de la "urgente e inaplazable necesidad de autorización" con el fin de poder pagar 1,47 millones de la Seguridad Social del profesorado de la escuela concertada, para la que no había dinero suficiente en Educación. En concreto, hacía falta cubrir el importe del mes de octubre del profesorado de Teruel, parte del de Huesca y del de Secundaria de Zaragoza.

En este caso, el dinero salió de distintas partidas destinadas a salarios de Intervención General, Tributos, Contratación y Economía y Hacienda.

La obligación del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, era remitir con antelación los expedientes para lograr la preceptiva autorización de las Cortes, que sí la dio a lo largo del año pasado para cambiar el destino de algo más de 136 millones. Fuentes del Departamento apuntaron este lunes que en los próximos días se remitirá algún expediente de modificación más que no ha pasado el control de las Cortes, aunque no llegaron a detallar el importe. Esta práctica ya provocó el año pasado duras críticas de los partidos de la oposición, pero no han servido de nada.

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