La última jornada de interrogatorios del juicio de Plaza –que se retomará el próximo 30 de enero, cuando empezarán a informar las partes– volvió a poner el jueves el foco sobre Sanedi, empresa madrileña a la que la plataforma logística compró 61 hectáreas de terreno por 4,5 millones de euros en una operación que la Policía llegó a calificar de "pelotazo". Y lo hizo porque, solo dos años antes, por la totalidad de la finca donde se integraba este suelo (610 hectáreas), Sanedi pagó 9 millones a su propietario original.

El acusado y exgerente de Plaza Ricardo García Becerril atribuyó la responsabilidad de esta compraventa al también encartado Carlos Esco en su famoso correo electrónico "miserias". Por ello, la Fiscalía Anticorrupción aprovechó este jueves la declaración del abogado de Sanedi, Jorge Manrique, que cerró la operación para intentar aclarar el grado de participación del entonces consejero delegado de la plataforma. "¿Tuvo usted alguna relación con Carlos Esco antes o después de esta operación?", preguntó el fiscal José Grinda al letrado Jorge Manrique. "Yo a Esco lo conozco a raíz de esto y nos habremos visto tan solo 3 o 5 veces", contestó el testigo.

Manrique repitió varias veces que el político no participó en la negociación directa del acuerdo ni en la fijación del precio. De ahí que la Fiscalía insistiera al abogado para que precisara por qué se vio entonces con Esco y de qué hablaron. No hubo una respuesta clara y el testigo terminó diciendo que no se acordaba.

Las acusaciones sospechan que Sanedi pudo ser informada de que la parcela de Acampo Bergua iba a ser recalificada de rústica a urbana para construir el apartadero ferroviario de Plaza. De ahí que Grinda intentara aclarar la relación de Esco con el entorno de la empresa que finalmente se hizo con los terrenos para vendérselos después a Plaza, en una lucrativa operación.

En cualquier caso, el letrado Jorge Manrique aseguró que el precio del terreno fue barato e indicó que se pactaron 7,32 euros por metro cuadrado, cuando en el entorno se estaban abonando hasta 9 euros. "La empresa tenía entonces cierta tensión de caja y se quería recuperar dinero. Además, estábamos ante una expropiación", apuntó el abogado.

Servidumbres y usos del suelo

Sobre esta misma operación fue preguntado Julio Tejedor, quien fuera director general de Urbanismo entre 2005 y 2007 y actual secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno aragonés. Pese a que el letrado de Sanedi dijo estar seguro de que se vio con él varias veces cuando se cerró el convenio de expropiación de la finca, Tejedor declaró que no supo de los términos de esta negociación hasta el año 2014, cuando la defensa de Esco le formuló una consulta en su condición de profesor de la Universidad de Zaragoza.

La Policía cuestionó la compra del suelo de Sanedi por su supuesta escasa utilidad, dada la proximidad de la parcela al aeropuerto y las servidumbres de Defensa. De hecho, en la actualidad, gran parte de ese terreno sigue sin urbanizar. Sin embargo, Tejedor quiso aclarar que ese suelo "sí tiene un aprovechamiento a efectos urbanísticos, puesto que está dentro de un plan". "Además –añadió–, el aprovechamiento no es unívoco y aunque no se construya se le pueden dar otros usos".