Un total de 294 empresas catalanas han trasladado su domicilio social a Aragón desde el 1 de octubre de 2017, día en que se celebró el referéndum ilegal que promovió el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) facilitados por la Cámara de Comercio de Zaragoza reflejan que 195, el 66,3% del total, han recalado en la capital. En Huesca se han instalado 78 (26,5%) y en Teruel, 21 (7,1%).

El ritmo ha ido reduciéndose mes a mes, aunque no ha cesado. Prueba de ello es que desde el 1 de octubre de este año y el 18 de diciembre, último día del que se tienen datos oficiales, se han oficializado otros 17. La mayor parte, además de cambiar su sede social, han traído a Aragón la fiscal.

El director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, José Miguel Sánchez, confirmó ayer que existe una relación directa entre el número de traslados y la conflictividad. "El 80% de los cambios de sede se produjeron en los momentos de mayor tensión. Teniendo en cuenta estos datos, es lógico pensar que puedan incrementarse si el conflicto empeora o se produce una escalada de violencia", razonó.

Escasa repercusión en Aragón

Pese a que grupos como Argal, Torrot o Punt Roma han trasladado su sede a Zaragoza, Sánchez aseguró que su implantación apenas ha tenido efectos positivos para la economía aragonesa, ya que los centros de producción se han mantenido en sus comunidades de origen.

El riesgo, en su opinión, está en que la ‘tranquilidad’ de los últimos meses pueda verse alterada y se repita una situación similar a la vivida antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Aunque tanto CEOE-Aragón como la Cámara de Comercio creen necesario "dejar un margen" antes de reactivar el 155, ambas organizaciones consideran que, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, al Ejecutivo central no le quedará más opción que tomar medidas.