El conjunto de resoluciones aprobado ayer por las Cortes de Aragón en relación con la térmica de Andorra refleja la lógica preocupación de las fuerzas políticas por el mazazo económico y demográfico que el cierre de la central puede suponer para esa comarca turolense. Pero es difícil confiar en que de esas medidas salgan y se pongan en marcha soluciones efectivas. Sin presión política sobre el Gobierno central y sobre la empresa será muy difícil.

Naturalmente -y más en periodo preelectoral- todas las fuerzas políticas aragonesas están preocupadas por las consecuencias que tendrá el cierre de la central térmica de Andorra en 2020, según ha anunciado Endesa. Y es posible, sin duda, que de la comisión especial de estudio que acordaron ayer crear las Cortes de Aragón salgan ideas interesantes y valiosas para ayudar a la reindustrialización de la comarca. Pero también está claro que hubiera sido mucho más eficaz que los partidos se hubiesen puesto a trabajar en este asunto hace mucho tiempo, puesto que el abandono del carbón viene anunciándose desde hace años. En cualquier caso, ni las buenas ideas ni las mejores intenciones -ni menos aún los reproches mutuos entre los políticos- serán suficientes para poner en marcha soluciones reales al desastre económico y demográfico que una transición energética realizada sin comprensión para los problemas del territorio y de las poblaciones afectadas puede provocar. Atraer empresas requiere una acción de gobierno decidida, más que comparecencias parlamentarias. Y el resultado dependerá de manera fundamental de la voluntad del Gobierno central de favorecer las inversiones alternativas y la creación de infraestructuras. Mantener la presión política en esa dirección resulta esencial. Y tal vez un primer objetivo debiera ser conseguir que el cierre se retrase al menos hasta que exista un auténtico plan, operativo y dotado económicamente, para la reindustrialización.