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Ofertas de empleo público

La DGA está sacando a oposición un gran número de plazas de empleo público.

Opositores esperan para entrar a un examen a la puerta de un instituto de Teruel.
Opositores esperan para entrar a un examen a la puerta de un instituto de Teruel.
Antonio García

El elevado número de empleos públicos que el Gobierno de Aragón está sacando a oposición al final de su mandato responde, en parte, al deseo de compensar el estancamiento o merma de las plantillas durante los años de la crisis económica. Y también, a la obligación, de acuerdo con los convenios firmados, de reducir la altísima tasa de temporalidad. En cualquier caso, no se debe olvidar que las plantillas públicas han de ordenarse con racionalidad.

Las limitaciones presupuestarias que impuso la crisis económica se dejaron notar indudablemente en las plantillas de todas las Administraciones, de manera que en muchos casos ni siquiera era posible reemplazar a los funcionarios que se iban jubilando. El Gobierno PSOE-CHA parece que intenta ahora recuperar el tiempo perdido con una masiva convocatoria de oposiciones que sumarán al final de la legislatura unas once mil plazas. Se trata, además, de dar estabilidad a muchos puestos de trabajo que durante demasiado tiempo han estado desempeñados por personal contratado, cuando lo correcto sería que lo hicieran funcionarios. Hay que tener en cuenta que un 45% de los empleados de la DGA son ahora contratados, lo que supone una tasa de temporalidad a todas luces excesiva. La mayor parte de las plazas que están saliendo a oposición no supondrán por tanto un aumento real de puestos de trabajo, aunque conviene recordar que el número de empleados públicos autonómicos ya ha crecido bajo el mandato del actual Ejecutivo en casi un 8%, pasando de 51.000 a 55.000. Y tampoco conviene olvidar, cuando se trata de administrar los recursos de todos los ciudadanos y de prestar eficazmente los servicios públicos, que las plantillas deben ordenarse siempre de acuerdo con las necesidades reales de cada departamento. Además, aunque la crisis haya pasado, el Gobierno debe atenerse a los límites de gasto y déficit que establecen la racionalidad económica y las normas presupuestarias.

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