Desfacer entuertos

El Gobierno central cuestiona varios artículos de la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón, que fue aprobada por las Cortes autonómicas el pasado 28 de junio. Antes de que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo PSOE-CHA debe aprovechar la comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado para corregir los errores y evitar un previsible varapalo en el Alto Tribunal.

El presidente Javier Lambán, que ha buscado protagonismo nacional por su cerrada defensa de la unidad de España, cedió al interés de sus socios (CHA) respaldando una ley sobre asuntos acerca de los cuales no era preciso legislar, que olvida que el fundamento jurídico de la autonomía es la Constitución y que enmienda el Estatuto de autonomía. Esta polémica ley, que el PP recurrirá el próximo lunes ante el Constitucional, fue aprobada en las Cortes con el apoyo de PSOE, CHA, Podemos, PAR e IU. Ya entonces suscitó dudas en el Gobierno central, a la sazón liderado por el popular Mariano Rajoy, y también en el letrado autonómico que participó en la ponencia. Hoy, el Consejo de Ministros, ahora presido por Pedro Sánchez, podría comunicar de forma oficial el resultado del análisis de la ley autonómica que ha preparado el Consejo de Estado y que seguramente detallará dónde la norma aragonesa vulnera la Constitución y el Estatuto.

La DGA tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno central en la comisión bilateral de cooperación. Limar las discrepancias y lograr un encaje perfectamente constitucional de la nueva ley sería una buena solución para evitar que la Moncloa, previa consulta al Consejo de Estado, interponga otro recurso ante el Constitucional. Lambán tiene que negociar ahora con Sánchez, ambos del mismo signo político, para dar a este asunto una solución rápida, sensata y ajustada a los principios legales.