Podemos cifra en 50 millones sus propuestas para pactar las cuentas de la DGA de 2019

Podemos ya ha puesto precio al PSOE para dar su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2019, que deberían presentarse por ley esta semana y cuyo borrador no tiene fecha: 50 millones de euros. Este es el coste aproximado de las cinco propuestas "de mínimos" que el líder de la formación morada en Aragón, Nacho Escartín, lanzó ayer para sentarse a negociar, advirtiendo que no es la "última utopía" de la legislatura, sino cinco medidas "muy razonables, sensatas y realizables" con el fin de mejorar la calidad de vida de los aragoneses.

Escartín se quiso adelantar al debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra hoy y mañana y compareció junto a su portavoz en las Cortes, Maru Díaz, para poner sus condiciones al presidente, Javier Lambán, para que pueda acabar su mandato con estabilidad. Desde el Gobierno de Aragón no se quiso fijar una posición oficial, aunque apuntaron que sí se le dará una respuesta en el transcurso del pleno sobre política general. Su propuesta se hizo oficial justo al mismo tiempo que Pablo Iglesias hacía lo propio para pactar las cuentas estatales con el PSOE.

El líder de Podemos-Aragón incidió en que su objetivo es "exprimir" los ocho meses que quedan de legislatura con "cambios notables" en beneficio de los ciudadanos. En el paquete incluye la duplicación de las ayudas al alquiler, el abaratamiento de los comedores escolares y un cambio en el modelo sociosanitario que permita reforzar el personal de atención en centros de día y residencias y priorizar Atención Primaria, Salud Mental y los programas de prevención.

En el paquete incluyó igualmente la reforma "integral" del modelo de depuración, que pasaría por rebajar la carga fiscal que asumen los aragoneses para que no paguen más que la media de los españoles. La base del acuerdo está consensuada con los socialistas y pasa por reconvertir el impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) en otro finalista de carácter ambiental y el grueso del coste de la depuración se pague a través de una tasa progresiva, pero aún se deben concretar los números.

La formación morada plantea que la DGA asuma a fondo perdido una parte de la recaudación del ICA, unos 12 millones, y crear un fondo específico que ayude a sufragar las obras, dotado con otros 3 o 4 millones, según detalló Maru Díaz. Este acuerdo ya fue una condición de Podemos para pactar las cuentas de este año, por lo que Escartín apostilló que no tendría sentido negociar las de 2019 sin cerrar la reforma del controvertido ICA.

El resto de medidas tienen un carácter social y de servicio al ciudadano. La más económica, la duplicación de las ayudas al alquiler, con una inyección de 3,5 millones, con el fin de atender a las centenares de familias que no pueden acceder pese a que el presupuesto ya se ha doblado en lo que va de legislatura (este año se han presentado 12.000). No obstante, la convocatoria de 2018 de la DGA ya cubrirá tres años de subvención, a excepción de la línea para jóvenes, que se convocará de nuevo a principios de 2019.

La formación morada también quiere rebajar el precio del comedor escolar de 86 a 62 euros por hijo, ya que Aragón es la tercera autonomía con el menú más caro y hay 18.000 familias que pagan unos precios "por encima de la media española". Su aplicación, que supondría recuperar la subvención previa a los recortes, podría costar 4,5 millones.

Un poco más de dinero, en torno a los 5 millones, se necesitarían para garantizar bomberos "todo el año y en todo el territorio" y acabar así con la precariedad. Para ello, la portavoz de Podemos propuso la firma de convenios con las diputaciones provinciales y convocar las plazas a principios de 2019. Igualmente, exigió que los bomberos forestales estén igualmente operativos los 12 meses.

Lo más costoso sería el cambio de modelo socio-sanitario, aunque Maru Díaz señaló que se podría también cubrir, aunque fuera parcialmente, con una reestructuración de personal y fondos del Salud para priorizar la prevención y rebajar así la factura millonaria. Lo que sí requiere un desembolso extra, valorado entre 7 y 10 millones, es el aumento de la ratio de personal en centros de día y residencias.