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Aragón

Bellido alerta de las injerencias a jueces para que resuelvan por "voluntad popular"

En su discurso, ha aseverado que esas injerencias de los poderes demuestran su "profundo desconocimiento del significado del estado de derecho".

Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Manuel Bellido, presidente del TSJA
Raquel Labodia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, ha advertido este viernes de que la independencia judicial se pone en riesgo por la injerencia directa de los poderes y cuanto estos alimentan la presión social pretendiendo que los jueces resuelvan por "voluntad popular".

Así lo ha indicado en la apertura del año judicial, a la que han asistido la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Guillén, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y que ha comenzado manifestado sus condolencias a la familia del sargento de la Guardia Civil que falleció este jueves en accidente cuando se dirigía a prestar servicio al circuito de Velocidad de Alcañiz (Teruel).

En su discurso, ha aseverado que esas injerencias de los poderes demuestran su "profundo desconocimiento del significado del estado de derecho", y por tanto, ha reclamado a quienes como él ostentan responsabilidades públicas que actúen "con altura de miras, pensando en el bien común y no en los propios y coyunturales".

"La deslegitimación de las instituciones, con la consiguiente pérdida de la confianza de los ciudadanos, constituye uno de los mayores riesgos para la democracia en esta época, y puede abrir el camino a sistemas de gobierno de baja calidad democrática", ha remarcado.

Además, ha mostrado la inquietud de los jueces ante las "críticas injustificadas" a sentencias judiciales sin que se valoren los criterios jurídicos aplicados por el juez, limitándose a la "mera descalificación", incluso personal, lo que tiene como efecto desprestigiar a los tribunales, y eso "es particularmente grave -ha apuntado- cuando la realizan quienes ostentan cargos públicos".

Bellido se ha referido también a la cooperación judicial entre países de la Unión Europea, "imprescindible para luchar contra los peligros del mundo globalizado, especialmente el terrorismo y la delincuencia organizada, y para avanzar en la construcción europea".

A pesar de los avances, para Bellido hay aún importantes obstáculos para la creación de un verdadero espacio común de libertad, seguridad y justicia, como se ha visto, añade, con las dificultades opuestas por los tribunales de algunos países para hacer efectivas las órdenes europeas de detención y entrega cursadas por el Tribunal Supremo.

A su juicio, estas actuaciones "ponen en riesgo la eficacia presente y futura de la orden europea de detención". "Difícilmente podremos construir una UE que haga frente a los retos de un mundo globalizado si la confianza entre sus socios en el ámbito judicial no es firme", ha insistido.

Asimismo, ha reivindicado, ante quienes ponen en cuestión el marco constitucional desde determinados sectores y territorios, la Carta Magna como el fundamento de un estado de derecho que "ha garantizado el más largo periodo de convivencia y libertad de los españoles", y por tanto actuar con "lealtad".

A la colaboración entre fiscalías y órganos judiciales de otros países de la UE se ha referido también el Fiscal Superior de Aragón, José María Rivera, quien ha hecho hincapié en que se llevan a cabo "con la lógica normalidad entre países que se reconocen mutuamente el carácter democrático de sus leyes, de sus tribunales y de sus instituciones".

Por tanto, ha dicho, "causa estupor", jurídicamente, la interpretación que han hecho de la orden europea de detención determinados tribunales.

Rivera ha reivindicado además la independencia del Ministerio Fiscal, su actuación guiada por la imparcialidad y por la legalidad, un principio, ha dicho, que se cuestiona hoy desde algunos ámbitos políticos e incluso jurídicos, "que estiman que la ley es un obstáculo para la justicia, para el desarrollo o para la eficacia".

"La ley no es obstáculo, sino una garantía", ha enfatizado Rivera, quien ha incidido en que la ley puede cambiarse, pero solo por los órganos legislativos democráticos elegidos. "No es admisible -ha añadido- que la opinión de algunos ciudadanos se superponga a la ley aprobada por los representantes de todos".

Por otra parte, Bellido se ha referido a la situación de los tribunales en Aragón, y ha advertido de que la mayor acumulación de asuntos pendientes se encuentra en el juzgado de primera instancia de Zaragoza encargado de los litigios de las "cláusulas suelo" de los bancos, que ha sido reforzado.

No obstante, dado el importante incremento de asuntos civiles en 2017, Bellido ha insistido en que es fundamental la creación de otro juzgado de primera instancia en Zaragoza, como estaba previsto.

En todo caso, ha asegurado que el principal reto en el que están inmersos es la implantación del expediente electrónico, quizá el cambio en la administración de justicia más importante "en toda su historia" y que conlleva una adaptación para la que ha pedido flexibilidad a todos los implicados para resolver los problemas que se vayan planteando y "asumir la ralentización en el funcionamiento de los órganos judiciales que seguramente se producirá durante las primeras semanas o meses".

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