En el centenario de Ordesa
El valle de Ordesa, con una superficie de apenas 2.100 hectáreas, se declaró parque nacional por Real Decreto de 16 de agosto de 1918. La fascinación ejercida por el abrupto paisaje pirenaico -roca, pino, agua- había atraído a excursionistas y naturalistas extranjeros, franceses sobre todo. A la cabeza, Lucien Briet, el caminante incansable y fotógrafo atento que ya en 1915 postulaba la protección del valle surcado por el río Arazas, antes de desembocar en el Ara bajo el puente de Los Navarros. Tras la regulación legal de la figura de los parques nacionales en 1916, el objetivo se consiguió, figurando durante muchos años Ordesa, junto con la montaña de Covadonga, como únicos espacios de esa categoría protegidos en el territorio español.
Una vez declarado, el Parque Nacional de Ordesa fue objeto de algunas medidas organizativas. Las funciones directivas se reservaron al comisario general de Parques Nacionales, cargo que durante muchos años, incluso en la Segunda República, desempeñó el marqués de Villaviciosa de Asturias, en cuya ausencia actuaba el ingeniero jefe del Distrito Forestal de Huesca. Una junta local de composición representativa, siguiendo el modelo de la Junta Central, auxiliaba en las tareas de gestión, pretendiéndose así la eficacia y la garantía participativa en las correspondientes decisiones.
El reglamento del parque se aprobó por Real Orden de Fomento de 26 de septiembre de 1918, en la misma fecha que el de Covadonga, con contenido muy similar. En ese texto, que era de aplicación uniforme en todo el espacio considerado, se permitía el disfrute de los árboles y del monte bajo, pero únicamente "en la forma tradicional"; se establecían medidas restrictivas del pastoreo y las actividades conexas, como la construcción de corrales, chozas y cabañas; la caza estaba prohibida por completo, autorizándose la pesca únicamente "con anzuelo y sin ánimo de lucrarse"; y se excluían las explotaciones hidráulicas y mineras de todo tipo. Con estas limitaciones estaban atendidas las principales amenazas del valle de Ordesa, que se cifraban en la paulatina deforestación especialmente para leñas, pastos y autoconstrucción, la caza del bucardo, la pesca de la trucha y los saltos de agua.
La inauguración oficial hubo de esperar al 14 de agosto de 1920, con presencia de autoridades locales y de la Junta Central de Parques Nacionales, incluido el comisario general. Extrañamente no fue este último quien presidió el acto, sino uno de los vocales de la junta, el ingeniero de Montes Andrés Armenteras, que traía la representación del ministro de Fomento. Quizás se habían empezado ya a manifestar algunas tensiones.
Así, poco antes de la constitución del parque nacional, el mismo Ministerio de Fomento, por Real Orden de 16 de marzo de 1918, había permitido el aprovechamiento industrial de un salto de agua en el valle de Ordesa. Entre una de las más celebradas salidas del marqués-comisario, en la carta dirigida con este motivo al ministro de Fomento el 7 de junio de 1921, decía muy gráficamente: "Un santo Cristo con un par de pistolas, señor ministro de Fomento, hace mejor maridaje ciertamente que un parque nacional con un salto de agua aprovechado".
En todo caso, el espacio protegido se ha mantenido desde entonces, sumándose figuras protectoras del entorno: la reserva nacional de caza de Viñamala y de Los Circos en 1966, y la reserva de la biosfera de Ordesa-Viñamala en 1977. En 1982 vería confirmada su categoría y ampliado su ámbito al reclasificarse como Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, con más de 15.000 ha, afectando a los términos municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla y Broto. También en esa ocasión otro proyecto de salto hidráulico incidía sobre el territorio, aunque la movilización ciudadana logró pararlo. El parque suma reconocimientos, pues en 1988 fue declarado zona de especial protección de aves y en 1997 se incluyó en la lista del Patrimonio Mundial Natural de la Unesco. En 2006, la Administración aragonesa asumió efectivamente su gestión, que se conserva en la actualidad como un valor indiscutible de nuestro patrimonio natural.
Fernando López Ramón es catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza
