Más de 140 municipios delegan ya parte de su competencia urbanística en la DGA

Los Ayuntamientos zaragozanos de Montón y Paniza, en las comarcas de Comunidad de Calatayud y Campo de Cariñena, fueron los primeros en delegar en la DGA sus competencias en materia de disciplina urbanística para casos graves y muy graves. Desde verano del año pasado hasta la fecha otros 140 municipios aragoneses han seguido sus pasos y han adoptado en pleno esta medida que, después, ha tenido que ser aceptada por el Consejo de Gobierno de Aragón.

De las 142 localidades que han apostado por esta posibilidad, 69 pertenecen a la provincia de Zaragoza, 55 a Huesca y 18 a Teruel. En breve se podrían añadir otros seis que ya han iniciado el trámite correspondiente. Es una competencia que los municipios de menos de 5.000 habitantes pueden delegar, por acuerdo en las asambleas vecinales o plenos municipales, en la Administración de la Comunidad Autónoma y que, desde ese momento, se gestionará desde la Dirección General de Urbanismo del Gobierno autonómico. Y no se trata únicamente de municipios de menor entidad, ya que se han adherido localidades tan significativas como Daroca, Cariñena, Pina, Fuentes de Ebro, Villanueva de Gállego, Mallén, San Mateo, Benasque, Almudévar o Albarracín.

Es la primera vez que se pone en marcha esta herramienta. Con la legislación anterior a 2013, el Gobierno de Aragón podía intervenir siempre y cuando el ayuntamiento no cumpliera con su obligación. La ley urbanística de 2013 eliminó esa opción, salvo para casos excepcionales. Desde Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se tramitó, en 2016, esta modificación. En un año se ha logrado movilizar a un importante número de municipios, lo que demuestra la necesidad que existía entre los ayuntamientos, sobre todo los de menor población.

Carmelo Bosque, director general de Urbanismo del Gobierno de Aragón, explicó que "se trata de una manera de ayudar a los municipios para que se cumpla la legislación en materia de urbanismo, ya que en muchas ocasiones carecen de medios para hacerlo". Una de las novedades que aporta esta delegación es que permite a los ayuntamientos que se cumplan las normas "para garantizar el crecimiento urbanístico ordenado y evitar conflictos".

Bosque hizo un balance muy positivo de esta forma de trabajo: "Entre otras acciones se está consiguiendo paralizar actuaciones que se inician sin licencia". Se pone así en marcha todo el proceso para que se legalicen, con todo lo que esto supone para el ayuntamiento. Las actuaciones que hasta ahora han generado expedientes se refieren sobre todo a construcciones (viviendas, agrícolas, naves, pabellones...) en suelo no urbanizable sin contar con licencia o no ajustadas a la otorgada. En algunos casos, además, se ha edificado en zonas con alto riesgo de inundación.

Se han abierto expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística en municipios de las comarcas de Sierra de Albarracín, Campo de Cariñena, Somontano de Barbastro o Bajo Martín, entre otras, que han permitido la regularización de edificaciones previa redacción de los proyectos técnicos y de la solicitud de licencia municipal. "El cumplimiento de la legalidad vigente, probablemente, no se hubiera conseguido sin la intervención de la Comunidad Autónoma en materia de disciplina urbanística".

Por otro lado, se ha actuado sobre supuestos irregulares que no eran susceptibles de legalización, concluyendo con el acuerdo de demolición e imposición de sanción, en localidades de Albarracín, Bajo Cinca o entorno de Zaragoza, entre otros. En estos supuestos se ordenó el derribo de edificaciones de carácter residencial construidas sobre suelo rústico o en zonas limítrofes con cauces públicos donde existe un riesgo hidrológico. Algunos de estos municipios ya han recaudado las multas impuestas al haberse satisfecho de forma voluntaria, acogiéndose a las reducciones previstas legalmente.

Goteo de aprobaciones

Desde que la Ley 2/2016, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, recogió esta nueva disposición adicional cada vez son más los municipios interesados en delegar esta parte de sus competencias urbanísticas. Tras el acuerdo plenario de los ayuntamientos interesados, se remite al Boletín para su publicación y el Gobierno de Aragón acuerda aceptar la delegación de competencias en materia de inspección y disciplina urbanística.

El Gobierno de Aragón asume de esta manera las potestades de inspección, sancionadoras y de protección de la legalidad urbanística en cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Los importes económicos derivados de la imposición de sanciones urbanísticas se imputarán a favor de los ayuntamientos. Los gastos económicos que pudieran generarse por hacer efectivas las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística acordadas por parte de la Administración autonómica serán de cuenta de los municipios que han delegado esta competencia. Para ello se adoptarán los mecanismos de colaboración y cooperación administrativos necesarios.